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Mediante el Decreto 1-19, el Tribunal Supremo Electoral –TSE- convocó a los comicios generales para la elección de presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano y  corporaciones municipales. La disposición estableció las tres fases que conforman el proceso electoral, definió plazos, el límite máximo de gastos de campaña electoral, la manera de efectuar los cómputos y calificación de votos emitidos, entre otras cosas.

La semana pasada inició la segunda fase del proceso electoral, que comprende la campaña electoral de los candidatos a puestos de elección popular. La Red de Conocimientos Electorales, define a  las campañas electorales como los “esfuerzos competitivos hechos por los candidatos y partidos políticos para ganar el apoyo de los electores en el periodo que precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas para atraer votantes, desde comparecencias en público y mítines hasta el uso de publicidad en los medios masivos de comunicación”.

Es claro que la función de la campaña electoral es convencer al ciudadano para votar por un determinado candidato o partido político.  La lógica nos refiere que la estrategia idónea para conseguir votos, por parte de un candidato, sería a través de argumentos serios que incluya presentar un plan de trabajo para atender las necesidades de la población meta, ajustados a la realidad nacional, con líneas de acción concretas para combatir los problemas que agobian a las personas.  

No obstante, las campañas electorales en nuestro país se han caracterizado por los ataques entre los contendientes.  Los candidatos, en lugar de usar sus espacios públicos para exponer planes de trabajo y proponer soluciones realistas a cada problemática, los usan para “sacar los trapitos al sol” de los oponentes con el afán de descalificarlos.

Con el fin de erradicar este precedente nefasto, el TSE convocó otra vez a la firma de un “Pacto de no agresión” entre los partidos políticos. En esa ocasión, más del 50% firmaron el compromiso, pero el resto no asumió el reto, por lo cual, esta falta de compromiso debe ser un parámetro para tener en cuenta al momento de votar.

Sin embargo, hay otros males que se derivan de la vieja política y de los cuales no hay pactos firmados para detenerlos, pero depende de nosotros los electores para que desaparezcan. Una de las plagas es que  algunos politiqueros saben que para ganar el juego lo que necesitan son goles, es decir el voto de la mayoría, y por eso recurren al estereotipo que en “política todo es válido”.

Para conquistar el voto, ofrecen bienes y servicios a cambio de apoyo electoral. Regalan desde almuerzos, fertilizantes y láminas, entre otros objetos.  Se fotografían con personas de escasos recursos, ancianos, indígenas, mujeres, niños, con el fin de  hacerles creer que sienten empatía por sus problemas y necesidades, cuando únicamente las manipulan. Finalmente no exponen propuestas reales, y efectúan ofrecimientos que no cumplirán, pero son útiles para crear una red clientelar funcional para alcanzar el poder.

Es hora que los guatemaltecos no repitamos errores del pasado.  Dejemos ser parte del clientelismo político de algunas agrupaciones políticas.  Digamos NO a los politiqueros pícaros.  Analicemos nuestro voto y no lo ofrezcamos a cambio de compromisos vanos y dádivas, porque esos votos sólo nos condenan como nación, al favorecer al político rufián que lo promueve. Votemos por aquél proyecto político que haga planteamientos serios y no sólo brinde buenos regalos y promesas, porque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.  Exijamos la “reconocida honorabilidad” de los candidatos, que además nos concederá la esperanza de vivir en un país en libertad, justicia y con desarrollo integral para todos y todas.