El resarcimiento

Teorema

Los diputados –al menos teóricamente— actúan y deciden en representación de los ciudadanos. Esto es, de la gran mayoría de nosotros. En estos días, un grupo de personas que dicen ser exmilitares, exigen al Estados una cifra multimillonaria. El Estado carece de dinero, solo dispone de los fondos que quita a los contribuyentes.

Los ciudadanos nos vemos compelidos a pagar impuestos –por algo se llaman así. No nos gusta hacerlo pero lo aceptamos de buen grado cuando creemos que ese dinero será utilizado en nuestro beneficio o para causas nobles. También pagamos cuando media el uso de la fuerza o la amenaza de un juicio.

Así, pagaríamos de buen grado impuestos destinados a mantener, mejorar o construir infraestructura física. Estaríamos dispuestos a financiar los servicios de seguridad y justicia si fueran razonablemente buenos.

Estamos de acuerdo con pagar por la administración de las finanzas públicas, del subsuelo y de los recursos naturales. De acuerdo con la Constitución, esa gestión corresponde al Estado. Así también, los gastos de representación de nuestro país en el exterior.

También estamos de acuerdo con transferir parte de nuestros recursos al sector más necesitado de población, ayudándole a cubrir sus necesidades de educación y acciones preventivas de salud, así como de medicinas, servicios médicos y servicios hospitalarios.

Hemos aceptado —algunos de muy mala gana— que tales transferencias (educación y salud), dentro del presupuesto, sean más altos que seguridad, justicia, infraestructura y Cancillería.

El Estado debe usar todo su poder coercitivo e intimidatorio para que paguemos los gastos de la burocracia ocupada en funciones que no llegan a justificarse, ni en su naturaleza ni en su falta de eficiencia.

Creo que muy pocos o ningún contribuyente, grandes o pequeños, está de acuerdo con que sus recursos se destinen (vía impuestos) al pago de resarcimiento a personas o grupos de personas. Menos aun cuando estos, los beneficiarios y las cifras permanecen ocultas a la población que paga. Peor cuando median intereses o influencia política.

Trascendió que algunos miembros de la familia Molina Theissen cobraron una cifra millonaria y que lo hicieron más de una vez. La señora Menchú también resultó beneficiada después de que, supuestamente, su papá y otros guerrilleros incendiaran la Embajada de España. Se habla también de Nineth Montenegro y cifras muy altas pagadas a ella, a su hija y al dirigente Mario Polanco, por el asesinato del dirigente sindical Fernando García.

Pero no se sabe con precisión cuándo sucedió el pago a esas personas ni cuánto les pagaron. Tampoco sabemos cuántas otras personas han obtenido beneficios semejantes. Sin embargo, es conocido que varios abogados se especializan en tramitar resarcimientos y que tienen mucho trabajo.

Las cantidades pagadas constituyen información privilegiada que permanece oculta. De conocerse, se ha explicado, podría dañar la actividad pública de los favorecidos –la mayoría tiene nexos políticos. Nuestro papel, como ciudadanos contribuyentes se ha reducido a pagar. Preguntar o pedir explicaciones no nos atañe, se nos dice que eso es cosa de “expertos”.

Hoy, supuestos militares, que en número, dicen ser 1.7 millones de personas, exigen un resarcimiento de Q. 85 mil para cada uno, además piden una vivienda “digna” y un seguro de vida. Solo el resarcimiento significaría Q. 144.5 miles de millones.

Tal cantidad equivale a casi 2.5 veces la tributación total que todos los guatemaltecos pagamos en impuestos. Si se atiende las exigencias de estas personas, pasaríamos dos años y medio dedicando la totalidad de nuestros impuestos a pagarles. No alcanzaría para nada más.

Tal extremo, tan absurdo, tan alejado de la realidad, no puede suceder. El país no dispone de esa suma. Y si la tuviera, hay otras prioridades.

Los manifestantes han amenazado con sabotear las elecciones. Han dicho que pueden hacer estallar bombas en el territorio nacional, para sembrar terror en la ciudadanía. Han desafiado abiertamente al Ejército Nacional, asegurando que tienen armamento capaz de enfrentarlo en lucha armada.

No es necesario conocer de leyes para saber que su actitud, es ilegal y que han incurrido en varios delitos. Si llegara a mediar violencia, sedición, entre otros muchos cargos, me parece que es la palabra adecuada para las transgresiones ya cometidas.

Los ciudadanos observamos, entre suspicaces y asombrados cómo el Ejecutivo responde a estos supuestos exmilitares proponiendo una “mesa de diálogo”. No hay lugar para el diálogo cuando se está frente a una extorsión abierta: Sabotearemos las elecciones si no nos pagan –dijeron, con absoluta claridad.

Hay asombro porque el camino para el gobierno está marcado. Debe apresar a los cabecillas y a sus más cercanos aliados. Debe someterlos a la autoridad que corresponda. No hay alternativa. No puede eludir lo que en ley y en simple sensatez, le corresponde hacer.

Hay suspicacia, porque a) el monto exigido es impagable; b) el país está inmerso en un proceso electoral; c) el gobierno inició negociaciones en vez de actuar como corresponde. De allí surge la pregunta: ¿a quién busca beneficiar, políticamente, con un acuerdo gobierno-exmilitares? Adivinar nunca ha sido tan fácil.

Creo que el Congreso debe actuar en protección de los abusos del Estado. En representación nuestra, debe exigir al Estado cumplir con su deber. Y más allá de la actual coyuntura, el Congreso debe legislar prohibiendo al Estado resarcir a nadie, por ninguna razón.

Puede suceder que una entidad externa, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene al Estado guatemalteco pagar resarcimiento a una persona o grupo de personas. Puede ser que tal orden deba ser acatada. Entonces, en prevención de tal sanción, el Congreso debe legislar a manera de prohibir pagos superiores a Q. 100 mensuales, por ejemplo.

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