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En tanto la Fiscal General del Ministerio Público, anunció que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se convertirá en una fiscalía de sección contra la impunidad, lo que unido a la dimisión de aprobar reformas para fortalecer las instituciones del sector justicia y el anuncio de cese del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), representan el fin del modelo de lucha contra la corrupción que impulsó Guatemala, y que permitió la persecución penal de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros funcionarios públicos de alto nivel y empresarios.

Al mismo tiempo Estados Unidos divulga un nuevo informe donde reconoce que la corrupción en el Triángulo Norte es “endémica y sistémica y uno de los mayores retos que estos países enfrentan”. Este informe revela una lista de sospechosos de actos de corrupción que incluye a personas con vínculos con presidentes en funciones de Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que puede catalogarse como una reafirmación de los nexos existentes entre el crimen organizado y los gobernantes de la región.  Nacionalmente se han señalado esas ligaduras en los distintos procesos en los cuales la CICIG interviene como querellante adhesivo.

En la lista de nombres de los tres países del Triángulo Norte, figuran 23 guatemaltecos, entre ellos Mario Estrada, Otto Pérez Molina, Erick Archila, Baudilio Hichos, José Antonio Coro, Luis Rabbé, Alejandro Sinibaldi, Julio César López Villatoro, Pedro Muadi, Blanca Stalling y Beatriz Ofelia De León.

La mayoría de esas personas están procesadas en Guatemala, pero de forma suspicaz los casos se han retardado porque los implicados han planteado recursos y acciones espurias que se trasladan a distintas Salas de las Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia u otros tribunales que no resuelven en los plazos legales y así consiguen aplazar el trámite.

Con estas acciones se logra ganar tiempo y llegar a septiembre que culmina el mandato, pues al no existir un Ministerio Público fortalecido, un Organismo Judicial honesto e independiente, ni un querellante adhesivo fuerte, tienen la certeza que sus causas penales serán desestimadas.

Esto significa que esos casos quedarán sin juzgarse, porque hasta el momento no hay un modelo viable y coherente frente a la ausencia de la CICIG que para septiembre se encuentre preparado para asumir sus funciones. Sin embargo, nadie aspira desempeñar esas funciones porque eso significa un desgaste al tener que enfrentar al poder real en nuestro país y así mismo incorpora un riesgo latente para las personas que la podrían constituir, como el perder la vida o libertad.

Tampoco podría ser una entidad gubernamental, puesto que desde que se declaró el cese del mandato de la CICIG, las pocas Instituciones públicas que eran rescatables se han  alineado al poder estatal.

A nivel internacional se visualiza un ataque de los corruptos que va para atrás. Se denuncia que las autoridades en lugar de redoblar la lucha contra la corrupción han promovido un proceso de retroceso y un ataque que va para atrás. Se sostiene que Guatemala tiene las manos sucias a lo externo, a pesar que en casa, hoy casi las tiene limpias.

El informe de EE.UU. critica duramente al gobierno guatemalteco y a la élite empresarial por impedir los esfuerzos anticorrupción, atacar la independencia judicial y hacer contrapeso a los avances hechos por el Ministerio Público y la CICIG.

Este nuevo listado y la posición de EE.UU. otorgan una luz de esperanza a esta estrategia anticorrupción bien formulada, porque como lo indicó la congresista Norma Torres, finalmente el presidente de Estados Unidos reconoce hasta dónde ha penetrado la corrupción en estos países centroamericanos y los alcances que permite.

Y es que no es un secreto que la corrupción naturalizada a alto nivel, es perniciosa para el desarrollo del país al socavar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, y fabricar un mayor grado de desigualdad e injusticia en la sociedad.

Ahora que empezamos a gozar nuevamente del respaldo de esta potencia mundial, es tiempo que la sociedad civil retome las fuerzas, salga del cansancio y la frustración y se concentre en las repercusiones del cese del mandato de la CICIG para desarrollar tácticas de rescate del modelo de lucha contra la corrupción.

En primer lugar, hay que exigir a la Corte de Constitucionalidad que emita la decisión que tiene pendiente sobre este tema. Como punto siguiente, es reclamar que se supriman las iniciativas de ley que promueven un retroceso en la lucha contra la corrupción. Y en tercer lugar requerir reformas normativas al sector justicia que vayan en un proceso de avance y no de regresión, para tener instituciones sólidas y transparentes que den cuenta de sus actos y puedan investigar y juzgar independientemente.

Como guatemaltecos debemos estar conscientes que la lucha contra la corrupción es un proceso que no se gana de la noche a la mañana, porque aunque ese flagelo se percibe como algo común, no es normal, y por eso se requiere un esfuerzo grande y medidas concretas para que la lucha contra la corrupción sea sostenible a corto, mediano y largo plazo y se evite la impunidad.

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