Home > Columnas > La Corte de Constitucionalidad, un gobierno de Jueces

La Corte de Constitucionalidad, un gobierno de Jueces

///
Comments are Off

Barataria

Durante la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad, se ha hablado mucho de las decisiones tomadas por los honorables magistrados que tienen con función fundamental la defensa del orden constitucional del país.  Han corrido ríos de tinta unos a favor y otros en contra de los tales, dependiendo en muchos casos del sentido de las resoluciones que han dictado.  Sin embargo, en honor al derecho y la justicia, esta Corte de Constitucionalidad ha tomado decisiones polémicas que nada tienen que ver en realidad con lo jurídico sino que se apegan muchas veces a aspectos puramente políticos, que en muchos casos no correspondería a decisiones judiciales sino al espectro político.

Anteriormente emitieron una serie de resoluciones de amparos, algunos de estas acciones decidiéndolas de manera definitiva, aunque en el papel otorgaban amparos provisionales, pero que decidieron el fondo de los asuntos dejando los actos reclamados con una prohibición expresa de volverlos a realizar y en muchos casos sin posibilidad de modificar tal accionar. No podemos olvidar las resoluciones de esta Corte de Constitucionalidad en materia electoral en la que literalmente decidieron en lugar de miles guatemaltecos para determinar quienes podían correr por la presidencia y quienes no, inclinando así la elección.  Ya que con sus resoluciones dejaron definitivamente para el electorado “unas únicas opciones” quitándole la posibilidad de ser electos a los contendientes con mayores posibilidades.

Resulta que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han convertido en una especie de gobernantes que deciden prácticamente todos los asuntos del Estado de manera política, nunca jurídica, con un vehículo llamado “Amparo” que hace que estos asuntos lleguen a su decisión en forma general.  Es fácil ver como de manera más que política, los honorables magistrados evitaron la salida del Embajador del Reino de Suecia, mediante el otorgamiento de un Amparo Provisional, lo cual en realidad fue una abierta violación a la misma Constitución habida cuenta de que el Jefe de Estado, nos guste o no, es el Presidente de la República y quien dirige la política exterior.  Siempre me he preguntado ¿Qué garantía constitucional se está violando cuando no se le da el beneplácito a un embajador o bien se declara non grato a un diplomático?  ¿En qué nos afecta, si las relaciones son entre Estados? Porque no se está poniendo el énfasis en la institución sino en personas que representan a instituciones lo cual es evidentemente negativo.

La actual Corte de Constitucionalidad, ha llegado al extremo de violar la misma constitución, al prohibirle al Congreso de la República que discuta una iniciativa de ley. Cierto es que la Ley de Reconciliación Nacional que se ha pretendido modificar no es algo que les guste a unos, pero la Magistratura Constitucional no puede evitar y prohibirle al Congreso discutir y aprobar leyes, porque esta es su función constitucional, sin embargo tenemos una Corte de Constitucionalidad que violando la misma constitución lo ha prohibido de manera tal que nos preguntamos ¿Estará defendiendo el orden constitucional?

Que decir de otras resoluciones como la del convenio migratorio con Estados Unidos, sobre lo que se entiende es un convenio de un “tercer país seguro”, las resoluciones polémicas sobre las comisiones de postulación retardando la resolución de los amparos, lo cual es completamente cierto, porque en el caso del Comisionado Velázquez los amparos los resolvieron de inmediato, en tanto que los amparos sobre las comisiones postuladoras, ciertamente ellos conocían en apelación, pero se tardaron hasta el último momento para decidirlos.   Llegando al punto de emitir comunicados para “explicar” el sentido de sus resoluciones, cuando lo cierto es que las resoluciones deben explicarse por sí mismas cuando se motivan, es decir se emiten los razonamientos de derecho por los cuales se está dictando en ese u otro sentido tal resolución.  Creo que muchos de estos comunicados es más para “lavarse la cara” y hacer parecer sus resoluciones “jurídicas”, cuando en sí son decisiones puramente políticas.

En efecto, la Corte de Constitucionalidad no ha dejado de emitir resoluciones políticas más que jurídicas y ello lo podemos observar con la última resolución sobre una inconstitucionalidad en contra del Reglamento que dispone el trabajo por tiempo parcial, fundado en el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo.  Como sabemos este convenio como el 169 de esa misma organización, por ser convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que su aplicación y observancia general se debe considerar sin necesidad de reglamento alguno, aunque este sea necesario.  He allí la doble moral de los Magistrados Constitucionales que para el caso de las mineras e hidroeléctricas corren a hacer notar la aplicación del convenio 169 que no tiene aún reglamentadas las consultas, sin embargo para este convenio 175 que dispone el trabajo en tiempo parcial lo suspenden, a saber por qué intereses.

Así las cosas, estamos ante un gobierno de jueces, que no tienen que darle cuentas a nadie, porque los honorables magistrados de la Corte de Constitucionales se han vuelto un poder supremo por encima de los tres poderes del Estado que están literalmente supeditados a las decisiones de esta Corte ya que cualquier acción que realicen en el legítimo ejercicio de sus respectivos cargos, llega fácilmente a conocimiento de la Corte de Constitucionalidad que en realidad gobierna en el país.  Los Amparos planteados muchas veces no se sostienen jurídicamente, como lo podemos observar con el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad por la declaratoria de Non Grato que realizo el Presidente Morales (cuya presidencia ha sido nefasta) sobre el Comisionado Iván Velásquez y que dio como resultado una resolución en donde literalmente se sacaron de la manga una función administrativa del Presidente que establece la Constitución que el Presidente de la República debe actuar en conjunto con sus Ministros de Estado y esto es claro cuando hablamos de las funciones adminitrativas del Presidente, pero no de las funciones como Jefe de Estado en donde el Presidente actúa de conformidad con el Derecho Internacional y no necesita de la “autorización” de Ministro alguno. Y que conste que no estoy de acuerdo con el accionar mediocre y muchas veces estúpido del Presidente Morales.  Además de ello ¿Qué derecho o garantía constitucional le conculcaban o violaban a los guatemaltecos si un comisionado de la CICIG se iba del país y nombraban a otro, si con ello se continuaba con la permanencia de la CICIG?  Evidentemente ninguno porque lo que importaba en ese momento en realidad era la institución que estaba haciendo grandes esfuerzos en contra de la corrupción, pero de ninguna manera el comisionado, porque este en sí no era más que la persona que dirigía esa institución.  Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, como en muchos otros casos abusó de su poder para dictar resoluciones que prácticamente le hacen gobernantes y no jueces cayendo literalmente en la tesis de Ran Hirschl.

Algunos dicen que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en un cuarto poder…. Yo digo que se ha convertido en el verdadero poder que somete a los demás poderes del Estado a decisiones políticas más que jurídicas y de cuya responsabilidad son los actuales magistrados quienes no le rinden cuentas a nadie, especialmente a los Ciudadanos.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: