Lugar Hermenéutico

Ya perdí la cuenta de las veces que he escrito sobre este infeliz tema, pues lejos de una tendencia a disminuir o desaparecer, este hecho vergonzoso sigue creciendo en sociedades en constante decadencia como la guatemalteca. La extorsión es aquella práctica que consiste en obligar a una persona a que realice o deje de realizar algo utilizando para ello la violencia o intimidación, en el caso de nuestro país, dinero a cambio de salvaguardar la propia vida, la de algún ser querido o la de los colaboradores de empresas u organizaciones.

Este fenómeno inicio con el ataque a pilotos del transporte urbano, sin embargo, a razón de tiempo como un cáncer que corroe con rapidez un cuerpo frágil y desnutrido, las extorsiones ampliaron su radio de acción a sectores populares y clase media baja, afectando especialmente a los comercios ubicados en estas áreas, trasladándose luego a los canales de distribución de las empresas en el país y de ahí en una interminable conjugación de etcéteras.

El problema es tal que el pago de la extorsión constituye uno de los tantos costos fijos con los cuales negocios, pequeños o grandes deben incluir dentro de su estructura de funcionamiento, aunque claro esta quienes terminamos pagando el mismo somos los usuarios finales de productos y servicios encarecidos por este cobro ilegal,

Aunque existen diversos estudios sobre el tema en Guatemala, los resultados   han sido muy escasos por parte de los gobiernos de turno en cuanto a enfrentar de manera efectiva este flagelo, sabiéndose incluso que muchas veces son miembros de las mismas fuerzas de seguridad quienes se han visto involucrados en las diversas etapas que este proceso criminal abarca.

Por desgracia, el lunes pasado muchos fuimos testigos por medio de la televisión local del hecho sucedido con el bombazo de la ruta 32, cuantos hechos de esta naturaleza deberán de pasar para que este se constituya como uno de los ejes fundamentales en la seguridad ciudadana.

Cuanto más habremos de esperar para que las autoridades definan  una política integral contra las extorsiones y la creación de un organismo único responsable de la coordinación de las investigaciones, pues en este momento varias unidades que dependen de diferentes entes gubernamentales con lo cual  se dispersan  recursos humanos y financieros.

El camino es largo y complejo, pues a lo anterior debemos sumar el elemento confianza ciudadana como elemento clave en la población a denunciar la extorsión como un primer eslabón de una larga cadena, sin embargo, en las actuales circunstancias, ¿cuantos afectados se atreven a denunciar?

A su vez deben tomarse en cuenta otros elementos estratégicos que pasan por el sistema de inteligencia civil, el fortalecimiento del ente encargado de la investigación, por apostarle a la mejora de sistema judicial que sea capaz de procesar con éxitos los casos denunciados y en un sistema penitenciario integral que promueva la futura inserción social de los privados de libertad.   

Las anteriores son solo algunas pinceladas, seguramente la discusión es mucho más amplia, sin embargo, el tiempo avanza y no se palpan acciones concretas en cuanto a un ataque frontal contra este fenómeno. Sobre la extorsión que realizan algunas iglesias a sus fieles, es un tema del cual quedamos pendientes para una siguiente publicación.