Barataria

Cierto es que la moralidad e inmoralidad de un funcionario público o un candidato al puesto de elección popular casi no es tomado en cuenta al momento en que se le nombre para el cargo o bien que los votantes acudan a las urnas a elegirlos.  En realidad siempre hemos pensado que la vida privada de cada persona expuesta públicamente en su función no debe interesar al momento en que se decida votar por él o que se le nombre en un cargo.  En época electoral siempre saldrán a luz algunos deslices de los candidatos, siempre oímos algún audio, vemos algún video o unas fotos que hacen ver que la persona que hemos de elegir ha estado inmerso en asuntos “cuestionables” para la opinión popular y muchos simpatizantes, partidos políticos, seguidores y otros se afanan por publicarlos especialmente en este tiempo en que las redes sociales y la tecnología se encarga de hacerlos “virales” para que un grupo fuerte de votantes pueda ver y el candidato afectado termina perdiendo el encanto que había causado.

La moralidad de la que quiero hablar está al margen de las opiniones sobre si estamos en favor o en contra del aborto, sobre opiniones de la diversidad sexual, o sobre si somos o no religiosos, que son temas que deberán ser enfocados en otro tiempo con mucha madurez, análisis y tolerancia.  Dejo en claro que no estoy expresando mi opinión en contra o en favor de estos aspectos.  Más bien quiero enfocarme en la inmoralidad que se da con la vida licenciosa y desordenada que pueda tener quienes aspiran al cargo de elección popular o bien de los muchos funcionarios públicos que actualmente ejercen funciones.  En mi despacho jurídico tuve la oportunidad de atender hace algún tiempo a una señora madre de dos hijos que me solicitó una reunión para plantear la conveniencia de iniciar un juicio para obtener un aumento a la pensión alimenticia que recibía por sus hijos menores.  Al indagar sobre el padre de sus hijos menores, según supe es un funcionario público de cuadros medios en una institución, casado desde hace muchos años con otro persona y con hijos de ese matrimonio, la cliente que atendí resultaba ser su ex pareja con quien tuvo sus hijos pero, actualmente este funcionario “andaba con una novia”.  Es decir que el citado funcionario no solo está casado y tiene su hogar, sino que sostiene otros dos hijos fuera de matrimonio de su expareja, pero que además “anda saliendo” con otra persona.  Esto me hizo reflexionar sobre un tema fundamental ¿Cuánto dinero necesita este funcionario público para poder mantener ese ritmo de vida licenciosa?  No puedo pensar en una respuesta, especialmente porque los funcionarios públicos tampoco ganan “dinerales” y la función pública les absorbe mucho tiempo, como puede este hombre arreglárselas para proporcionarle un nivel de vida nada despreciable a sus “tres frentes” como se dice en el argot popular.  Muchos son los casos en los que hemos oído o conocido de funcionarios que tienen vidas similares con dos o tres “hogares”, o bien que tienen vicios serios en los cuales despilfarran cualquier cantidad de dinero, o también que han caído en otro tipo de situaciones inmorales que les hacen necesitar de grandes cantidades de dinero para mantener ese ritmo de vida.  Resultaría entonces evidente, que con un salario como el que tendría un funcionario público aún si fuera un Ministro de Estado,  cuyo salario oscila entre Q,45,000.00 a Q. 55,000.00 que no es este caso en particular le costaría llegar a cubrir estos gastos.  Entonces ¿Cómo le hace?  No esperaría la respuesta porque seguramente diría “tengo negocios” si es que así se le puede llamar a la corrupción.

A propósito del actual Ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo los medios periodísticos hace un tiempo publicaron una nota en la que había contratado a dos ex parejas madres de dos de sus hijos con contratos como asesoras en el mismo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.  Dejando de lado el nepotismo, que por sí es deleznable, no se puede más que considerar que la cuestionada moralidad que no es un caso aislado sino común en la función pública, que utilizan las instituciones como empresas familiares para solventar sus propios problemas falta de cumplimiento de sus obligaciones legales a costas de los impuestos de todos los guatemaltecos, encontrándole una solución temporal a los problemas que resultan de vida licenciosa e inmoral.

La corrupción tiene una estrecha relación con la vida licenciosa  e inmoral de quienes utilizan la función pública como una forma de satisfacer sus bajas pasiones, darse la “gran vida” que con los salarios de los funcionarios no les alcanzaría por lo que recurren ineludiblemente a la corruptela, que está minando las instituciones del Estado con funcionarios públicos que se creen dueños de la institución y del presupuesto que manejan con lo que literalmente encuentran solución a los problemas que tienen para sufragar sus propios gastos resultantes de una vida licenciosa. 

Imaginemos si una empresa seria quisiera contratar como Gerente a cargo de la misma a una persona con una vida licenciosa e inmoral permitiéndole hacer uso de los recursos de la misma a discreción y esperando que rinda grandes utilidades.  Seguramente este Gerente caería indefectiblemente en corrupción porque necesitaría más que el sueldo para continuar su vida inmoral y licenciosa.  La corrupción tiene muchas causas a las cuales hay que combatir, sin embargo la inmoralidad y vida licenciosa de los funcionarios públicos puede hacer que este flagelo se agudice porque no se puede concebir que  un funcionario público con una vida licenciosa e inmoral, va a poder mantener ese tren de vida con un salario que percibe, por lo que la exigencia ciudadana al margen de la vida personal de los candidatos a puestos de elección popular y de los funcionarios debe ir más allá de exigir que cumplan con su función. Debe exigirse personas con vidas ejemplares y moralmente aceptables.

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