Kidon

El sábado por la tarde, se difundió la noticia sobre la intención del colombiano Yilen Osorio Zuluaga, de ingresar al territorio nacional a través del aeropuerto internacional La Aurora. De inmediato, el sistema de seguridad alertó sobre la presencia de este extranjero indeseable, a quien el gobierno de la República le revocó la visa de trabajo y ordenó su inmediata expulsión del país.

El motivo que fundamentó tal decisión fue que el investigador Osorio Zuluaga, es sindicado de graves violaciones a los derechos humanos de cientos de guatemaltecos ilegalmente retenidos, en especial, del señor Giovani Marroquín Navas, a quien no sólo torturó física y psicológicamente, sino que también a su familia y en especial a su hijo Osmar, un joven que padece autismo, y quien debido a la actuación brutal de Osorio Zuluaga, sufrió graves deterioros en su salud. Esto, lo fundamento con base al dictamen que emitió la Comisión Nacional Contra la Tortura, acción que por cierto ya está siendo investigada en instancias internacionales.

Por ello, no extraña que este sádico criminal, sabiendo que no tiene autorización para ingresar al país, pretenda colarse de forma prepotente e ilegal. Estoy seguro, que este abuso fue perfectamente planificado por el non grato, con el único propósito de medir la fuerza gubernamental para contemplar su próximo regreso pomposo, así como el de los otros diez extranjeros a quienes se les impidió poner un pié en Guatemala.

Por ello, el gobierno de la República tiene la obligación de mantener la posición e impedir el ingreso de esta persona al país. Desde ningún punto de vista, deberá tolerar o permitir imposiciones ilegales de la Corte de Constitucionalidad, la cual carece de jurisdicción y competencia para conocer asuntos de derecho internacional público, mucho menos de la Fiscal General, cuya obligación constitucional es la investigación de hechos delictivos y no la de capturar empleados públicos por hacer su trabajo, ni disponer personal de seguridad de esa entidad para enfrentar a las fuerzas de seguridad del Estado.

Lo que deberá hacer el Presidente Morales, es coordinar a la brevedad posible el regreso del colombiano a su país, ya sea en un vuelo comercial o en un transporte aéreo militar, para evitar la crisis social que los grupúsculos de resentidos apátridas pretenden crear, para desgastar la imagen pública del país.

Al mismo tiempo, deberá acudir a la instancia internacional competente a denunciar el incumplimiento del acuerdo de CICIG, por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, así como por las graves violaciones a los Derechos Humanos de los connacionales, y los continuos ataques en contra de la institucionalidad del país, a efecto de terminar de una vez por todas con esta intromisión.

El tiempo pasa y cada minuto de inacción será oportunamente aprovechado por los desestabilizadores para frenar la decisión gubernamental, lo cual sería una burla para el país. Por ello, es preciso que el Presidente de la República tenga claro que desistir, esperar o acatar una orden ilegal de cualquier tribunal, lo hará directamente responsable de violentar la seguridad nacional, así como de exponer a sus valiosos ministros de Estado y a los delegados de migración, a sendos ataques judiciales y mediáticos, amén de la grave crisis político-jurídica que se desencadenará.

Recuerde, la mayoría de los guatemaltecos apoyamos las acciones que se han implementado en cuanto al tema CICIG, defensa del orden institucional y soberanía nacional. Así que, a terminar lo que empezó señor Presidente.