Pensamiento Crítico

El proceso electoral ha iniciado de una forma muy particular. Con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, gestada en el año 2016, la campaña electoral ha sufrido algunas restricciones. Una de esas diferencias sustanciales es que no nos encontramos inundados con publicidad en las calles. Lo cual, en teoría, debería hacer que nos enfoquemos más en las propuestas que en publicidad sensacionalista. Juzgue usted si ese efecto ha tenido.

Por terminar la tercera semana de campaña, de las doce y días programada, lo particular de estas elecciones es que aún no se definen las inscripciones de algunos de los contendientes por la presidencia del país. Las tres candidatas que encabezan la intención de votos de los guatemaltecos, según las encuestas publicadas, no tiene aún definida su participación.

Revisemos la situación de cada uno de los casos. La puntera en las encuestas de intención de voto, Sandra Torres, sufre graves acusaciones de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por lo cual el Ministerio Público (MP) solicitó que se levante su inmunidad. La Corte Suprema de Justicia dispuso no hacerlo y ahora existen sendas acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad promovidos por el MP y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que buscan se admita para su trámite el antejuicio. El Tribunal Supremo Electoral ha rechazado inscripciones por tener antejuicios en curso.

Luego tenemos el caso de Zury Ríos, quien se encuentra en la lucha de interpretación de la restricción constitucional que significó que en primera instancia el Tribunal Supremo Electoral rechazara su inscripción. Semanas atrás la Corte Suprema de Justicia le amparó para que pudiera ser inscrita como candidata. Sin embargo, existe un recurso de apelación en manos de la Corte de Constitucionalidad que determinará si el amparo se mantiene. Hace cuatro años el retardo en resolver de parte de la Corte de Constitucionalidad permitió que participara como candidata a la presidencia.

Por último, la particularidad del caso de Thelma Aldana es que de las tres es la única que no se encuentra inscrita aún –con ello impedida para realizar campaña electoral-. El Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción luego de resolver unos recursos de nulidad, derivado de un proceso penal que se ha iniciado en su contra. Ahora, junto al partido que le postula, se encuentra en una lucha legal para lograr su inscripción. Se ha presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con la esperanza que una protección de este tribunal le permita participar.

Las altas Cortes de este país tienen en sus manos la participación de estos personajes claves en las siguientes elecciones. Un revés de cualquiera de ellas puede significar un cambio en el panorama electoral. Aún no sabemos quién podría capitalizarlo. La incertidumbre continúa. Es tarea de las Cortes dejar esto dilucidado lo antes posible en pro de la democracia.

El sistema de justicia guarda una importante relevancia para estas elecciones. Lo que nos recuerda que no podemos apartar de nuestra vista que, así como estamos por cambiar autoridades en el Organismo Ejecutivo y Legislativo, en la elección popular, también este año se llevará a cabo el nuevo nombramiento de los Magistrados de las Salas de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.

El rescate de la democracia y el Estado de Derecho está en juego.