Giro drástico a las instituciones públicas
La Picota
Al igual que el tránsito capitalino en horas pico, las instituciones públicas ya colapsaron. La solución no la tienen esos empleados y funcionarios que dejan pasar los actos de corrupción de sus subalternos y prefieren callar. El acomodamiento de quienes han estado en cargos públicos por conservar un sueldo, permite que tengamos un gobierno inoperante y burocratizado.
Para salir de los empleados corruptos hay que entrar de lleno a la limpia. Para ello se necesitan funcionarios valientes que no le teman a los sindicatos, que no se amedrenten ante las denuncias falsas, que no teman decir la verdad caiga quien caiga. Encontrar personas dispuestas a todo para darle un giro drástico a las instituciones públicas es más que una odisea. Solo pueden hacerlo quienes tienen solvencia económica para no depender de un salario, también para pagar abogados en caso de ser contra denunciado por los corruptos, algo que suelen hacer para desprestigiar a quien descubre sus tranzas.
Es importante evaluar a los candidatos que van a segunda vuelta y sus propuestas. La vieja política indica que se deben hacer pactos para ganar el aval de ciertos sectores o el apoyo de los alcaldes de otros partidos. El sector empresarial organizado en las Cámaras, tiene cuotas pre establecidas que mantiene bajo su dominio desde hace décadas. Ministerios como Energía y Minas, Agricultura y Economía se ofrecen como mercancía a cambio de financiamiento electoral. Instituciones como la ANAM y el INFOM, son dados en concesión a los alcaldes más relevantes. Los cargos son un negocio para alguien, menos para una población necesitada de servicios eficientes. Ni hablar del Ministerio de Cultura y Deportes que es usado como oficina de empleo de los diputados o para compra de material promocional en tiempo de elecciones.
Como esos ejemplos, en todas las carteras, instituciones autónomas y semi autónomas, existe la misma dinámica. Se trata de contratar a los amigos y familiares, aunque no tengan capacidad para desempeñar los cargos. Muchos recién graduados que, si bien tienen derecho a un trabajo, pasan tiempo capacitándose, lo que incide en la mala calidad de los servicios públicos y un costo oneroso para el contribuyente.
No parece probable que el Congreso entrante tenga voluntad para hacer las modificaciones a la Ley de Servicio Civil, debido a que los intereses de los diputados van en la vía de recuperar la inversión de sus campañas por medio de plazas fantasma o el pago de un porcentaje de los sueldos de los recomendados que logran colocar. Podemos esperar otros cuatro años de lo mismo, si no tomamos al toro por los cuernos y el nuevo gobernante apoya la limpia de la administración pública. O se hace, o este país se deshace.
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