Columnas

Del Tribunal Supremo Electoral y otros demonios

Barataria

Todo derecho contenido en ley, contiene dos aspectos fundamentales: el aspecto ideal y formal que es lo que se encuentra en el texto legal y el aspecto real  que se materializa a  medida que las instituciones encargadas de hacerlos valer son sólidas y estables.   Para que una Institución del Estado, sea realmente sólida dependerá mucho de los funcionarios que la dirigen y que cumplan su función pública sometidos a la ley y no suponiendo que son superiores a ella.  Durante el proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral  funciona como la institución que por mandato constitucional es garante de la pureza del evento y de la voluntad popular, por ello es muy importante que esta institución desempeñe su función como un garante y  árbitro  con total imparcialidad en el proceso.    

Es así como podemos recordar que en el pasado desde sus inicios esta institución ha gozado de mucho prestigio y por ella han ocupado el cargo de Magistrados muchos juristas quienes le dieron una mística que le aportó credibilidad de la población y de los mismos partidos políticos.  De allí que podemos mencionar, sin menospreciar a otros; a algunos como Justo Rufino Morales, Arturo Herbruger Asturias, Mario Guerra Roldan, Félix Castillo Milla, Gonzalo Menéndez  De la Riva, John Schwank.  Existía una coordinación entre las diferentes dependencias y los Magistrados de tal suerte que aún con candidaturas que fueron cuestionadas las resoluciones se apegaban a derecho y el Tribunal Supremo Electoral se guardó de parcializarse en contra o favor de candidato alguno, sino que dejaba esas cuestiones a la justicia ordinaria y nunca recurrió resolución alguna puesto que ello podía poner en entredicho su parcialidad y perder su papel de árbitro y rector del proceso electoral.

Sin embargo en el actual proceso electoral tanto el Director del Registro de Ciudadanos como el Tribunal Supremo Electoral, que les ha puesto en verdadero entredicho en cuanto a su papel de rector imparcial del proceso electoral.  En efecto, la primera parte del proceso electoral, que es  la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, se ha realizado de tal manera que existen diversos criterios para los postulados.   Unas veces resuelven sí,  otras veces resuelven no y  otras veces depende de circunstancias, resuelven sí, apoyándose en algún subterfugio legal como en el caso de “transfuguismo” de los Diputados del Congreso de la República  y cuya interpretación antojadiza ya la han realizado tanto el Director del Registro de Ciudadanos y los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a sabiendas de que no se puede “suponer” lo que la ley dice..   Lo que el Tribunal Supremo Electoral no se da cuenta es de la seriedad del proceso electoral, de la incertidumbre que causa y del grave daño que se le hace al sistema democrático guatemalteco que está ávido de tener instituciones serias, estables y fuertes. Que ya mucho tenemos con el sistema judicial inestable en nuestro país como para que en pleno proceso democrático la institución que garantiza no solamente el voto, sino la participación de ciudadanos a cargos de elección no cuente con seriedad para realizar su labor y tenga “diferentes criterios” para resolver los casos y dependiendo del caso, así aplica un criterio diferente lo cual está sentando un precedente nefasto.

Y es que, en realidad, hay casos contrastantes que podemos mencionar para muestra un botón: Por un lado se le impide participar al señor Alfonso Portillo por una condena en Estados Unidos, sin embargo por otro lado si se permite la participación del señor  José Armando Ubico, quien también cumplió una condena de prisión en Estados Unidos.  El argumento del Director del Registro de Ciudadanos es que en el caso del señor Portillo es un hecho es notorio  y en el otro caso a él en lo personal otro no le consta.  Es decir, que su decisión no se funda en hechos, sino en lo que al señor Director del Registro de Ciudadanos le consta en lo personal.  Así nos hemos enterado de que a otros candidatos a Alcaldes se les ha vedado la oportunidad de participar bajo la premisa de que si se les ha planteado algún proceso penal en su contra no pueden acceder a la candidatura, violando la su presunción de inocencia  y  de esta manera la Dirección del Registro de Ciudadanos está condenando a estos candidatos cercenándole sus derechos políticos antes que un órgano jurisdiccional lo haga en sentencia firme y con la gravedad que la Magistratura Electoral ratifica estos disparates jurídicos.  Estos hechos no solo son graves por vedarse la participación de candidatos que sí deberían participar en el evento electoral, sino porque el Tribunal Supremo Electoral no ha resuelto los recursos de Nulidad que se le plantearon en los plazos que manda la ley que es de tres días, sino que se han resuelto tres semanas después de presentados los mismos  sin mayor fundamentación jurídica lo cual limita el ejercicio del derecho de los candidatos.

El Tribunal Supremo Electoral abandonó su papel de árbitro imparcial en el proceso electoral al plantear apelaciones en contra de la candidatura presidencial de la señora Zury Rios por el partido Valor ya que apeló el otorgamiento del amparo provisional y el amparo definitivo.  Independiente de la viabilidad legal o no de tal candidatura, lo cierto es que al Tribunal Supremo Electoral en nada le afectaría tal candidatura y era factible que los partidos políticos si actuaran en contra de la misma.  Pero en su afán de ser un protagonista más en el proceso electoral, esta institución no ha actuado como un árbitro imparcial sino como parte afectada dentro de estos procesos apelando fallos en amparo.  Ya que al hacerlo toma partido en un proceso en donde su función es ser rector, arbitro e imparcial.

Los precedentes que ha dejado esta Magistratura del Tribunal Supremo Electoral, no son sanos para la democracia y menos para el presente evento electoral.  Con diversidad de criterios para inscribir, con resoluciones sancionando candidatos  imponiéndoles multas, sin que se les permita mediante una audiencia previa hacer uso de su derecho de defensa y únicamente basada en un informe de su Unidad de Medios o bien utilizando el precepto constitucional relacionado a la idoneidad y honorabilidad para descalificar a unos candidatos  y para admitir a otros.  El Tribunal Supremo Electoral, durante las presentes elecciones se ha convertido en un actor innecesario, similar a un árbitro de un partido de futbol  por su afán de protagonismo perjudica tanto a los equipos, como a los espectadores, porque se vuelven tan parcial que no tiene un solo criterio para dirigir el encuentro.     

Ojalá no resulte  más adelante que alguno de  Magistrados Electorales resulten ocupando puestos en el nuevo gobierno que tome posesión a partir de 2020, como sucedió con la anterior Presidenta de dicho tribunal que terminó ocupando el puesto de  Procuradora General de la Nación, lo cual creó una suspicacia muy grande.  Así podemos ver muchos a funcionarios continuar con sus “carreras de servidores públicos” a costa de sacrificar la decencia, la honradez, la ética y la responsabilidad y el verdadero patriotismo.  Porque ya basta de tener como funcionarios públicos a aquellos que utilizan los cargos para “hacer favores” que luego cobrarán para continuar ocupando otros cargos públicos que por capacidad no obtendrían jamás, pero que los logran porque utilizan la función pública como plataforma para sus propios intereses, vendiéndose al mejor postor que les garantice un nuevo cargo al terminar el periodo de su actual función pública.  No nos gustaría ver  que el Director del Registro de Ciudadanos resultara “casualmente” siendo Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, bajo una votación de los partidos que ha favorecido o que alguno de los actuales Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, resulten siendo Magistrados de la Corte Suprema o de la Corte de Constitucionalidad o cualquier otro cargo, porque si ello sucede entenderemos a la perfección por qué tuvimos un Tribunal Supremo Electoral tan mediocre y que la función que han desempeñado ha sido en beneficio de unos pocos  y no en servicio del país. 

TEXTO PARA COLUMNISTA

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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