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El 18 de enero de 2018, se presentó ante el Pleno del Congreso de la República, la iniciativa de Ley 5343 con la intención de aprobar la suscripción del contrato de un préstamo hasta de cien millones de dólares, entre Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- para desarrollar el Proyecto “Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala” y a través del cual  el Fondo de Financiamiento Mundial se compromete a brindar a Guatemala una donación de US$9.0 millones.

El motivo de la presente iniciativa, fueron los hallazgos que sobre desnutrición crónica se revelan  en la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), en la cual se evidencia que no obstante que la tasa de desnutrición crónica en Guatemala se redujo en un 46.5 % en el 2014/15 comparado al 55% que existía en 1995, esa cifra es la más elevada de América Latina y el Caribe y una de las más altas a nivel mundial.   La desnutrición crónica es un flagelo que afecta a nuestra niñez, la que se instala poco a poco en años por no ingerir los nutrientes necesarios y repercute en el desarrollo físico y mental del niño, el cual es irreversible.    

El objeto del financiamiento es poner énfasis en los primeros 1,000 días de vida de un infante, puesto que ese período es de vital importancia porque se pueden prevenir problemas nutricionales, mejorar el desarrollo infantil y asegurar una mejor salud y productividad en la edad adulta. La atención en estos primeros 2 años debe proporcionarse integralmente, brindando alimentación de calidad, atención médica y cuidados especiales, entre otras cosas.

Sin embargo, y a pesar que este préstamo presenta una clara oportunidad para revertir los efectos negativos que la desnutrición crónica ha dejado en la niñez guatemalteca -como lo son las altas tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil y corta talla en una gran cantidad de niños menores a cinco años- parece que a algunos diputados del Congreso de la República no les interesa su aprobación, porque luego de dos debates sin llegar a consensos y un tercer intento fallido; priorizan la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, sobre el hambre que aqueja a la población infantil de los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán.

Esta actitud de preponderar una Ley sobre otra iniciativa de trascendencia para la niñez guatemalteca de escasos recursos,  entorpece la coyuntura de modificar las trayectorias de nutrición y crecimiento de los niños y niñas.  Además es incomprensible y un acto de crueldad porque imposibilita la generación de mejores condiciones de vida que por la situación de pobreza no pueden alcanzar por sí mismos. La intransigencia sólo suscita un impacto negativo y perdurable para el futuro de la niñez guatemalteca de esas regiones, que evidencia la falta de humanidad y empatía, porque es un asunto que se debería de tratar sin dilación.

Sin la aprobación del préstamo que actualmente se encuentra en fase crítica, la desnutrición crónica seguirá afectando a estos grupos de personas guatemaltecas que poseen menores ingresos, y que mayoritariamente son indígenas y de áreas rurales, y se perdería una oportunidad de oro para rescatar a la infancia guatemalteca y la ocasión de brindarles una vida saludable y activa y un mejor futuro.