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El grupo de Lima formalizó su condena al gobierno de Venezuela.  A dicha condena se sumaron las expresiones de otros países con lo cual parece que muy posiblemente la Organización de Estados Americanos decida invocar la carta interamericana de Derechos Humanos.  La sanción será simbólica. Sucede que en realidad hacer colapsar la economía venezolana, transformando al país en un Estado paria por vía de las sanciones no tiene mucho sentido en razón que la economía venezolana ya está colapsada.  ´Traerse abajo al gobierno de Nicolás Maduro es mucho más difícil porque las sanciones no pueden evitar los flujos de capital que el régimen pueda obtener.  Caso de esto lo ejemplifica las últimas reuniones Venezuela-Rusia.  Así que la situación venezolana irá para largo.

Lo que sí ha sorprendido es la postura tomada por el gobierno mexicano al no sumarse a la declaratoria de condena emitida por el grupo de Lima.  Para los observadores que no conocen el historial de la política exterior mexicana, lo que inmediatamente aflora ante los ojos es la expresión de un gobierno mexicano de izquierdas simpatizante del socialismo bolivariano.  La anterior suposición es totalmente errónea y por varias razones.  Primero, porque si bien la administración del presidente López-Obrador se identifica como de izquierda, es una izquierda muy particular.  No declinó conformar un consejo empresarial en funciones de consejería directa al presidente: Es decir, su relación con los empresarios no es la misma relación que establecen los gobiernos simpatizantes del socialismo bolivariano Segundo, habría que mencionar el proyecto de zona de libre comercio que la administración López-Obrador acaba de implementar en los estados fronterizos con la Unión Americana.  Ha relajado regulaciones, ha provisto facilidades de inversión y homologados precios de la luz y el combustible.  ´Apalancar´ la economía de los estados fronterizos aún más con la economía estadounidense no parecería una receta sacada del manual chavista.  Ni siquiera el gobierno vecino de Guatemala que se presenta como derechista (al menos en términos conservadores de moral) ha tomado una decisión tan en consecuencia con la economía liberal ortodoxa.  AMLO entonces, no es una izquierda típica.

Ahora bien, ¿Cómo se entiende que México se haya abstenido de condenar a Venezuela?  Aquí es donde los observadores poco detallistas fallan debido a no considerar la tradición de política exterior mexicana.  Es cierto que en los últimos treinta años México simplemente amarró su política exterior a las decisiones tomadas por EE. UU. y esto se explica debido al cambio de modelo económico.   Pero antes de 1989, México había guiado su política exterior con base a dos principios de carácter constitucional:  1) Principio de respeto a los hechos soberanos de los Estados, 2) Principio de no intervención.   Es decir, México no opina ni se entromete en las decisiones llevadas a cabo por los demás Estados soberanos.

¿Es preocupante este retorno a la denominada doctrina Estrada?  Depende cómo se lea.

Habrá quienes argumenten que en materia de Derechos Humanos es inevitable pronunciarse y condenar los abusos. Lo Derechos Humanos son fundamentales.  ¿Pero tiene México alguna calidad moral para pronunciarse conjuntamente con la comunidad internacional sobre esta materia? Esto es lo que AMLO argumenta. México no tiene ninguna solidez moral para juzgar a otros Estados.  No hay que olvidar que el gobierno del ex presidente Enrique Peña (que si condenó a Venezuela) rechazó la conformación de una comisión de la verdad (avalada por Naciones Unidas) para investigar la masacre de Ayotzinapa.  No hay que olvidar que el gobierno de Enrique Peña le hizo la vida imposible a los investigadores extranjeros independientes que trabajaron en este caso.  Y no hay que olvidar que también rechazó el informe final de los mismos.  Resulta además interesante que en esta conjunta declaración se sume el gobierno de Guatemala, que en términos de manejo de política interna le ha dejado muy claro a la comunidad internacional que no se entrometa en asuntos soberanos del Estado de Guatemala.  Además del hecho de entorpecer las funciones de CICIG.

Entonces, ¿Hay congruencia o no en el planteamiento de AMLO?