Combate al narcotráfico
POLÍTICA PÚBLICA
Estados Unidos —cuyo Gobierno amigo hostiga y vapulea al nuestro— es el tercer país más poblado del mundo con 328 millones de habitantes, de ellos, 267 millones son mayores de 14 años. En 2017 cerca de 134 millones (50.2% si se excluye a adolescentes, niños y bebés) había consumido alguna vez drogas ilícitas; 51.8 millones (19.4%) lo había hecho dentro de los doce meses anteriores a ser preguntados y 30.5 millones (11.4%) durante el último mes. Datos de la Encuesta Nacional Anual de Uso Drogas y Salud —NSDUH— de 2017.
Dentro de las drogas ilícitas, la que se consume con mayor frecuencia es la mariguana (85% en 2017) y después cocaína (7.1%). La mariguana está dejando de ser ilícita, cambiando su nombre al agregar el calificativo “recreativa”. Así que, que aunque las cantidades consumidas no cambien, las proporciones de drogas ilícitas si cambiarán.
Se estima que cerca de 90% del total de cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Guatemala y que se trata de unas 1,000 toneladas métricas. Esto es, un millón de kilogramos por año.
En una conferencia donde se tocó el tema, pregunté al expositor sobre el precio de la cocaína. Respondió que dependía del lugar. En Colombia, Perú o Bolivia —países productores, dijo— un kilogramo de cocaína cuesta $ 1,200; en Guatemala $ 9,000; en Estados Unidos $ 35,000 y en Europa, unos $ 60, 000. Desde luego, no puedo asegurar que tales cifras sean precisas. Pero las utilizaré como referencia.
Entonces por Guatemala, “centavos” más, “centavos” menos, pasan unos 9 mil millones de dólares en cocaína. Esto es, cerca de 70 millardos de quetzales, unas 8 veces el tamaño del presupuesto de gastos del Estado.
El año pasado, Guatemala incautó 17 TM de cocaína, la cantidad más alta de su historia. Conseguimos superar en 23% lo incautado el año anterior. El mérito se lo acreditó, de manera conjunta, el gobierno de Guatemala y la DEA.
La lucha contra el narcotráfico suele ser peligrosa, muchas veces cruenta. Perecen policías y soldados involucrados en sus operativos. El gobierno norteamericano, con una mano agradece los “esfuerzos” y con la otra exige más, asegurándose de que el combate se libre en territorios distintos del suyo.
La DEA dispone, fuera de Estados Unidos, de 86 oficinas en 67 países. Tiene 11 mil empleados; la mitad son agentes “especiales”. Cuenta con armamento, equipo, vehículos, aviones, barcos y un presupuesto de operación cercano a US$ 3 millardos por año. Ha sido objeto de señalamientos por crímenes que incluyen asesinatos, secuestro de personas, pactar con narcotraficantes y entrenar fuerzas paramilitares (en Colombia). La más grave sindicación es que, a pesar de los esfuerzos y sacrificios de la DEA, Estados Unidos consume casi toda la cocaína que se produce en Latinoamérica menos la fracción incautada en Guatemala y otros países.
¿Puede el Estado de Guatemala combatir el narcotráfico con los modestos recursos de equipo y armamento, falta de técnicos y personal especializado con que cuenta? ¿Debe asignar mayores recursos a esa lucha? ¿Por qué habría de hacerlo cuando tiene necesidades sin satisfacer tan grandes como la pobreza de la gente, lo débil de la justicia, la falta de seguridad ciudadana, la exigua infraestructura física, y los insuficientes servicios de salud y educación que ofrece?
Me permito sostener que sí puede. Creo, empero, que habría que enfrentarlo de otra manera. Que debe implementar una Política Pública diferente. Pelear en nuestro territorio, con nuestros escasos recursos y exponer a nuestra gente a cambio de una palmada en la espalda, más que una política equivocada, es una estupidez.
Guatemala debe negociar un tratado con Estados Unidos, por medio del cual venda a ese gran país consumidor toda la cocaína y otras drogas que consiga incautar, al precio de mercado (US$ 9,000 por Kg si ese valor fuera correcto). Los narcotraficantes capturados, nacionales o extranjeros, podrían ser entregados como un simple acto de buena voluntad.
Esta política, para ser efectiva, debe complementarse con el destino que se dé a los fondos recibidos; si no, no sirve. El total debe ser distribuido entre el Gobierno, el Comando Antinarcóticos y los agentes involucrados directamente en cada operación exitosa. Por ejemplo, si se decomisaran 17 TM (como en 2018) con un valor de Q. 1.2 millardos, la mitad (Q. 600 millones) podría destinarse al Fondo Común. Una cuarta parte (Q. 300 millones) a fortalecer el Comando Antinarcóticos, dotándolo de equipo, armamento, vehículos, aviones y barcos. Invertir en dotar a los agentes con un entrenamiento superior al que reciben los militares en la escuela de kaibiles, pagarles salarios altos y prestaciones también especiales.
El 25% restante, los otros Q. 300 millones, distribuirlo entre los agentes cuya vida quede expuesta, directamente, en el operativo. Si estas personas van a exponer su vida la recompensa para ellos o sus familias debe valer la pena. Suponga que se trata de 100 personas en esa primera línea de riesgo, entonces, cada uno recibiría Q. 3 millones. ¿Verdad que funcionaría?
