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¿Estado de derecho o poder absoluto?

Evolución

Recientemente se generó una discusión entre juristas en Guatemala, dentro de la cual me incluyo, con relación al hecho que la Corte de Constitucionalidad concediera un amparo provisional para detener diligencias de antejuicio en contra de tres de sus magistrados, uno de los cuales integró la propia corte para otorgar a favor de sí mismos dicho amparo provisional. Algunos respetables juristas se pronunciaron en defensa de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, bajo el argumento que el artículo 167 la ley de amparo establece que ellos “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

Considero que el pronunciamiento emitido en defensa de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es erróneo y difiero de la opinión expresada en su favor. El antejuicio para magistrados de la Corte de Constitucionalidad no existe para que no los metan al bote si los detienen conduciendo ebrios, como podría decirse coloquialmente. El antejuicio para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad está claramente previsto en la Constitución, es decir, no es una imposibilidad, y está establecido para que, previo análisis, se les pueda deducir responsabilidades por ilegalidades cometidas,  precisamente, en el ejercicio de sus cargos, como a cualquier otro funcionario que goza de este privilegio.

Por supuesto que no se les puede perseguir por sus opiniones, como lo establece la ley de amparo. Pero ello se refiere a los criterios jurídicos proferidos en un peculiar sentido jurídico, y siempre dentro de un marco de juridicidad y de constitucionalidad. Por citar un ejemplo, la Corte de Constitucionalidad declaró inaplicable la pena de muerte para ciertos delitos que la contemplaban bajo el supuesto que por las circunstancias del hecho (el delito) o de  la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor “peligrosidad” del agente. En resumen, la corte sostuvo el criterio que estos delitos contemplaban la pena de muerte para un delincuente con base en una estimación de su “peligrosidad”; opinaron que “peligrosidad” se entiende como el riesgo de que pudiera cometer actos igualmente graves en el futuro y que por lo tanto no se le puede condenar a muerte bajo una suposición de peligrosidad entendida hacia el futuro. Esta opinión jurídica va en la misma línea de las opiniones o criterios vertidos por cortes internacionales, cuya inclinación es abolicionista de la pena de muerte. No pretendo fijar posición o generar un debate sobre la  pena de muerte. Pretendo ilustrar cómo la Corte puede sostener una opinión o criterio jurídico, del cual otros seguramente diferirán, pero que al final del día está enmarcado dentro de sus atribuciones de interpretación constitucional. Y este es un caso claro de interpretación y opinión. Hipotéticamente, para este mismo caso, la Corte pudo haber sido de la opinión que “peligrosidad” se refiere a una total muestra de desprecio e irrespeto por la vida humana de parte del delincuente con relación al hecho ya cometido y que ha sido juzgado, y no hacer elucubraciones sobre su disposición a volver a delinquir con igual o mayor saña y gravedad hacia el futuro; y pudo así haber sostenido la opinión que la aplicación de la pena de muerte no es inconstitucional. De nuevo, una opinión enmarcada dentro de sus atribuciones de interpretación constitucional y provista de juridicidad.

Lo que es inaudito y que realmente sorprende, es que dado que formalmente las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no sean recurribles o impugnables, esto se confunda con la noción de que dichas resoluciones son siempre y absolutamente verídicas y legales. Si bien la Corte de Constitucionalidad tiene “la última palabra”, formalmente, en materia constitucional, esto no quiere decir que tenga licencia para emitir resoluciones contradictorias a la propia constitución o para usurpar poderes que no le competen. Y esa es la razón por la cual está previsto el antejuicio en contra de sus magistrados. Porque es indefendible la idea que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son infalibles, que no pueden cometer ilegalidades en el ejercicio de sus cargos, que su poder es absoluto y soberano, y que están por encima de la ley.

No se tratada de que sus resoluciones se acatan  y punto, o que no deben acatarse por ser ilegítimas, porque ello, en un sentido formal, sería ilegal. Se  trata de que en un sistema genuinamente republicano, en un verdadero estado de derecho, deben respetarse también los contrapesos establecidos en la propia Constitución para que siempre exista la posibilidad que todo funcionario pueda ser sometido al imperio de la ley. No estoy afirmando que las resoluciones controversiales de la Corte constituyan en sí delito, pero si es evidente que son ilegales puesto que contravienen a la propia Constitución en el sentido que la Corte se ha arrogado atribuciones que no le competen. Y deben ser los tribunales competentes, si así lo determina un contrapeso constitucional mediante en proceso de antejuicio, quienes decidan si esas acciones son o no constitutivas de delito, sin que la propia Corte pueda decretar su propia inimputabilidad, garantizando así su impunidad y ubicándose por encima de la propia Constitución.

No le restemos importancia al tema porque sólo se trata de la remoción de un embajador. El día que la Corte emita una resolución verdaderamente atroz, como las que han servido a regímenes totalitarios en Venezuela o Nicaragua, estaremos lamentando no haber comprendido el sentido de un estado de derecho en su correcta dimensión. Como referencia, cito el último párrafo del inciso 7, sección 3, artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América, modelo de un sistema republicano funcional y de un Estado de Derecho sólido, con relación al Impeachment o juicio que hace el Senado en contra de funcionarios que comenten actos ilegales, incluidos los magistrados de la Corte Suprema: “la persona encontrada culpable deberá ser responsable y sujeta a encausamiento, juicio, sentencia y castigo de acuerdo con la Ley”. Insisto, ¿Cómo se puede afirmar que en Guatemala algunos funcionarios no están sujetos a que se les investigue y deduzcan responsabilidades por actos contrarios a la ley?

TEXTO PARA COLUMNISTA
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