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Vicios Judiciales

Guatemala al Rescate

Guatemala en estos momentos está viviendo una coyuntura política muy complicada y que merece nuestra atención por las implicaciones y consecuencias futuras que podrían derivarse de la resolución que emitió recientemente la Corte de Constitucionalidad en el proceso de elección a Magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia  como de Magistrados de Salas de Apelaciones.

He leído detenidamente las declaraciones de varios juristas y, por ejemplo, el Rector de la Universidad Mesoamericana, Doctor Serrano, señala que desde su personal punto de vista este fallo es tardío, que no es entendible como se tardaron 2 meses para emitirlo sabiendo que la Comisión de Postulación contaba con el tiempo justo para seleccionar a quienes podrían integrar  nóminas, que igualmente esa resolución de la Corte de Constitucionalidad podría tener un componente político e ideológico, porque el fallo, casualmente, se dio después de que se sabía quiénes quedaban excluidos y quienes  podrían integrar la nómina para Magistraturas y pareciera ser que el gran objetivo es que sea el próximo Congreso quien elija a los nuevos Magistrados, con lo que concuerdo y más me huele a un acuerdo político.

Y por otro lado, el Doctor Estuardo Ralón plantea que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad de todas las magistraturas pasadas, presentes o futuras son responsables individualmente ante la ley por cada una de las resoluciones que emiten, que la función primordial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional, en otras palabras, le corresponde interpretar y aplicar el derecho constitucional en casos concretos y defender el orden constitucional, de igual manera la Corte de Constitucionalidad no puede asumir bajo ningún pretexto interpretaciones extensivas, es decir, más allá de su competencia, arrogarse funciones de poder constituyente o de poder constituyente originario porque carece de la representación directa del pueblo.

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sin lugar a dudas emitieron una resolución controversial, dudosa, obscura, con interés manifiesto, que detiene el proceso de selección de Magistrados de Corte y de Salas de Apelaciones en su totalidad y obliga a empezar prácticamente de cero, porque interrumpen el mandato a que obliga la propia Constitución, los nuevos Magistrados deben tomar posesión el 13 de octubre y ese es el plazo legal establecido en la ley y punto, por lo que lo ideal podría ser y de acuerdo con las declaraciones del Presidente del Consejo de la Carrera Judicial, que la evaluación de magistrados puede hacerse de acuerdo con la Ley de la Carrera Judicial ya que esta se ha venido realizando en el Organismo Judicial de una manera constante a jueces, por lo tanto ese mecanismo, aunque no se tenga el reglamento, se puede utilizar para no violentar la Constitución, y yo le agregaría, llenando las exigencias que en la propia resolución plantea la Corte de Constitucionalidad, de esta forma podríamos salir de este atolladero y cumplir con lo establecido en la Constitución.

Me parece oportuno, reafirmar que, una República, un Estado Democrático se constituye alrededor de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en nuestro país, la Corte de Constitucionalidad, se ha convertido en un cuarto poder con poderes ilimitados y superior a los otros tres, en ningún régimen constitucional de derecho puede existir un ente con poder ilimitado que actúe fuera de todo control y responsabilidad legal como lo ha hecho en algunas ocasiones la Corte de Constitucionalidad, lo que implica que en el futuro revisemos la conveniencia de que ésta se constituya en una Cámara de la Corte Suprema de Justicia como en otros países para evitar que su actuación esté por encima de las funciones de los otros tres organismos del Estado y que la Corte Suprema de Justicia sea la última instancia legal, como debería de ser.

Los magistrados a la Corte de Constitucionalidad tienen responsabilidad legal en los fallos que ellos emiten, no pueden prorrogar los plazos establecidos en la Constitución, su función esencial es defenderla, no violarla, hasta donde yo recuerdo, nadie, absolutamente nadie, es superior a la ley.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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