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Seguridad jurídica y la doble moral

Pensamiento Crítico

Mantener la seguridad jurídica es un deber del Estado, a través de sus organismos y demás dependencias. Así lo señala el artículo 2º de la propia Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra norma fundamental. Esta se debe de garantizar tanto en la esfera administrativa, mediante el respeto irrestricto de los principios de legalidad y juridicidad, y en la esfera judicial, a través del respeto a las resoluciones judiciales. El concepto de seguridad jurídica está directamente relacionado con asegurar los derechos y libertades fundamentales.

La relevancia que tiene la seguridad jurídica deriva de la propia naturaleza del ser humano, quien siente un temor arraigado ante la incertidumbre y la imprevisibilidad. Parte de ello es que se crea la dimensión jurídica. A la seguridad jurídica se le puede asignar un valor partiendo de las preguntas: ¿cómo debe de ser?, y ¿cómo realmente es? La distancia entre una y otra es lo que determina o da la sensación de la existencia de esta.

Es por ello que se crean las normas o leyes, porque de esa manera se crea un espectro de previsibilidad. Lo que algunos estudiosos llaman como positividad (lo escrito y objetivo) del Derecho. Lon L. Fuller dice que para que se satisfaga la seguridad jurídica, el Derecho positivo debe cumplir con estos aspectos: generalidad de las normas, promulgación (publicación), irretroactividad, claridad, coherencia, posibilidad de cumplimiento, estabilidad y congruencia entre las leyes y su aplicación.

En la actualidad no se habla solo que la seguridad la brindan las normas y la aplicación de las mismas, sino también se requiere que exista legitimidad. Las leyes no necesariamente son Derecho.

Los Estados modernos están diseñados con medios de control para cumplir el deber de garantizar esta seguridad jurídica. Se le ha delegado al poder judicial, entiéndase los tribunales de justicia, esa tarea. De ahí deriva la relevancia de fortalecer el sistema de justicia. Sin embargo, existe una propaganda generalizada en el país destinada en deslegitimar el trabajo de los jueces y magistrados. La presión mediática a la que están sometidos los jueces hoy día es inmensa, que resulta contraproducente para el fortalecimiento institucional de la justicia en el país.

El sistema de justicia es el llamado a hacer cumplir y revindicar los derechos. Cuando esto efectivamente sucede, entonces se crea la sensación de seguridad. No obstante, que una resolución sea contraria a los intereses no implica que se atenten contra derechos, es para ello que existen recursos judiciales. De ahí la responsabilidad de las más altas Cortes del país de resolver asegurando que la seguridad jurídica se mantenga. Es por ello la relevancia de los precedentes judiciales de estas.

Las Cortes no deben responder a otro interés más que asegurar los derechos a los ciudadanos. Una doble moral se revela cuando se pretende que las resoluciones judiciales únicamente se acatan cuando responden al interés que se está buscando. De lo contrario se sataniza a los magistrados. Exigir derechos no es lo mismo que provocar el rompimiento al orden y la insubordinación. Al actuar de esa forma se pierde legitimidad. Estamos viviendo un momento en donde se ataca cualquier decisión por el simple hecho de responder al interés de un grupo en particular, que tiene la capacidad de difundir su propaganda en medios de comunicación y redes sociales.

Es hora de propuestas para fortalecer el sistema judicial. Mucha crítica y poca propuesta.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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