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Un llamado a la Comisión de Postulación de Magistrados

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RAUL FALLA

Kidon

Arrancó el procedimiento para elegir a los Magistrados que por cuatro años integrarán la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones de la República. Un proceso de interés general, si tomamos en cuenta que ese organismo del estado, es el encargado de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Lo que equivale, a que desde estas magistraturas se impartirá justica en los diferentes campos del derecho, civil, penal, laboral, constitucional, etc.

Desde luego, en un régimen republicano ideal esta labor estaría condicionada a cumplir y velar por que se cumpla la Constitución y la ley, de manera objetiva e imparcial es decir, sin prebendas, premios, preferencias o ideologías de restricción o limitación a las garantías individuales o sociales.

Pero, desafortunadamente en nuestro país la balanza de la justicia se inclinó por mucho al lado izquierdo del espectro ideológico, hasta convertir a las cortes en verdaderas trincheras, desde donde se lanzan los más perversos e infundados ataques en contra de cualquier opositor político e ideológico, así como empresarios, veteranos de guerra, abogados, notarios y funcionarios públicos, que por alguna razón de interés deben ser reducidos a su mínima expresión.

Es por ello, que ciertos personajes obscuros que dirigen fundaciones o asociaciones de supuestos defensores de los derechos humanos, así como aquellas conformadas por los vencidos en la montaña y las urnas, se han encargado de infiltrar en el Organismo Judicial, a abogados de tendencia ideológica marxista, verdaderos resentidos sociales que han sido previamente adoctrinados para criminalizar todo acto que no sea del agrado de sus patrones.

Por lo cual, se hace imperativo que los miembros de la Comisión de Postulación, así como los diputados al Congreso de la República, designen y elijan a los mejores profesionales del derecho para ocupar tan altos cargos, para así, recuperar la institucionalidad y principalmente el sistema de justicia, cooptado o secuestrado por la ex CICIG.

De esa cuenta, no debe ser promovido a magistrado ni un solo juez, fiscal, magistrado o abogado, que de una u otra forma haya tenido relación con el ex embajador Todd Robinson, la ONU y su ideología perversa, y mucho memos con la extinta CICIG, y sus satélites ideológicos, y en especial los siguientes:

Los jueces carceleros de la talla de Pablo Xitumul e Iris Jazmín Barrios, quienes se ensañaron en contra de nuestros héroes de guerra, propiciándoles sendas condenas por hechos que no son constitutivos de delito, así como fuertes sumas monetarias en concepto de resarcimiento, a favor de las ONGS que promovieron los litigios.

Ericka Lorena Aifán Dávila, quien obtuvo su judicatura a base de un amparo malicioso, por haber perdido el examen psicológico y quien recientemente fue sindicada por una valiente fiscal de fabricar casos con base a pruebas falsas, con el único objeto de someter a largos años de reclusión preventiva a las víctimas del experimento fallido.

Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano Pineda y el sobrino de la ex coordinadora de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, Otilia Lux de Cotí, el Juez Cuarto de Instancia Penal, Pedro Rodolfo Laynex Lux, quienes de forma ilegal convirtieron la prisión preventiva y la extinción de bienes en regla general, y por eso hoy las prisiones del país están sobrepobladas de reos sin condena, viviendo en condiciones deplorables, equiparadas a verdaderos campos de concentración, tal y como lo afirmó la Comisión Contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Magistrados como Delia Dávila Salazar, y otros que integran la Corte Suprema de Justicia, así como los que integran las salas primera y segunda de Mayor Riesgo, quienes ocuparon sus cargos a base de arreglos fraudulentos y por ello, el non grato y sus secuaces los utilizaron a su sabor y antojo para extorsionarlos a cambio de retorcer la ley en perjuicio de los derechos de cientos de víctimas inocentes que hoy claman justicia.

Los agentes fiscales del Ministerio Público, Irma Isabel Villafuerte Duarte, quien desde la fiscalía de litigios dirige una estructura paralela de investigación, en contra de abogados y notarios a quienes de forma ilegal les practica escuchas telefónicas y fabrica procesos, para luego callarlos y someterlos al escrutinio judicial. De la misma forma, es la operadora de CODECA dentro del Ministerio  Público, encargada de entrampar y proveer impunidad a los miembros de esta estructura criminal.

Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán, quien utilizando su cargo de fiscal especial y  asociado ilegalmente a un abogado de dudosa reputación, se encarga de seleccionar a sus potenciales víctimas entre abogados y empresarios, a quienes luego a base de coacciones y engaños, los refunde en prisión hasta lograr una compensación económica para desistir.

Por supuesto, los ex empleados de la prófuga de la justicia, entre los que figuran Mayra Véliz López y Rootman Pérez, así como todos los que laboraron para la desprestigiada ex CICIG y la FECI, como por ejemplo Juan Francisco Sandoval o Andrei González, verdaderos ampones del crimen organizado.

Y por último, ninguno de los abogados que desde asociaciones fondeadas con recursos extranjeros, se aliaron para usurpar propiedades, destruir la inversión nacional, fomentar actos terroristas o vandálicos, así como para atacar a nuestros veteranos de guerra.

Comisionados, les recuerdo que en Guatemala hay varios abogados, fiscales y jueces probos, que demostraron durante la invasión que vivió el país, valor, ética y legalidad y que a pesar de los riesgos de perder su trabajo, de ser procesados injustamente o desprestigiados por los medios de comunicación plegados al sistema criminal, no se amilanaron y defendieron a toda costa la independencia judicial y las garantías individuales.

Sepan que seguimos muy de cerca su trabajo, y que no dudaremos en denunciar cualquier acto de ilegalidad que pretenda someter el poder judicial a los designios de la alianza criminal.

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