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Reitero, la resolución de la CC es nula de pleno derecho y por ende no debe acatarse.

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RAUL FALLA

Kidon

La semana pasada, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de manera ilegal y antiética, resolvieron por sus pistolas, otorgarse un “autoamparo” provisional, con el objeto de suspender el proceso de antejuicio que se tramita en el Congreso de la República, para retirarles la inmunidad a tres de ellos, debido a la comisión de varios hechos delictivos en el ejercicio de su cargo.

Sorprende, que uno de los sindicados, es decir José Francisco de Mata Vela, sea también uno de los cinco firmantes de esa aberración constitucional, por virtud de la cual pretenden expiarse de por vida, de todas acciones típicas, antijurídicas y culpables que hayan cometido en el ejercicio de su cargo, utilizando el falso argumento de que no pueden ser perseguidos por las opiniones que emitan.

Desde luego, en Guatemala nadie puede ser enjuiciado por expresar una opinión, sin embargo, una cosa es opinar sobre un asunto o materia determinada y otra muy distinta es resolver una contienda judicial o constitucional, donde por supuesto, existe responsabilidad judicial, civil o penal, para el juez o magistrado que la emita, si lo hace favoreciendo ilícitamente a una de las partes, mediante soborno, falta de jurisdicción o competencia, o violentando, restringiendo o contraviniendo postulados constitucionales o legales.

Al parecer, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los grupúsculos de la extrema izquierda que los veneran, olvidan: a. Que como Magistrados únicamente pueden hacer lo que la ley les permite, dentro de lo cual obviamente no está “autoampararse”. b. Que la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para usurpar las funciones que la propia Constitución, asigna taxativamente a otros organismos del Estado. c. Que toda norma, resolución o sentencia, ya sea judicial o constitucional, que contradiga, limite, restringa o tergiverse la Constitución Política de la República, es nula de pleno derecho y hace responsables a quienes la suscriban. d. Que ningún funcionario público o persona particular, está obligada a acatar órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. e. Que la autoridad competente para conocer y tramitar el antejuicio que se promueve en contra de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es exclusivamente el Organismo Legislativo, de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 165 literal “h” de la Constitución.  

Ante esas ilegalidades, se hace necesario que la autoridad ejecutiva en congruencia con el artículo 6 de la Ley en Materia de Antejuicio, proceda a capturar por medio de la fuerza pública a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad sindicados, a efecto de ponerlos a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para que sean despojados de su inmunidad.

Por ello, ratifico que el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad, por virtud del cual se resolvió decretar el “autoamparo” provisional, para dejar en suspenso el trámite del antejuicio, es nulo ipso jure y no deberá ser acatado por la Comisión Pesquisidora, ni por el pleno de diputados que conforman el Congreso de la República, quienes deberán continuar con dicha tramitación, hasta declarar que ha lugar a formación de causa en contra de los tres Magistrados antejuiciados, para que sean investigados y encarcelados, por todo el daño que han ocasionado al país.

Siendo, además que el fallo es antiético, corresponderá al Congreso de la República, certificar lo conducente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para que luego del proceso respectivo, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad señalados, sean suspendidos en forma definitiva del ejercicio profesional, por haber violentado los principios deontológicos que juraron defender.

“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Lord Acton.

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