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Una democracia que depende de los jueces

Barataria

Para esta semana se tiene programada por parte de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad la resolución de los casos que deberán conocer sobre los candidatos presidenciales Zury Rios, Sandra Torres, Thelma Aldana y Mauricio Radford para permitir o no la participación de los mismos en las elecciones generales a celebrarse el 16 de Junio.  Además de estos casos, habrán otros de candidatos a diputados y puestos de elección popular que se estarán dirimiendo no solamente en la Corte de Constitucionalidad, además existen amparos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia sobre eventuales candidaturas a otros cargos de elección popular como Alcaldes Municipales.  La judicialización de la política no es la mejor manera de llevar a cabo un proceso electoral, especialmente porque las cortes, se han tomado su tiempo, para resolver los casos creando una inseguridad tal en cuanto al proceso electoral, que no le hace nada bien a la democracia.

En Guatemala, llamamos democracia al ejercicio que hacemos cada cuatro años, en los cuales se nos permite elegir a nuestras autoridades, las elecciones que han sido inmaculadas desde que se inició la era democrática en los años ochenta garantiza el respeto a la voluntad popular.  Sin embargo, luego que las autoridades toman el poder la población que les ha elegido no tiene incidencia en las decisiones de los mismos y por otro lado las autoridades que están conscientes de las necesidades de la población no responden a tales necesidades puesto que se hacen literalmente de “oídos sordos” al clamor popular.  Esto lo vemos claramente en la clase de diputados, alcaldes y presidente y vicepresidente que han sido electos y que “traicionan” a sus electores de una manera más que descarada y desvergonzada.  De los Diputados al Congreso de la República no vale la pena mencionarlos, puesto que a excepción de los Diputados Distritales, elegimos en lista nacional a un grupo de personas que no conocemos y el famoso “distrito metropolitano” a otro grupo de personajes que no nos representan.  De los Diputados al Parlamento Centroamericano, ya ni podemos manifestarnos dado que en realidad no tienen ni incidencia y tampoco les interesa la integración centroamericana, el Parlacen ha sido refugio de parientes, amigos y otros personajes tanto de candidatos, funcionarios y financistas.

Siendo así las cosas, nuestra democracia no nos permite a los electores exigirles de manera directa a los funcionarios que se encumbran en el poder, el cumplimiento de sus promesas, el ejercicio de una función pública transparente y la eficiencia en el gasto público para que encaminen sus esfuerzos a satisfacer las principales necesidades de la población.  De hecho los funcionarios públicos deben entender que no son dueños de los dineros de los contribuyentes, son administradores de ello y deben hacerlo con responsabilidad.  Sin embargo, resulta aún peor que la democracia hoy en día dependa del criterio de los jueces, ya que estos han olvidado que la necesidad de que existan jueces es porque su función natural es la de juzgar, es decir aplicar la ley con prontitud para que no se mantenga una incertidumbre jurídica.

Resulta verdaderamente triste y deleznable, que a poco más de un mes de que se celebren los comicios, nos encontremos en incertidumbre sobre quienes van a ser los candidatos presidenciales, en algunos municipios se encuentran en incertidumbre sobre quienes van a ser sus candidatos a Alcaldes, tampoco conocemos sus planes y propuestas electorales.  En ambos casos tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte de Constitucionalidad no han resuelto acciones judiciales que se han derivado de la ineficaz e incompetente actitud del Director del Registro de Ciudadanos (que resuelve según convenga no con base a la ley) y la irresponsable actitud de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (que firman cuanta resolución les pongan enfrente si detenerse a leer lo que las mismas contienen, muchas de estas resoluciones son no solo arbitrarias sino que en algunos casos no hay motivación en las mismas y no resuelven los diversos recursos que se les ha presentado).  Mientras tanto los Magistrados de las Cortes (Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad), se han “tomado su tiempo”, sin que nada ni nadie les obligue a resolver; no se entiende que siendo Magistrados y estando en obligación de dar certeza jurídica al proceso electoral, no hayan tomado tiempo suficiente para resolver todas las impugnaciones que se les han presentado dando certeza al proceso electoral.

Al final, la democracia guatemalteca no depende de nosotros los ciudadanos, quienes en realidad tenemos el poder y lo hemos delegado.  Al contrario, por un lado depende de los jueces que decidirán quienes van y quienes no van a ser postulados candidatos en este caso, lo triste será que sus resoluciones sean políticas a conveniencia y no jurídicas en apego a la ley.  Y por otro lado, durante los siguientes cuatro años depende de los funcionarios quienes una vez han tomado posesión se olvidan, que se deben al pueblo y que deberán ejercer sus funciones en beneficio del país y no en beneficio de ellos o de sus allegados.  Siempre me he preguntado si esta es la democracia que queremos, que nos merecemos, la que necesitamos; pero en tanto estemos en este péndulo en donde antes de las elecciones la política se judicializa y luego de las elecciones la justicia se politiza (porque vienen las designaciones de los Magistrados a las cortes).  Estaremos ante una Democracia que depende de los jueces. ¿Habrá que cambiar el sistema?

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: https://elsiglo.com.gt/2019/05/05/la-seguridad-ciudadana-en-crisis/

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