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Ministerio de Trabajo, cuna del desempleo

La Picota

La crítica constructiva es necesaria para mejorar instituciones como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, MINTRAB. Su utilidad consiste en ser el mayor causante del desempleo, especialmente en relación a los grandes empleadores del sector agroindustrial. Los procedimientos administrativos son caducos, sumados a una legislación arcaica que exige cumplir con procesos que se llevan todavía en libros y a mano.

Requisitos como el famoso Informe Estadístico Anual, que antes era un formulario del tamaño de una sábana y hoy es un formulario en Excel igual o más complicado que el anterior, sirven para perjudicar a los empleadores al aplicar multas discrecionales por no cumplir con requerimientos que debieron eliminarse hace años de la legislación laboral. Cada trámite y exigencia, además de servir para muy poco, representa un dolor de cabeza para los patronos del campo, en su mayoría personas con poco o nulo conocimiento de los programas electrónicos. De ajuste, hay límites de tiempo para presentar cada papelito, lo que implica andar del tingo al tango todo el año, tratando de cumplir con la burocracia en vez de ocupar el tiempo en producir, vender, exportar.

Las delegaciones departamentales del MINTRAB pueden, si se lo proponen, quebrar empresas, por los poderes discrecionales para poner de rodillas a la patronal. Las multas por incumplir cualquier requerimiento inútil han permitido la corrupción a todo nivel. Los sindicatos se aprovechan de la entidad para mantener la inoperancia  y la extorsión en contra del sector patronal. Al final, todo se traduce en una baja creación de nuevos empleos, despidos masivos en sectores como la maquila y un enfrentamiento entre trabajadores y patronos que paraliza al país.

Por el lado de la previsión social, el MINTRAB no hace mayores avances. Las negociaciones con la OIT son ociosas. Los avances en legislación laboral son lentos y tediosos. Los empresarios organizados han intentado colaborar pero son rechazados por los grupos de presión sindical y social, cuyos intereses son dañinos para los trabajadores del sector público y privado. Lo rescatable es, que algunos patronos han abusado por años de los trabajadores y el ministerio se convierte en un contrapeso.

Se advierte que para resolver los problemas laborales, generar empleos y bajar el nivel de conflictividad social, hay que sentarse a negociar con los sindicatos, especialmente con los del sector público que, últimamente, proliferan como alimañas, motivados por los privilegios establecidos en ley para los dirigentes.

La clase política también tiene su buena tajada de responsabilidad en este escabroso tema. Muchos problemas se generan en la mala gestión de los diputados en el Congreso de la República, quienes para quedar bien con los grupos de presión, especialmente los sindicatos del sector público, se esmeran en aprobar leyes que perjudican las relaciones obrero patronales. Algunos diputados se han dedicado a promover asuetos para cada sector, en perjuicio de los usuarios de servicios. Se les va el tiempo y los reglamentos vigentes están llegando a la tercera edad, para desgracia de un sector que ya viene deprimido por la crisis mundial. Se viene hablando del tema desde hace décadas y por eso llevamos medio siglo de estancamiento. Urge una nueva normativa en todos los ministerios para agilizar los procesos administrativos y que éstos sean claros, concisos y fáciles de cumplir.

A juicio de muchos este ministerio debería desaparecer, siempre que exista un ente conciliador y un ente sancionador en donde confluyan empleados y patronos para dirimir cualquier disputa. Ahorraríamos dinero del presupuesto que podría utilizarse en promover el empleo formal en condiciones aceptables para las partes involucradas.

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