No hay delito de fraude electoral

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Algunos ciudadanos opinan que en las elecciones generales del pasado 16 de junio hubo fraude electoral, y exigen, por ejemplo, destituir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o repetir las elecciones. Empero, algunos opinan que no hubo fraude electoral, sino errores de computación de votos.

Pudo no haber tal fraude; pero de los hechos surge fecunda la sospecha. Pudo haber habido fraude; pero esos mismos hechos son invocados para reconocer errores y reiniciar el cómputo de votos, como si nunca hubiera habido alguna maléfica intención de fraude.

Haya habido o no haya habido fraude, o intención de cometerlo, el Código Penal no define un delito que consiste en “fraude electoral”; y por aquel principio del derecho penal según el cual nadie puede ser acusado de cometer un delito que previamente no esté tipificado en la ley, es decir, nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, sucede que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no pueden ser acusados de cometer precisamente un “fraude electoral”; y por consiguiente, tampoco pueden ser destituidos por haberlo cometido.

El Código Penal, en el capítulo denominado “de los delitos electorales”, únicamente define estos delitos: “turbación del acto eleccionario”, “coacción contra elecciones”, “coacción del elector”, “fraude del votante”, “violación del secreto de voto”, “ocultamiento, retención y posesión ilícita del documento que acredita la ciudadanía”, “abuso de autoridad con propósito electoral”, “abuso con propósito electoral”, “propaganda oficial ilegal”, “atentado contra el transporte de material electoral”, impedimento de “fiscalización de fondos electorales”, aporte de una persona natural o jurídica, de “más diez por ciento del límite máximo de gasto de campaña” y “financiamiento electoral ilícito”.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral podrían ser acusados, no de cometer un fraude electoral, sino del delito de “abuso de autoridad con propósito electoral”, que puede cometerlo el “funcionario o empleado público que utilice su autoridad o ejerza su influencia para beneficiar o perjudicar electoralmente a una organización política.” Este delito es penado con prisión de uno a tres años”, y con “inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público”.

Esos mismos magistrados también podrían ser acusados, no de cometer un fraude electoral, sino del delito de “incumplimiento de deberes”, que lo comete “el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo.” Este delito es penado con prisión de tres a seis años y con “inhabilitación especial.”

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entonces, pueden haber alterado fraudulentamente el cómputo de votos para beneficiar o perjudicar a una organización política, o pueden haber incumplido deberes; pero la ley penal les otorga la extraordinaria ventaja de no poder ser acusados de cometer un fraude electoral. Y si se autorizara someterlos a procedimiento penal, y se demostrara que cometieron el delito de “abuso de autoridad con propósito electoral”, y el delito de «incumplimiento deberes», podrían ser condenados solo hasta nueve años de prisión, y ser “inhabilitados”. No importaría, entonces, que hubieran sido autores de una catástrofe electoral o de un atentado contra una ya miserable democracia.

Conjeturo que el legislador que aprobó la ley penal excluyó el delito de fraude electoral para que estuviera excluida la posibilidad de tal fraude; pues si se hubiera tipificado tal delito, se hubiera admitimos tal posibilidad. Creo que fue una estupidez legislativa porque no por excluir de la ley penal ese hecho, es decir, el fraude electoral, sería imposible que tal hecho pudiera suceder. Entonces, ahora, solo puede haber un “abuso de autoridad con propósito electoral” y un “incumplimiento de deberes”, penados con tanta generosidad que perecen ser delitos premiados.

Post scriptum. No he pretendido afirmar que hubo o no hubo fraude electoral; pero sugiero que se agregue, en el Código Penal, el delito de fraude electoral, y que quienes lo cometan sean condenados a prisión vitalicia, aunque uno estaría tentado a proponer pena de muerte.