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Regalo de navidad: Terminar el acuerdo de CICIG

#Kidon

El martes, se comunicó a la población guatemalteca la decisión del gobierno de la República de no renovar las visas a once extranjeros que laboran en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y sus familias, así como el plazo perentorio de 72 horas para abandonar el país, bajo el apercibimiento de hacerlo por la fuerza pública.

La decisión soberana del Presidente de la República se fundamentó en las graves violaciones a los derechos humanos de cientos de connacionales, en los continuos ataques a la institucionalidad del país, así como en la negativa del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres por llegar a una solución amistosa de resolución de problemas.

El apoyo al Presidente de la República y a su gestión internacional fue de gran magnitud, pues, cámaras empresariales, organizaciones cívicas, personas individuales, incluso senadores y congresistas estadounidenses se manifestaron complacidos con la decisión soberana de retirar las visas y ordenar la expulsión de los extranjeros, un acto común en cualquier parte del mundo si no se ajustan a la ley.

No se hicieron esperar, los amparos del nefasto Procurador de los Derechos Humanos, de una que otra organización de dudosa reputación y de un abogado seriamente cuestionado por sus nexos con el crimen organizado, quienes a toda costa tienen fincadas sus expectativas en que los tres corruptos que integran la Corte de Constitucionalidad, es decir Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, Boanerge Mejía Orellana y Francisco de Mata Vela, quebranten el Estado de Derecho y otorguen la protección interina solicitada, revocando la orden presidencial.

Dudo mucho que a estas alturas del partido, estos tres mafiosos avalen una ilegalidad manifiesta, primero, porque la Corte de Constitucionalidad carece de competencia para juzgar asuntos de derecho público internacional, donde no pueden obligar a todas las partes en conflicto CICIG-ONU. Segundo, porque el acto de no renovar las visas y expulsar a los extranjeros indeseables está dentro de las atribuciones constitucionales del Presidente de la República y de la valiosa Canciller. Tercero, porque los interponentes carecen de legitimidad activa para ello – el amparo no es de acción popular-. Y, cuarto, porque una resolución dictada en prevaricato flagrante carece de toda fuerza coercitiva para poderse ejecutar y obedecerla, y faculta al Procurador General de la Nación, para impugnarla e iniciar proceso penal en contra de los magistrados que la suscriban a efecto de encarcelarlos.

Ahora tocará que el gobierno de la República termine de una vez por todas y de forma inmediata el acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, procediendo a expulsar al resto de extranjeros que laboran en la CICIG, iniciando por el terrorista desmovilizado del grupo guerrillero M-19, Rubén Darío Pinilla Cogollo, así como revocar la residencia del investigador italiano Vicenzo Caruso, para con posterioridad procesar y encarcelar a todos aquellos funcionarios públicos guatemaltecos que doblegaron las corvas ante un extranjero marrullero y corrupto.

La inacción gubernamental o el retardo en continuar la defensa de la institucionalidad y la soberanía del país, acrecentará una crisis social de gran magnitud, que podrá ser aprovechada incluso por el non grato para retornar al país a victimizarse.

Por eso, ánimo señor Presidente, Usted cuenta con el aval de la mayoría de la población que desea pasar esta navidad en paz, en armonía familiar, con la tranquilidad y confianza que su gobierno está al servicio de los guatemaltecos. Denos la tranquilidad de degustar el tamal y el ponche festejando el natalicio del hijo de Dios, así como la victoria de la República sobre una fuerza ilegal de ocupación.

Feliz navidad y que Dios bendiga a Guatemala. Viva Guatemala libre, independiente y soberana.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Raúl Falla

Abogado y notario

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