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Sobre la derogatoria del acuerdo de CICIG, y otras leyes de importancia nacional

Kidon

La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio exclusivamente en los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de ellos con funciones taxativamente determinadas en la Constitución Política de la República y la ley.

De esa cuenta, corresponde al Congreso de la República, la prerrogativa de aprobar, derogar y modificar las leyes, con el objeto de garantizar paz, convivencia social y armonía entre los guatemaltecos, tomando como base que el fin supremo del Estado, es la realización del bien común.

Es de conocimiento general, que en ese alto organismo, existen cuatro proyectos o iniciativas de ley, que deben discutirse y aprobarse a la brevedad posible, para garantizar esa paz social que tanto anhelamos. Y, me refiero, a la derogatoria del acuerdo de creación de la CICIG. A las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y de Organizaciones No Gubernamentales.  Así como, a la aprobación de la ley Anti-Invasiones.

En cuanto a la primera, se hace necesario que los diputados tomen valor cívico, para acuerpar la decisión tomada por el Organismo Ejecutivo, de dar por terminado el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Esto, tomando en consideración la libre determinación de los pueblos a decidir sus propias políticas de Estado, las que en materia legislativa, competen con exclusividad al Congreso de la República, órgano de representación popular.

La segunda, es decir las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, partiendo del principio de igualdad y de que en Guatemala, no hubo genocidio. En esa virtud, la reforma debe extender la amnistía a los delitos que no fueron incluidos en la norma original, incluyendo los comunes y conexos, que se le atribuyen tanto a las fuerzas de seguridad del estado como a los combatientes de la URNG, a efecto de que nuestros veteranos, sean inmediatamente excarcelados y cese la  persecución penal en contra de los mismos. Pues, en caso contrario, es decir, que la presión oenegera o internacional, no lo permita, el Congreso de la República, deberá derogar por completo dicha normativa legal, a efecto de que sean procesados y encarcelados todos aquellos sediciosos que integraron los movimientos subversivos, empezando por los que mutaron a supuestos defensores de derechos humanos, para luego continuar con Sandra Morán, Eduardo Stein, Edgar Gutiérrez, Gustavo Meoño Brenner, Jorge Ismael Soto, entre otros que continúan dañando al país.  

La ley de Organizaciones No Gubernamentales, para fiscalizar contablemente todas y cada una de las aportaciones nacionales e internacionales que perciban, y así verificar que el producto de las mismas, no sea utilizado para crear conflictividad social, terrorismo, limitación a los derechos individuales, industriales o comerciales, así como para interponer acciones ilegitimas, que tengan por objeto saquear los recursos públicos, a través de la exigencia de cuantiosos resarcimientos ilegales por hechos relacionados por el enfrentamiento armado interno que se vivió en el país.

Y, la ley Anti-Invasiones, la cual tiene por objeto tutelar el derecho constitucional de propiedad privada, para tipificar como crimen organizado toda actividad tendiente a usurpar, despojar o pretender despojar con violencia a una persona individual o jurídica de su patrimonio o de un derecho real constituido sobre el mismo. De esa forma, se aumentaran las penas, se agilizarán las investigación, y se facilitará la identificación de las estructuras criminales que operan en el país, lo cual hará viable la aprehensión de los sindicados, así como el inmediato desalojo de las propiedades usurpadas.

Insisto, para mantener la paz social, se hace necesario que el Congreso de la República, apruebe a la brevedad posible las cuatro leyes relacionadas. Su negativa, despreocupación o desatención, originará como consecuencia, un voto de rechazo y castigo para su reelección. Amén, de la crisis social, política y jurídica, que se producirá, la cual incluso podrá detonar en otro conflicto armado de graves consecuencias para el país.

Por aparte, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben saber, que a pesar del historial de infames resoluciones que han emitido, carecen de todo tipo de competencia o atribución para revocar, derogar, vetar o frenar las decisiones legislativas que asuma el Congreso de la República, quien al final es por delegación ciudadana, el Congreso del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Raúl Falla

Abogado y notario

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