De las extorsiones y los linchamientos
Guatemala Al Rescate
El transporte en general sigue siendo objeto de extorsión en el país, en algunos momentos las maras se concentran en el transporte urbano o extraurbano, en otros momentos en taxis o moto taxis, etc.; al final, el sistema de transporte en general se ha venido convirtiendo en una fuente generadora de enriquecimiento ilícito para estas estructuras criminales. Utilizando la extorsión como un mecanismo de terror, estas organizaciones criminales han ocasionado en algunos momentos la paralización del servicio de transporte en algunas zonas de la capital y lugares aledaños y como resultado del no pago de la extorsión muchos pilotos y ayudantes han resultado heridos y otros, los más, han sido asesinados.
Según algunos analistas consultados por algunos medios de comunicación, los linchamientos que se han realizado en la capital son un síntoma peligroso de que el Estado continua sin cumplir con su papel de bridar seguridad y justicia a los ciudadanos, quienes al no tener respuesta y ante la desesperación de sentirse desprotegidos y en riesgo, hacen justicia por mano propia.
Si bien es cierto que el trabajo de prevención que debe realizar la Policía Nacional Civil es de suma importancia, también es cierto que el trabajo de investigación criminal por parte del Ministerio Público, específicamente en materia de extorsiones es fundamental, ya que es ésta la institución que tiene que aportar pruebas al proceso penal y los jueces tramitar estos procesos con celeridad, ya que estas estructuras criminales afectan no solo el patrimonio familiar o empresarial de las personas, si no igualmente, su tranquilidad y en algunos casos atentan contra su propia vida, es perfectamente comprensible que las sentencias que deben emitir los jueces deben de estar sustentadas conforme las pruebas presentadas por el ente acusador. Desgraciadamente la realidad es otra, hay un déficit en esta materia que afecta a la población guatemalteca, como ejemplo, el Ministerio Público tenía hasta hace poco un millón doscientos mil casos pendientes de resolver, de los cuales el Organismo Judicial no había emitido sentencias en el 48% de estos casos, es precisamente esta lentitud en el manejo de la justicia en el país que provoca la desesperación en la ciudadanía y en algunos casos su desahogo es hacer justicia por mano propia o utilizar la violencia.
Los actos de violencia o la justicia por mano propia no son la solución para la problemática de la extorsión que sufren en este caso los transportistas en Guatemala, pues de darse esta, genera más violencia y como consecuencia, las personas que participan en este tipo de actos incurren en responsabilidad penal; aunado a que las estructuras criminales (maras) están amenazando, ya no solamente con extorsionar, sino que con matar a las personas que actúen en contra de los miembros de sus estructuras, combatir la delincuencia y a los delincuentes es un trabajo para las instituciones del Estado encargadas de la seguridad y la justicia.
¿Qué se debe hacer? Resulta fundamental la coordinación interinstitucional entre Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y la Dirección General de Inteligencia Civil, para que todos en coordinación desarrollen un plan que sea responsabilidad de todos operativizarlo y de igual forma evaluar sus resultados con el objetivo no solo de ir desarticulando estas estructuras criminales, sino, minimizando los riesgos que afectan hoy al transporte en general, pero sobre todos a los ciudadanos; a la ciudadanía le corresponde denunciar y si esa denuncia pone en peligro su vida, hacer una denuncia anónima.
