Hasta nunca CICIG

2 de septiembre de 2019 Raúl Falla a reconstruir, CICIG, fuera de Guatemala, hasta nunca

Kidon

No hay plazo que no se venza, ni condición que no se cumpla dice un conocido adagio popular, y ese plazo y esa condición llegaron a su término con el experimento CICIG, quien luego de haber actuado en el país por más de doce años y con un derroche millonario, hoy llegó a su fin, dejando atrás, un cúmulo de ilegalidades, pruebas falsas, colaboradores falaces y en sí, una destrucción del sistema jurídico y político del país.

No es un secreto que esta arma ideológica, era activada por obscuros personajes de la izquierda radical, con el único propósito de perseguir y procesar a blancos determinados, entre políticos, funcionarios públicos, veteranos de guerra, empresarios, abogados y notarios que fueran opositores a sus ilegalidades.

Para ello, los integrantes de esta estructura criminal organizada liderada por el colombiano Iván Velásquez Gómez, se daban a la tarea ilegal de perfilar a su víctima, luego, acudían a los juzgados especialmente creados para sus litigios, es decir los juzgados de mayor riesgo, a cargo de verdaderos sicarios judiciales, donde a base de recortes de prensa y declaraciones de criminales confesos, a quienes luego beneficiaban, solicitaban las medidas de coerción en contra de los sujetos determinados.

Con posterioridad, se les exhibía mediáticamente para causar menosprecio en su persona y familia, lo cual les garantizaba refundirlos en prisión preventiva primero, durante tres meses, plazo regulado en la ley para finalizar la investigación, luego, bajo el argumento de no haberla completado, se iniciaba una cadena inagotable e ilegal de ampliaciones de prisión preventiva, la cual en muchos casos superó los cuatro o cinco años de confinamiento en verdaderos campos de concentración, en condiciones precarias, lo cual ocasionó el fallecimiento de varios sindicados, así como innumerables intentos de suicidios.

Por eso hoy, nos congratulamos con la decisión presidencial por virtud de la cual se ordenó la expulsión de esta organización criminal de nuestro país, en el entendido que tocará a los guatemaltecos de bien, reconstruir los escombros que dejaron, luego de más de una década de permanencia ilegal y destructiva.

Para ello, será necesario primero, perseguir judicialmente a todos los jueces, magistrados y fiscales que utilizando su cargo, violentaron la ley en perjuicio del Estado y los derechos humanos de los guatemaltecos. Segundo, declarar una amnistía general de prisión preventiva, en favor de todos los presos políticos, es decir que únicamente deberán ser excarcelados, mientras solventan su situación jurídica. Tercero, modificar algunas leyes para adecuarlas a la Constitución, en especial las relacionadas con el derecho de defensa y debido proceso. Cuarto, abolir los juzgados y tribunales de mayor riesgo o de fuero especial, por ser inconstitucionales.

Quinto, luchar porque las comisiones de postulación y los diputados al Congreso de la República, designen y elijan a los mejores profesionales del derecho para ocupar las magistraturas del país, exigiendo que los futuros funcionarios judiciales cumplan además, con las siguientes condiciones: que sean temerosos de Dios, que respeten, cumplan y hagan cumplir la Constitución Política de la República y la ley, que defiendan la independencia judicial y las garantías individuales, y principalmente que no se plieguen ante fuerzas nacionales o foráneas que tengan por objeto quebrantar la institucionalidad del país. En ese sentido, deberán apartar a todos aquellos abogados, jueces, fiscales o magistrados, afines a la extrema izquierda y los postulados que esta predica, así como a todos los que comulgan o comulgaron con la fuerza de ocupación y su ideología globalista.

Por último, advertirle seriamente al presidente electo, Alejandro Giammattei, que el pueblo de Guatemala, no permitirá desde ningún punto de vista, la creación, implementación o imposición de una nueva comisión de esta naturaleza, y que, de llegar a hacerlo, verá encender la furia de un pueblo que exige respeto institucional y sometimiento a la ley. Recuerde, que la soberanía radica en el pueblo, lo que equivale a que usted es un empleado de este, y que así como lo eligió, también lo podrá procesar y deponer, si no cumple con las atribuciones que le competen. #NuncaMásCICIG.