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De nuevo la CSJ, violenta la Constitución

Kidon

El día miércoles de la semana pasada, doce Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, resolvieron rechazar in limine el antejuicio promovido por Guatemala Inmortal, en contra de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por virtud del cual se buscaba despojarlos de su inmunidad para investigarlos por la posible comisión de varios hechos delictivos llevados a cabo durante la primera vuelta electoral.

Sin embargo, no obstante a que la Constitución Política de la Republica de Guatemala en su artículo 165 literal “h” y 13 de la Ley en Materia de Antejuicio, establecen claramente que el único competente para conocer los antejuicios que se promuevan en contra de los Magistrados del TSE, es el Congreso de la República, doce de los trece Magistrados, pues una de ellas razonó su voto de forma congruente, resolvieron de manera dolosa y maliciosa apañar a sus pares.

Desde luego, que ese crimen no quedará impune pues ya Guatemala Inmortal el día de ayer, presentó en contra de estos Magistrados prevaricadores una denuncia para que, por un lado paguen con cárcel el delito cometido, y por el otro, sean repudiados por el pueblo en el próximo proceso de selección de Magistrados que se avecina, oponiéndose a su reelección.

Ahora, tocará que los Magistrados suplentes que conocerán este antejuicio demuestren que están del lado correcto de la ley, pues de igual forma, si resuelven en contra de los postulados legales y por ende le dan la espalda al pueblo de Guatemala, serán denunciados y recibirán las tachas u objeciones para ocupar una magistratura judicial. El camino no puede ser otro más, que trasladar este nuevo antejuicio al Congreso de la República, para que se lleve a cabo el procedimiento legal correspondiente.

Dado que, la soberanía radica en el pueblo y que este la delega para su ejercicio en parte, en el Organismo Judicial, se hace necesario que la presión ciudadana se vuelque por completo a exigir a los Magistrados suplentes el cumplimiento de la Constitución, para así, garantizar la verdadera independencia judicial y consecuentemente la paz y tranquilidad social que necesitamos.

Solo mediante la correcta actuación de jueces honestos y dispuestos a velar por la institucionalidad del país, lograremos recuperar el Estado de Derecho, vilipendiado por fuerzas obscuras nacionales y foráneas que a base de chantajes, coacciones o persecuciones ideológicas, pretenden imponer en Guatemala una agenda global, tirana y opresora, que vulnera las garantías individuales y los valores cristianos, morales y legales que rigen la sociedad.

Por último, los funcionarios públicos, jueces y magistrados incluidos deben recordar, que están al servicio del pueblo y no de partido político alguno, que su cargo es efímero y que el ejercicio del poder está condicionado a la aprobación del soberano, quien a través del derecho constitucional de resistencia legítima, los puede encausar jurídicamente e incluso exigirles su renuncia.

Artículo 154 de la Constitución: “Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

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