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Corrupción, con o sin CICIG

Principios

Mientras muchos – de los pocos -, interesados en la política en Guatemala todavía se encuentran enfrascados en un diálogo de sordos cuyo tema principal es Iván Velásquez y la CICIG, ¿qué pasó con la lucha contra la corrupción? ¿Continúa la persecución de corruptos? ¿Se detuvo la cacería de brujas? ¿Hemos avanzado en el proceso de arrancar las raíces del árbol de la corrupción o no pasamos de podarlo? Veamos con qué información contamos para responder estas preguntas:

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por “Transparencia Internacional” (TI) desde 1995, clasifica a los países según el grado de corrupción gubernamental que los encuestados perciben. El IPC evalúa al sector público, incluyendo a funcionarios y políticos en general. Es un índice compuesto: o sea,  es una encuesta de encuestas, que se construye a partir de sondeos a expertos y a gerentes de empresas. TI define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”. El “Diccionario de la Lengua Española” (DLE), en su cuarta acepción, define la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

El IPC es una evaluación basada en la percepción de prácticas corruptas en la esfera estatal y se mide en una escala entre cero (muy corrupto) y cien (ausencia de corrupción). En los resultados de 2018, Guatemala obtuvo una puntuación de 27 sobre 100, posicionándose en la casilla 144 de 180 países. Nuestro país bajó un punto en comparación con los 28 puntos obtenidos en 2015, 2016 y 2017, retrocediendo una posición en el ranking mundial. En el año 2009 obtuvimos 34 puntos y en ninguno de los años siguientes la percepción mejoró. Más aún, en 2011, durante el gobierno de la UNE, también obtuvimos 27 puntos.

Más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron puntajes por debajo de 50, con una nota promedio de 43. Guatemala, se ubica por debajo del promedio mundial. Y cómo no se va a percibir de tal manera la corrupción en nuestro país si, solo por mencionar uno de tantos ejemplos, la semana pasada la Contraloría General de Cuentas denunció que varios de los cupones para alimentos que el MAGA debía entregarle en 2018 a los agricultores afectados por la sequía, fueron a parar a manos de empleados públicos. Aunque, según IT, la percepción negativa sobre el gobierno de Morales se debe a su enfrentamiento con la CICIG.

Sin embargo, lo que los datos nos muestran, analizados contextualmente en la última década, es que, con todo y la presencia de la CICIG, la percepción sobre la corrupción empeoró en lugar de mejorar. ¿Por qué? Porque como lo hemos señalado unos cuantos ¡hasta el cansancio! en Guatemala, lo que hemos visto, particularmente en los últimos tres años, es una persecución selectiva de corruptos, y en varios casos un acosamiento injusto, pero NO una verdadera lucha contra la corrupción. Se han atacado algunos de sus efectos, pero no su causa: el sistema político de incentivos perversos. Si realmente queremos reducir la corrupción al mínimo posible, lo que debemos hacer es limitar el poder discrecional del cual gozan los gobernantes y fortalecer nuestras instituciones legítimas.