Evolución

De acuerdo a datos incluidos en el Reporte Mundial Sobre las Drogas del año 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, se desprende que, en singular, el país que reporta el mayor consumo de drogas de los diversos tipos que se analizan en el estudio es Estados Unidos de América. Esto, aparte de su demostración con estadísticas relativamente confiables debido a la naturaleza del “mercado” que se analiza, es algo que se puede intuir o deducir con facilidad. Tampoco es sorpresa que la gran mayoría de drogas que se producen y trafican en América Latina, incluida la significativa cantidad que pasa por Guatemala, tienen como destino final los Estados Unidos. En ese contexto, Estados Unidos tiene una enorme, mejor dicho, la principal responsabilidad de los problemas que se derivan del tráfico de drogas declaradas ilícitas por ellos mismos, a la vez que tienen en sus manos la solución más simple de todas: la legalización del consumo y tráfico de drogas.

En términos económicos sencillos, la demanda de drogas, como de cualquier bien, estimula la oferta y, por consiguiente, en la medida que exista en Estados Unidos demanda para dichas sustancias, alguien se encargará de suplirlas a los consumidores norteamericanos. Y dado que su carácter ilícito incrementa el riesgo tanto para consumidores como para traficantes, el precio de la droga se incrementa y el negocio se vuelve lucrativo a niveles exorbitantes, a pesar de ser peligroso e ilegal. Lógicamente de allí se deriva en gran medida la violencia y corrupción desenfrenada que padece América Latina, pues los traficantes estarán dispuestos a todo con tal de preservar las inconmensurables ganancias que les deja el negocio de las drogas ilícitas.

En el mundo ideal, aparte de la legalización, la otra solución inverosímil sería que Estados Unidos tomara medidas serias para disminuir o desincentivar la demanda, pero tampoco le interesa. Eso nos lleva a la opción más sensata y viable, que es la postura que deberían asumir los países latinoamericanos, incluido Guatemala lógicamente, que es presionar para que Estados Unidos asuma su responsabilidad en el problema que ellos mismos han provocado, y que hasta ahora le han trasladado a nuestros países la mayor parte del costo, incluido el que se paga con vidas, violencia, crimen y corrupción.

En el caso nuestro, por ejemplo, no tiene sentido alguno que nos gastemos $28 millones en aviones militares para pelear una guerra que no es nuestra. Mucho alboroto se ha generado respecto de esa suspicaz “adquisición”, pues según el ministro no fue una compra, pero, en general, la discusión se ha centrado en la forma y en muchos casos también las argumentaciones a favor y en contra redundan en los posicionamientos ideológicos antagónicos que en Guatemala parecen ser insuperables.

Si en el fondo el tema es el combate al narcotráfico en nuestro país, con los mecanismos legales adecuados y respetando el marco constitucional se podría establecer algún convenio sensato de cooperación con Estados Unidos para que ellos directamente se encarguen con sus recursos, tecnología, personal y equipamiento del monitoreo y disuasión de naves y aeronaves que transporten drogas ilícitas que tengan como destino sus costas y territorios y que transiten por nuestros cielos y aguas territoriales. Por cierto, no me extrañaría que ante tal propuesta los hipócritas de siempre ahora si reclamen “soberanía”. Pero, insisto, Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en el problema del narcotráfico que ellos mismos generan y es el momento que América Latina así empiece a exigirlo.

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