Kidon

El grupo delictivo organizado denominado CICIG, estrenó sus fechorías en Guatemala, con la investigación de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, donde de forma espeluznante y a pesar de la sindicación directa del profesional en contra de la pareja presidencial de la época, varió por completo el giro de la investigación, al incriminar al propio Rodrigo y a los hermanos Valdés Paiz de su asesinato.

Ochos años después, la defensa de los injustamente sindicados demostró como el colaborador eficaz de la CICIG, Luis Mario Paz Mejía, mintió en su declaración por orden del colombiano Luis Fernando Orozco Ruiz, lo cual, sirvió para que el juez de la causa en un acto de valentía total, decretara el sobreseimiento en favor de los hermanos Valdés, aunque el crimen al día de hoy continúa impune, gracias a los oficios de este cuerpo ilegal de intromisión.

El asesinato del prestigioso abogado, Francisco José Palomo Tejeda, un férreo opositor a la CICIG y a sus métodos de investigación ilegal, principalmente a la implementación de la figura del colaborador eficaz, como herramienta política para acusar a personas inocentes a cambio de prebendas económicas o judiciales, lo cual, seguramente le valió el cobarde ataque del cual fue víctima.

La ejecución extrajudicial del licenciado Pável Centeno López, en manos de agentes de la CICIG, hecho que se suscitó cuando de forma errónea e ilegal, allanaron su residencia y encañonaron con armas de grueso calibre a su esposa e hijos menores de edad, en busca de otra persona. A la fecha, la muerte del licenciado Centeno, continua impune.

La muerte en prisión preventiva-definitiva, de los doctores Jesús Arnulfo Oliva y Raúl Castañeda Pineda, sindicados injusta e ilegalmente por la CICIG, y quienes murieron inocentes, víctimas de este cuerpo paralelo de investigación.

La golpiza que un grupo de investigadores de esa entidad, le propiciaron al joven Andrés Zimmeri, quien estuvo cerca de perder la vida en manos esos cobardes montoneros. 

La sospechosa ejecución del capitán Byron Lima Oliva, un crítico acérrimo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, en especial de la ex fiscal general Thelma Aldana y del ex comisionado Iván Velásquez Gómez, y quien seguramente fue asesinado por esta fétida entidad, para callar las denuncias de corrupción que pesan sobre sus miembros.

La persecución política que se llevó a cabo en contra de toda una familia de inmigrantes rusos, incluido su hijo menor, a quien encarcelaron en un orfanato, hecho que despertó las alertas internacionales en materia de violaciones a los derechos humamos.

Por otro lado, las nefastas reformas a la Constitución Política de la República, que el ex comisionado Velásquez, por diversos medios ilegales pretendió imponer, con el objeto de entregar el poder judicial en manos de sicarios, para desde allí asesinar civilmente a todo opositor político o ideológico.

La intromisión ilegítima en el Tribunal Supremo Electoral, para concretar un fraude electoral con miras a favorecer a un candidato específico afín a sus perversos intereses, privando de esta forma a los guatemaltecos la facultad soberana de elegir y ser electos.

La fabrica de testigos protegidos y colaboradores falaces en casos como El Bodegón, donde Juan Carlos Monzón Rojas, declaró que la exfiscal Thelma Esperanza Aldana Hernández, por orden de Roxana Baldetti, proveyó impunidad a su esposa en el contrabando de granos.

El caso en contra el empresario Carlos Vielmann Montes, donde mercenarios de la expulsada comisión, ofrecieron prebendas económicas y excarcelación, a peligrosos delincuentes a cambio de inculpar por cualquier medio a los funcionarios de gobernación que participaron en la recaptura de reos fugados.

Y, que decir de la declaración de Anelisse Herrera, la ex asistente de Alejando Sinibaldi, por virtud de la cual guardan prisión varias personas a quienes se sindicó de recibir sobornos de este prófugo, pero que por algún motivo, no se aplicó en contra del Magistrado de la Corte de Constitucionalidad Boanerge Amilcar Mejía Orellana, seguramente a cambio de que este siga emitiendo fallos inconstitucionales.

Los allanamientos ilegales a la casa presidencial, así como la captura y procesamiento del hijo y hermano del Presidente de la República por una caso que no constituye delito. Y, ahora, la investigación que maliciosamente se pretende incoar en contra de su esposa. Así como, los continuos intentos por defenestrarlo, a través de la presentación de acciones espurias, con el único propósito de allanar el camino a la silla presidencial de algún aliado al pacto de terroristas.

O, las graves sindicaciones que pesan en Colombia, sobre la ex jefe de la extinguida CICIG en el departamento de Quetzaltenango, Marta Lucia Zamora Ávila, sindicada de favorecer en forma ilícita a militantes de la organización narco-terrorista denominada FARC, y por ello, el gobierno de los Estados Unidos de América le canceló la visa y hoy enfrenta un proceso penal por obstrucción a la justicia. 

La flagrante violación a la Constitución por parte del colombiano César Augusto Rincón Sobogal, al indicar de forma abusiva que el sucio acuerdo de CICIG, está sobre nuestra norma fundamental y suprema. Las investigaciones ilegales y venta de información clasificada a Marllory Chacón Rossell, por el español Alejandro Lizana Cortopassi. Las torturas realizadas a compatriotas en los centros de detención por el investigador Yilen Osorio Zuluaga, así como, las alteración de pruebas y creación de documentos falsos a cargo de los extranjeros Vicenzio Caruso, Roque Marcelo Véliz López y Aitor Serrano.

Todas estas practicas inmorales tienen como común denominador el turismo monetario o sexual, por parte del personal diplomático de la Organización de las Naciones Unidas. Pues, basta recordar como varios cascos azules al mando de Anders Kompass fueron sindicados de pedofilia en África y otros en Haití. De la misma forma, la grave acusación de acoso sexual que enfrentó el ex sub director de la oficina de comunicación de la UNESCO, Frank La Rue Levy.

La renuncia del ex comisionado Carlos Castresana, al ser descubierto en una relación extramatrimonial con una investigadora, lo cual además del cargo, le valió el matrimonio. O, las sindicaciones que admitió Iván Velásquez Gómez, ante medios de prensa colombianos de embriagar a varias colaboradoras eficaces para facilitar así su declaración testimonial.

Hasta llegar al colmo de la ilegalidad e inmoralidad, por virtud del cual se descubrió una relación de alcoba entre el investigador de la extinta CICIG Rogelio Ramírez Cartín y la colaboradora eficaz Alejandra Sarahí Reyes Ochoa, la ex conviviente del finado capitán Byron Lima, cuya muerte era investigada casualmente por el amante de la colaboradora; quien resultó además, estar casado en Costa Rica y contar con un amplio prontuario de delitos sexuales, que van desde el acoso hasta tentativa de violación. Vaya perfil requerido por el non grato.   

Mientras, la sociedad guatemalteca se impacta ante tales acontecimientos, se pregunta: ¿Cuándo iniciará la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, una investigación detallada sobre ésta grave denuncia?. ¿Se convertirá en cómplice de corrupción?. ¿Será que su omisión obedece a que tiene la cola machucada con algún asuntos personal o de su esposo?.  Juzgue usted querido lector.