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Más allá de CICIG, una reforma constitucional en materia de justicia

Evolución

Continúo con los argumentos expuestos en mi columna de la semana pasada, pero antes le cuento brevemente, amable lector, una historia de horror. La Constitución Política de la República de Guatemala que cobró vigencia a principios de 1986 estipulaba lo siguiente. El período de gobierno era de cinco años, entiéndase presidencia y legislatura. A pesar que el congreso quedó conformado por diputados por lista nacional y distritales, el ciudadano únicamente votaba por los diputados distritales; el voto que se emitía para presidente era el que se tomaba en cuenta para asignar a los diversos partidos su cuota de diputados por lista nacional. Podrá comprender que de esa forma quien ganaba la Presidencia ganaba también una cuota importante de diputados en el Congreso. A ello súmele la lógica del votante predominante en esa época de votar por el mismo partido en todas las papeletas, presidente, diputados distritales, alcalde, en lugar de votar “cruzado”. Posteriormente el Congreso de la República nombraba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como ya se explicó, bajo ese diseño el partido gobernante lograba una posición mayoritaria en el Congreso de la República, fuese absoluta o relativa, y por ende mayor influencia y poder al momento de que el congreso designara a los miembros de la corte suprema. Luego el Presidente nombraba un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República afín al Presidente nombraba otro magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y la Corte Suprema de Justicia afín al Congreso y al Presidente nombraba otro magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Los otros dos miembros eran designados en el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, que como era de esperarse, también terminaron politizando estos procesos. A los cinco años el ciclo se repetía y los ciudadanos tenían nuevamente la oportunidad de escoger en elecciones democráticas cuál sería el nuevo partido en tener el control absoluto de todas las instituciones del Estado. Con la reforma constitucional de 1994 lo que cambió fue que el período de gobierno se redujo a 4 años, creando un ligero desfase, se introdujo la el voto en papeleta independiente, pero siempre por un partido, para el listado nacional, se amplió el número de magistrados de corte suprema y se instituyó (absurdamente) que su presidencia se rote cada año. En realidad la posibilidad que tienen los políticos de turno de influir en la designación de magistrados de Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema y Corte de Apelaciones realmente quedó intacta, siendo la única diferencia el hecho que los nombramientos no se hacen con la entrada de cada nuevo gobierno.

Menciono este terrible error en cuanto al diseño constitucional para evidenciar que el problema principal en Guatemala, en materia de justicia, es que los órganos encargados de impartir justicia y defender el régimen constitucional están, a todas luces, supeditados al poder político. Y eso es precisamente lo que se debe corregir mediante una reforma constitucional sería, profunda y muy bien meditada. Insisto, no pondría en manos de la actual clase política esa decisión. Primero se debe reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos e implementar un sistema de votación perfectamente uninominal, como en tantas oportunidades he enfatizado, a manera de darle a la población la oportunidad (que no garantiza el resultado) de escoger de forma individual y directa a sus representantes, lo cual implicaría una mejora cualitativa en la oferta política, en comparación a los actuales listados donde cualquier indeseable se cuela. 

Posteriormente se debe discutir a fondo cómo implementar constitucionalmente los mecanismos de designación de magistrados, fiscal, etc. de manera que no sean los políticos que, mediante su poder de designación, puedan subordinar a los postulados a sus intereses como ha sucedido. Magna tarea si se considera que hasta las propias comisiones de postulación de naturaleza “académica” se han pervertido y han sido cooptadas por intereses oscuros. Por ejemplo, hay universidades que no gradúan abogados, pero que si tienen una facultad de “derecho” para tener un pie metido en las comisiones. Otro absurdo que habría que eliminar es esa nefasta práctica de “borrón y cuenta nueva” para cada una de estas instituciones. No tiene el más mínimo sentido la idea de nombrar a las cortes por períodos cortos y sustituirlas en pleno y de tajo. Una propuesta mucho más sensata y funcional, por ejemplo, sería que cada magistrado durara en funciones hasta alcanzar una edad determinada, digamos 70 años, y entonces al momento de designar al sucesor de algún magistrado en específico, habría la posibilidad de un mayor escrutinio público sobre la persona a designar. Eso garantizaría de mejor manera, primero, que las cortes serían mucho más estables y sus decisiones asentarían una verdadera jurisprudencia y criterios certeros (para bien y para mal), porque la incertidumbre jurídica es también muy peligrosa y nociva. Y, segundo, el hecho de que los magistrados estén claros que sus puestos no dependen de la voluntad coyuntural del político que los designó, les daría más independencia de poderes e intereses políticos y de otro tipo. Por supuesto, siempre con los mecanismos de control sensatos y efectivos para no caer en una tiranía de las propias cortes.

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