Kidon

Luego de conocerse que la semilla del mal se marchitó, debido a que su candidata presidencial resultó ser todo un gran chasco, no le quedará otro camino al Tribunal Supremo Electoral más, que revocar la suspicaz y oficiosa inscripción que el corrupto Leopoldo Armando Guerra Juárez realizó; quien además, deberá enfrentar a la justicia junto a su hija Estela Judith Guerra de León.

Ahora, debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para que la presidencia y vicepresidencia de la República, así como los demás cargos de elección popular, sean ocupados por personas honorables, dignas y probas, pues, si queremos conducir el destino del país por el camino de la legalidad, se hace necesario denunciar e impedir a toda costa, que candidatos con graves acusaciones de corrupción puedan ocupar algún puesto en el Estado.

Es por ello, que no podemos dejar por un lado las sindicaciones que pesan en contra del binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, compuesto por Sandra Julieta Torres Casanova y Carlos Raúl Morales Moscoso, quienes están siendo investigados por la comisión  de varios hechos delictivos, incluso de trascendencia internacional, los cuales detallo a continuación.

El reciente audio que circuló en los medios de comunicación y las redes sociales, donde claramente se escucha a la presidenciable de esta organización política, pactando la entrega de millonarias cantidades en concepto de aportes electorales ilícitos, con su jefe de campaña, denotan la calidad jurídica y ética de la misma. Fue por ello, que el Ministerio Público promovió el retiro de la inmunidad de la señora Torres Casanova, el cual, por algún motivo, fue rechazado en la Corte Suprema de Justicia.

Por fortuna, doña Consuelo, decidió presentar una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, con miras a revertir ese fallo a todas luces ilegal y así, proceder a sustentar el caso ante un órgano jurisdiccional, para deducir las responsabilidades penales en contra de  Sandra, por lavado de dinero, asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.

Quedará en manos de la desgatada Corte de Constitucionalidad y en especial de la Magistrada de la impunidad Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, amiga íntima de Sandra Torres, resolver el futuro político de la candidata presidencial. Ante ello, el Ministerio Publico, deberá verificar el estricto cumplimiento de la ley y en su caso, solicitar las acciones de antejuicio, si los Magistrados deciden apañar un acto de corrupción.

Además, pesan en contra de la aspirante de la UNE, otras denuncias que hoy en día yacen sobre el escritorio de la Fiscal General, las que van desde la intercepción de otras llamadas telefónicas con conocidos lugartenientes del narcotráfico, algunos de ellos incluso extraditados, hasta procesos de investigación de relevancia nacional como el Transurbano, la bolsa solidaria y el relacionado con una apropiación y retención ilegal de cientos de millones de quetzales, de un banco de capital mixto que opera en el país.

Ahora en cuanto al vice presidenciable, existe una denuncia en la fiscalía de delitos administrativos, identificada con el número MP001-2015-5,927, donde se encuentra sujeto a una investigación por graves hechos delictivos, incluso de transcendencia internacional, al haber utilizado el cargo de Viceministro de Relaciones Exteriores, para facilitar documentación guatemalteca a sesenta y nueve personas, en su mayoría árabes, que ni siquiera pisaron el territorio guatemalteco y quienes hoy gracias a los buenos oficios del ex canciller Morales, cuentan con DPI, licencia de conducir y pasaporte chapín, así como diversas visas de inmigración. Sin embargo, no obstante de estar acreditada la información, por algún motivo que deberá investigarse, el Agente Fiscal Andrade, se niega a judicializar el caso para solicitar medidas de coerción.

El proceso es de tal gravedad, que incluso el Departamento de Seguridad Nacional, del gobierno de los Estados Unidos de América, ya inició la investigación, pues al final de cuentas también son directamente afectados.

Ante el riesgo inminente de que personas implicadas en la comisión de graves hechos delictivos, puedan ocupar la presidencia y vicepresidencia de la República, se hace necesario que la Fiscal General, María Consuelo Porras, garantice a través de una persecución penal efectiva, un proceso electoral trasparente y en especial que los candidatos a elección popular gocen de las aptitudes requeridas por la Constitución y la ley, pues, en caso contario, es decir que verdaderos delincuentes asuman el ejercicio de poder, será solidariamente responsable de la crisis política, jurídica y social que se desencadenará.

Señora Fiscal General, recuerde que su principal función es cumplir y velar porque se cumpla la Constitución y la ley.