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Guatemala estuvo al borde del infierno socialista

Pluma Invitada

CICIG fue un mecanismo de los tecnócratas y socialistas en organizaciones internacionales para tomar el poder en Guatemala. Con el financiamiento de George Soros, la Ford Foundation, Oxfam, USAID, la cooptación de medios de comunicación y periodistas, buscaron llegar primero a recibir cantidades ilimitadas de dinero del presupuesto nacional, luego una por una llegar a cada entidad del sector justicia y cada ministerio del gobierno hasta ocuparlo todo. Al estilo de Venezuela con Hugo Chávez, de Bolivia con Evo Morales o de Nicaragua con Daniel Ortega. Sus dictaduras vitalicias solo traen pobreza, muerte y emigración para sus pueblos y una expropiación total de sus empresas y capitales privados.

Más que una teoría de conspiración, parece una novela de terror. Guatemala teniendo los grandes problemas sociales, población sin educación, sin servicios esenciales de salud, infraestructura o seguridad.

Derrocaron al gobierno de Otto Pérez Molina por dos casos: El caso Igss-Pisa que fue propiciado por presiones tanto del Vice-presidente Joe Biden (porque parece que tiene intereses en la empresa Baxter) y Todd Robinson el ex embajador para recuperar los contratos de Baxter con el Igss a toda costa. Luego el caso de la Línea, que buscaba desarticular a una empresa llamada Fenix, creada y diseñada por Gustavo Alejos cuando fue funcionario de la UNE en el gobierno de los Colom-Torres y su propósito era el de evadir los registros tributarios de la SAT y de hasta permitir la entrada de droga, armas y otros ilícitos a Guatemala. Nadie habla de las muertes negligentes de los pacientes terminales de la empresa Baxter y tampoco hablan de Fenix.

El caso Igss-Pisa tuvo seis acusados declarados libres en primera instancia luego de más de tres años en prisión preventiva, dos de esos seis acusados murieron en prisión preventiva. En la apelación salieron todos los acusados libres. En esencia porque el contrato nunca fue llevado a cabo, pero también porque el IGSS, nunca hizo efectivo pago alguno por los servicios que Pisa había realizado.

En este caso acusaron al Presidente del Banco de Guatemala, causante de que Guatemala recibiera una penalización de más de 15 puntos porcentuales en los bonos de inversión que colocaba en el exterior. Cuando los medios, la CICIG y el MP hablaban de que no habían causado daño a la economía les mintieron.

A principios de 2016, Thelma, Iván y el Presidente Jimmy Morales tuvieron una reunión en casa presidencial. Exigieron un incremento del 50% del presupuesto del Ministerio Público, exigieron modificaciones a la ley del MP, que las bancadas del Congreso aprobaran las leyes que proponía la CICIG (Modificaciones a la Constitución, modificaciones a la ley del MP, Ley crimen organizado, escuchas telefónicas y datos, colaboradores eficaces, y medidas sustitutivas, entre otras.) Al día de hoy, 2019, el MP sigue sin poder gastarse los cuatrocientos millones de quetzales al año adicionales que le otorga el presupuesto general.

Las presiones de Thelma e Iván en el nuevo gobierno de Jimmy Morales, les consiguieron varios Ministerios y los nombramientos de algunas de las entidades clave en el sector público. El Ministro de Gobernación, El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Procurador de Derechos Humanos, el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre muchas otras.

Morales accedió porque carecía de equipo de trabajo, pero también porque pensaba que si accedía a las exigencias de Thelma y de Iván, pues lo dejarían gobernar. Esto terminó cuando lo chantejearon por el caso de las canastas navideñas y el Registro de la Propiedad. En el momento que les filtraron la no prórroga del mandato de la CICIG, adelantaron una conferencia de prensa, y acusaron al presidente Morales de supuestos delitos electorales cuando estuvo de Secretario General del partido que lo postulo para presidente antes de las elecciones.

Desde todas las entidades cooptadas hicieron lo imposible por minar los esfuerzos del nuevo gobierno. En Salud instalaron un net center, con más de tres mil personas que todos los días conspiraban en contra de los esfuerzos del Gobierno. Atacaban a los críticos de la “lucha anticorrupción” y a los medios que aún no habían sido cooptados. Desde la SAT, realizaban ataques, amenazas y extorsiones millonarias a empresas y empresarios por supuestas omisiones del pago de sus impuestos. Realmente impusieron una guerra de terror fiscal y penal que detuvo poco a poco el crecimiento económico, y destruyó casi por completo la certeza legal en nuestro país.

Las entidades públicas eran tomadas para poder contratar a activistas y correligionarios. La Sat por ejemplo contrató a más de setecientos empleados en la gestión de Solórzano Foppa. Los más de tres mil en Salud, Trabajo hizo lo mismo, y así fueron tomando y usando el presupuesto nacional para conspirar y consolidar su ataque al resto de entidades públicas y privadas.

¿Quién es Iván Velásquez Gómez?

El ex Comisionado de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, con 1.5 períodos como su Comisionado fue militante de izquierda en las células juveniles adscritas a Unión Patriótica en Colombia. Este partido político colombiano era la propuesta legal de varios grupos guerrilleros, entre ellos dos frentes desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uno de los vínculos más fuertes de Velásquez con Unión Patriótica fue el activista e intelectual Heliodoro Rojas Olarte, a quien Velásquez considera una gran influencia en su carrera y vida. En una entrevista para estudiantes de derecho de la universidad donde estudió su carrera de derecho, Velásquez cuenta que tuvo una relación estrecha con él durante el bachillerato y los primeros años de jurisprudencia, por ser su profesor y gestor de círculos de lectura.

Protegía los Derechos Humanos de los guerrilleros colombianos

Ocultar su militancia de extrema izquierda revolucionaria, tras la etiqueta de “activista por los derechos humanos”, le permitió a Velásquez ejercer como procurador departamental de Antioquía desde 1991 hasta 1994. En ese cargo, Velásquez ya tuvo una plataforma útil para apoyar a sus “compañeros en las armas”.

Luego como procurador, consolidó una instancia permanente de derechos humanos para investigar y atender casos relacionados a la tortura y al abuso cometido por fuerzas antiguerrilla. Siempre protegiendo la impunidad y las vidas de los terroristas en Colombia.

Durante este periodo, Velásquez también reveló que el capo del narcotráfico Pablo Escobar y su equipo estaba viviendo cómodamente en una lujosa prisión, de la que luego Escobar escapó. El escándalo de la cárcel La Catedral salpicó a algunos funcionarios de la justicia. Velásquez no solo no fue relacionado, sino que protagonizó las conversaciones y posterior captura de Escobar en 1993. Se desconoce las raíces de la oposición que tuvo contra Escobar, siendo éste considerado por muchos colombianos como un moderno Robin Hood de la droga.

Las FARC y los Narcos un matrimonio de conveniencia

Para el año 1996, Iván Velásquez fue nombrado magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. Pero un año más tarde, el fiscal general colombiano Alfonso Gómez Méndez apodado como el “Fiscal de los Narcos”, por sus relaciones amigables con las FARC y su favoritismo de los procesados colombianos de la droga. Ese fiscal general, Gómez Méndez, nombró a Velásquez Gómez Director Regional de Fiscalías de la ciudad de Medellín.

Explican los expertos, que el fiscal colombiano, Gómez Méndez escogió a Velásquez para este cargo por su conocido activismo ligado a las FARC y a la guerrilla colombiana. En este cargo, su cometido principal fue emprender una lucha frontal contra las organizaciones paramilitares conocidas como autodefensas. Por lo tanto, su segunda obra maestra para construir su imagen de inquisidor consistió en una investigación sobre el paramilitarismo, que había movido cerca de U.S.$. 9 millones mediante 43 empresas de por lo menos dos departamentos colombianos y 495 cuentas bancarias. Velásquez Gómez no buscaba defender los derechos humanos de la población colombiana, sino atarle las manos a los paramilitares que estaban combatiendo a sus hermanos en armas, los guerrilleros y terroristas de las FARC en Colombia.

Su llegada a la cúspide del poder colombiano en la administración de la justicia por parte del ex  comisionado de la CICIG, inicia en 2000, cuando Iván Velásquez fue nombrado magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Testigos eran suficientes para condenar a cualquiera

La justicia colombiana permitió desde 2005 el uso de bases testimoniales como razón suficiente para condenar, y no tomó mucho tiempo para que un grupo de jueces, como Velásquez Gómez, utilizaran los testimonios de testigos protegidos y anónimos para la condena en los casos que procesaban. Debido a la procedencia y fantasioso relato de los testigos que procuraban, luego el periodista colombiano del medio, Periodismo sin Fronteras, Ricardo Puentes Mello, bautizó con el nombre de “El Cartel de la Toga” a quienes utilizaron testigos falsos y montaron evidencias para complacer al poder oculto de las guerrillas y perjudicar a sus enemigos o quienes amenazaban su total impunidad y llegada al poder en Colombia.

Nadie se escapaba del “Cartel de la Toga”

Puntualiza Puentes Mello, que el “Cartel de la Toga” no solo vivía de favores y chantajes, sino también de altas sumas de dinero. Agrega el periodista Puentes Mello cuando explicó su funcionamiento para un medio interactivo latino: “Si se es un juez de circuito, o de conocimiento de penas, o un juez de Distrito, las sentencias tienen un precio. El precio para un fallo en la Corte Suprema de Justicia era de un millón de dólares.”

Aunque aclara el periodista colombiano que a Velásquez Gómez nunca le lograron probar sus actos de corrupción, sí era evidente por todos, su sesgo por las FARC. Suficiente hoja de vida, para volverse el inquisidor de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Luego que no fue sorpresa las declaraciones del ex presidente colombiano Andrés Pastrana, cuando afirmó en un evento en la capital guatemalteca que “el Estado de Guatemala era rehén del narcotráfico”.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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