Contraloría General de Cuentas sin dar la talla
La Picota
Mucho se ha dicho sobre el trabajo que hace la Contraloría, pero mucho más sobre lo que deja de hacer. Parece que la táctica es hacerse de la vista gorda frente a los desmanes en ciertas dependencias. La excusa de siempre es que el personal no se da abasto.
Hace muchos años era usual la coima a cambio de no escudriñar la corrupción de las instituciones públicas. Hoy, esa práctica está desapareciendo por la responsabilidad de largo plazo, para los auditores que no hacen bien su trabajo. Sin embargo, la elección de Contralor ha sido manipulada de manera tal que hasta lograron reelegir a uno, siendo contrario a la ley. Durante la última elección, también se obviaron requisitos básicos para beneficiar a quién se sabía era el ungido desde el inicio.
Por otra parte, internamente la Contraloría adolece de personal capaz para enfrentar con entereza el poder de las estructuras criminales dentro de la administración pública. Las denuncias suelen ser tardías y endebles. Aunque se tengan las pruebas, las fiscalías de delitos administrativos y delitos contra la corrupción no las toman en cuenta y se enredan en la maraña judicial de pedir infinidad de informes antes de iniciar acciones en contra de los funcionarios.
El abultado trabajo de la Contraloría se ve incrementado por la cantidad de denuncias o hallazgos debido al intrincado proceso de compras y contrataciones. Muchas veces el funcionario no conoce los procedimientos y eso se traduce en errores involuntarios que terminan en denuncias. En ese sentido, la discrecionalidad juega un papel importante debido a que las regulaciones, los procesos y las normativas no se han actualizado en décadas.
La Contraloría no mantiene monitoreo permanente en muchas instituciones. La mayor parte del tiempo se dedica a apagar fuegos cuando hay denuncias y estas tardan meses o años en procesarse. De esa cuenta, se pierden las pruebas, la custodia de los documentos y muchas veces, se logran dictámenes hasta cuando ya se han cambiado a los funcionarios y no hay quién responda por los reparos.
Otro problema grave es la movilidad de los auditores. Los casos pasan de mano en mano y son estudiados una y otra vez por uno y otro empleado, interrumpiendo la continuidad de las investigaciones.
El punto a favor es que los procesos para obtener el finiquito se han automatizado y, en general, los servicios son ágiles para los usuarios. El personal es muy amable y tiene voluntad de servicio. También, las instalaciones y el equipamiento de la Contraloría son de los mejores entre las instituciones del Estado.
El Contralor recién nombrado, deberá esforzarse por agilizar las auditorías y no caer en el error de beneficiar a quienes lo nombraron para el puesto, léase diputados y el Ejecutivo, así como los comisionados que se portaron benevolentes con él.
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