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Luego de CICIG

Kidon

El tres de septiembre, es la fecha en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, deberá abandonar el país, luego de más de doce años de permanencia y una millonaria cantidad de dinero injustamente invertido.

Tocará, al hacer el recuento de daños verificar los casos en donde este cuerpo ilegal de investigación tuvo participación, para establecer el lugar, tiempo y modo en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, así como los continuos ataques a la institucionalidad y estado de derecho del país, para luego, iniciar las acciones jurídicas pertinentes en contra de los responsables.

Desde luego, no podemos olvidar como esta nefasta institución utilizó de forma maliciosa su poder, para cooptar a funcionarios judiciales y medios de comunicación, para desde allí, lanzar todo tipo de ataques en contra de militares, empresarios, funcionarios públicos, familiares y amigos de estos, incluso abogados, en su afán por destruir el sistema jurídico del país, para someterlo a los designios de la extrema izquierda.

De esa cuenta, para que en nuestro país no se vuelvan a repetir los horrores judiciales, es que debemos llevar al banquillo de los acusados a todos aquellos funcionarios públicos, que de una u otra forma, utilizaron su cargo para violentar la ley o los derechos humanos de nuestros connacionales, empezando por los que torturaron a los hermanos Valdés Paíz, por un crimen que no cometieron.

Para seguir, con los asesinos del licenciado Pável Centeno, los del banquero Flavio Montenegro y del diputado Manuel Barquín, debido a la negligencia en la investigación o en la prestación de atención médica, por parte de personeros de la CICIG y de la FECI.

Los responsables de los fallecimientos en prisión preventiva de los médicos Jesús Oliva y Edwin Castañeda, debido a la reclusión perpetúa a la que fueron sometidos, y que dicho sea de paso murieron inocentes, así como de la privación de la libertad de las enfermeras del IGSS.

Los que orquestaron la persecución ilegítima del hijo y el hermano del Presidente de la República, por un hecho que no es delito y por el cual fueron declarados inocentes, así como los que intervinieron en el allanamiento ilegal llevado a cabo en la casa presidencial, reciento que goza de inmunidad por ser la residencia del mandatario.

Aquellos que pretendieron reformar nuestra Constitución, así como los que sometieron el proceso electoral a la CICIG, para desde allí, intentar imponernos en la silla presidencial a su alidada ideológica que les permitiera su continuidad.

Quienes a través de acciones ilegales, defenestración al doctor Conrado Reyes, del cargo de Fiscal General, así como a la abogada Silvia Patricia Valdés, de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, profesionales en todo el sentido de la palabra, que sufrieron las embestida de los enemigos de la libertad, que hoy salen humillados y abucheados por gran parte de la población guatemalteca.

Y que decir de la doble persecución penal en contra del señor Carlos Vielmann, ahora utilizado asesinos de la peor calaña para fundamentar su acusación, o la que se lleva a cabo en Ginebra en contra de Erwin Sperisen.

Las denuncias jamás investigadas y relacionadas con los asesinatos del periodista Hugo Arce, de los señores Mussa, del militar Byron Lima, así como las verdaderas estructuras criminales de traficantes de drogas, armas, personas y las clicas de mareros, que gracias a esa Comisión, hoy actúan impunemente.

Ante esas ilegalidades no queda otro camino más que perseguir judicial y mediáticamente a los actores claves que sometieron nuestra soberanía y con ello atentaron en contra de los derechos humanos de cientos de guatemaltecos, dentro de los que se pueden mencionar a funcionarios judiciales de la talla de Jazmín Barrios, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Delia Dávila, Carlos Ruano Pineda y Pedro Rodolfo Laynez Lux, sobrino de la señora Otilia Lux de Cotí, entre otros.

De la misma forma, agentes fiscales que siempre navegaron con bandera pro CICIG, como por ejemplo, Irma Isabel Villafuerte Duarte, de la fiscalía de litigios, de quien me consta personalmente, es amiga íntima y enlace especial dentro del Ministerio Público de Thelma Aldana, y quien responde aún a sus ordenes para fabricar casos, utilizar declaraciones de colaboradores falaces e implantar evidencias, para luego perseguir a personas de interés y abogados y notarios opositores a CICIG, y al estado cooptado, por lo que deberá responder por tener comunicación con una persona que tiene cuentas pendientes que resolver en el país.

A la prófuga de la justicia, y en especial al jefe de la fiscalía especial contra  la impunidad Juan Francisco Sandoval y otros de la misma ralea, incluyendo obviamente a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al Procurador de los Derechos Humanos y algunos vividores sociales.

A todos ellos, va dirigido este mensaje para que sepan que no vamos a descansar hasta que no sean procesados y encarcelados e incluso desprestigiados en su función pública, ante los medios de comunicación y las redes sociales, por haber socavado su cargo a intereses ilegítimos,  quebrantado la ley en perjuicio del estado y de sus habitantes.

El pueblo de Guatemala, no perdona, no olvida y no se reconcilia con ustedes, por las graves ilegalidades que cometieron y tengan por seguro que a donde quiera se vayan, serán tachados como responsables de la crisis política, social y jurídica que se generó por su dolosa intervención.

Ya nada podrá frenar la salida de este cuerpo ilegal de nuestro país, como tampoco nada podrá frenar que estos malos servidores públicos paren tras las rejas, acciones que deberán enfrentar solos, ya sin aquel manto de impunidad que el non grato les generó.

#NuncaMásCicig.

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