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Luego de CICIG: Segunda parte

Kidon

El viernes de la semana pasada, seis catedráticos de la Universidad de Oregón, remitieron una carta al Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, por virtud de la cual pretendieron victimizar a varios funcionarios públicos, entre jueces, fiscales y magistrados, a quienes relacioné en un artículo de opinión denominado “Luego de CICIG”, donde analicé la responsabilidad judicial que deberán enfrentar, por haber abusado de su cargo en perjuicio de los derechos humanos de los guatemaltecos y la institucionalidad del país.

Dicha misiva, pretende no solo amordazar el derecho constitucional de expresión del pensamiento de los guatemaltecos, sino que además, criminalizar el libre ejercicio profesional del abogado, así como el activismo que lleva a cabo la Fundación Contra el Terrorismo, en pro de la defensa del Estado de Derecho del país.

Desde luego, que ninguna de las dos pretensiones de estos seis entrometidos doctores, logrará disminuir o retroceder la defensa institucional que hemos implementado, por el contrario, mantendremos la posición, incluso incrementaremos las acciones jurídicas y mediáticas en contra de los señalados en la columna de opinión y otros que tergiversen el mandato constitucional que se les confirió.

Que seis extranjeros soliciten al Procurador de los Derechos Humanos, una investigación sobre hechos que a ellos no les incumben, primero, me congratula, al saber que mis artículos de opinión trascienden fronteras e incomodan a uno que otro demócrata entrometido, y segundo, refleja el nivel de servilismo del Procurador, en someter su cargo a intereses foráneos, antes que a la defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos.

Al final, los dólares son para este personaje el mejor aliento para continuar el plan para terminar de cooptar el sistema de justicia del país, con el único propósito de lanzar desde allí una ofensiva encaminada a perseguir política e ideológicamente, a cualquiera que les resulte incomodo a sus intereses.

Por fortuna, hoy inicia el funcionamiento de la Comisión Legislativa que tendrá por objeto investigar administrativamente, cada una de las violaciones que desde este aparato clandestino se llevaron a cabo en estos doce años de intervención, para deducir las responsabilidades judiciales, penales y civiles en contra de todos aquellos jueces, fiscales y magistrados, que socavaron el sistema jurídico, político y económico el país, empezando por los jueces Iris Yassmin Barrios Aguilar, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Ericka Lorena Aifán Dávila, Pablo Xitumul de Paz, Carlos Ruano Pineda; los integrantes de la ex CICIG, Iván Velásquez Gómez, la reclusa Marta Lucia Zamora Ávila, Juan Francisco Sandoval, Andrei González, Cinthia Monterroso, Luis Fernando Orozco, César Rincón Sobogal, Roque Marcelo Véliz López, Aitor Serrano, Yilen Osorio Zuluaga, Vicenzio Caruso y Rogelio Ramírez Cartín; del Ministerio Público, la prófuga de la justicia, Thelma Esperanza Aldana Hernández y sus secretarios e Irma Isabel Villafuerte Duarte; así como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Mata Vela, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco y Boanerge Mejía Orellana; el ex embajador de los Estados Unidos Todd Robinson, y por supuesto Jordán Rodas Andrade, entre otros.

Es allí, donde las víctimas de estos malhechores de la justicia tendrán la oportunidad no solo de exponer los agravios a los que fueron sometidos, sino que además darlos a conocer pública y jurídicamente para que paguen por todos los crímenes cometidos, pues, al final, el propósito de la Comisión es la búsqueda de la verdad y no enjuiciar, capturar, allanar o embargar a los responsables de delitos de lesa humanidad, toda vez que, de establecerse la comisión de un hecho delictivo, la Comisión de Investigación presentará las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, quien será el encargado de promover las acciones de antejuicio o las peticiones de aprehensión en contra de los responsables, así como el embargo de sus bienes y cuentas bancarias.

No olvidamos y no perdonamos los crímenes cometidos en contra de nuestra soberanía nacional y las garantías constitucionales de los guatemaltecos, así como no nos reconciliamos hasta que se haga justicia, y esta Comisión del Esclarecimiento Histórico que hoy se constituye, detalle una a una las violaciones humanitarias denunciadas y exponga el lugar, tiempo y modo en que se cometieron, así como a los actores que las llevaron a cabo, para que paguen con cárcel y por muchos años, el daño cometido.

De la misma forma, será necesario que dicha Comisión, elabore una Recuperación de la Memoria Histórica, detallando el hostigamiento familiar, el terror judicial y la tortura de estar confinados en verdaderos campos de concentración que vivieron cientos de connacionales, el que además, deberá ser publicado en diversos idiomas para hacerlo de conocimiento general, e impartirse en los cursos de educación primaria, secundaria e incluso en las aulas universitarias, especialmente en las facultades de Derecho del país, para que se conozca el grado de represión selectiva que se llevó a cabo, al utilizar la justicia como arma para concretar sus perversos crímenes.

Así mismo, esta Comisión deberá solicitar al pleno de Diputados primero, la inmediata abrogación del decreto número 35-2007, por virtud del cual se aprobó el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG-, suscrito en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006, por haber cesado su funcionamiento y en congruencia con las disposiciones presidenciales. Segundo, la proclamación del día tres de septiembre de cada año, como el día de las víctimas de la ex CICIG. Tercero, la creación de un museo, el cual se deberá edificar en la sede que ocupa la FECI, en honor a los perseguidos por este experimento de la ONU, donde deberán ser exhibidos los rostros y datos generales de los inquisidores, así como las torturas a que fueron sometidos los ciudadanos. Cuarto, la construcción del monumento de la dignidad guatemalteca, el que deberá incluir los nombres de todos los damnificados por la ex CICIG y que deberá ser edificado frente a las instalaciones que ocupó esta entidad en la zona 14. Quinto, solicitar al ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la inhabilitación absoluta y de por vida de los abogados que se prestaron a las malas prácticas de este órgano de intromisión. Sexto, que se certifique cada una de las violaciones a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a cuanto organismo conozca esa materia, para que hagan las condenas respectivas. Séptimo, que se notifique a los estados donantes, para que los contribuyentes sepan en qué se invirtieron sus impuestos.

“El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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