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El Edificio de la Impunidad

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RAUL FALLA

Kidon

La semana recién pasada, el juzgado undécimo de primera instancia penal, escuchó la imputación del Ministerio Público, en contra de cuatro personas capturadas por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, fraude y apropiación indebida de tributos, esto en perjuicio del patrimonio del Estado.

Tres de las sindicadas, son ex funcionarias públicas que laboraron durante la administración de la fugitiva de la justicia Thelma Esperanza Aldana Hernández, en el departamento jurídico y en la dirección administrativa respectivamente, donde se llevó a cabo el proceso que culminó con la compra de un edificio ubicado en la zona cinco de esta ciudad capital, el cual hoy se les reprocha.

La imputación efectuada por el agente fiscal Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez, fue certeza, brillante diría yo como litigante, pues, demostró la capacidad de investigación y análisis del Ministerio Público y en especial de la fiscalía de asuntos internos, quienes sin el acompañamiento de la CICIG, presentaron más de ochocientos medios de investigación, que acreditan la posible participación de los miembros de una estructura criminal organizada, que liderada por la ex fiscal Thelma Aldana y su ex secretaria general Mayra Véliz López, lograron defraudar el patrimonio del Estado por más de doce millones de quetzales.

Para ello, se valieron del dictamen emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que ante el hacinamiento de personal en el edificio del Barrio Gerona, recomendó la adquisición inmediata de otro, que fuera capaz de albergar de forma urgente algunas oficinas administrativas.

Fue así como, la exfiscal general, su ex secretaria general y las ex jefas y ex sub jefas del departamento jurídico y administrativo del Ministerio Público, se asociaron de forma ilegal con quien desde el anonimato tenía el control de la sociedad anónima Bertram, propietaria del edificio, para que este, sin conocerlas y supuestamente sin conocer sus direcciones electrónicas, les remitiera por esa vía una oferta de venta, por virtud de la cual se inició el procedimiento administrativo para concretarla.

No obstante a ello, la jefa del departamento jurídico de la época al revisar las documentación presentada, se opuso en tres oportunidades argumentado que el proceso llevado a cabo, no cumplía con las condiciones que establece la ley de compras y contrataciones del estado vigentes, y además por que el edificio no se ajustaba al requerimiento que el Ministerio de Finanzas Públicas había autorizado. Debido a ello, la líder de la estructura criminal ordenó el inmediato traslado de la abogada hacia una agencia fiscal, así como el reemplazo por otra, quien, a sabiendas de los vicios que impedían realizar la compra, creó un documento público, consistente en dictamen jurídico, donde insertó declaraciones falsas, el cual con posterioridad se utilizó como base para concretar la negociación.

Durante el tramite de la investigación se logró establecer primero, que la entidad Bertram Sociedad Anónima, está constituida con accionistas que no tienen el control de la entidad, así como que el capital pagado de la misma es ínfimo y no guarda relación con bien aportado, cuyo valor en esa época era de treinta y un mil millones de quetzales, lo cual nos hace suponer que muy seguramente nos encontramos en presencia de una entidad de cartón, de esas que persiguió la fugitiva Aldana Hernández, durante su administración. Segundo, que el representante legal de la entidad, no se encontraba facultado para llevar a cabo tal negociación, y el mismo en la fecha en que se llevó a cabo el contrato de venta, contaba con tan solo veinte años de edad, carecía de bienes propios, pues, antes de darse a la fuga, vivía alquilando un pieza en Villa Nueva, y además se encontraba registrado como representante legal, de cuarenta y tres sociedades más, algunas de ellas ubicadas en Panamá, sindicadas de lavado de activos, lo cual según la legislación penal constituye el delito de testaferrato, o presta nombres.

Tercero, las negociaciones no se llevaron a cabo con el representante legal de la entidad, sino que a través de interpósita persona, quien dicho sea de paso, hoy se encuentra huyendo por existir dos ordenes de aprehensión dictadas en su contra, una por este caso y otra por una investigación de lavado de dinero que se lleva a cabo en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, junto al señor Gustavo Alejos, lo cual es difícil de creer, si tomamos en cuenta que en la negociación intervino el aparato de investigación del Estado.

Cuarto, la existencia de dos avalúos que claramente indican que el valor del inmueble oscila en la cantidad de treinta y un quinientos millones de quetzales, pero con la salvedad de que el mismo fue practicado cuando el edificio se encontraba en obra gris, es decir aún pendiente de finalización, lo cual difiere con lo requerido por el Ministerio de Finanzas Públicas, que autorizó la compra de un edificio terminado, listo para habilitar y que no excediera de treinta y cinco millones de quetzales.

Quinto, un informe de la Contraloría General de Cuentas, en el que se indicó que debido a la auditoria llevada a cabo por esta entidad sobre el citado bien inmueble, se pudo constatar que  no cuenta con las condiciones de habitabilidad para poderse utilizar, esto sumado a una visita oficial en la cual como querellantes adhesivos participamos, donde pudimos constatar que el mismo cuenta con tan solo un ascensor para el caudal de empleados que se pretendía instalar, así como que carecía de agua potable, planta de tratamiento, planta de energía eléctrica, techos falsos, baños y extinguidores, y por ello, se encuentra desocupado, generando un costo innecesario para el Estado.

Si las sindicadas hubieran tenido la intención de salvaguardar el patrimonio del Ministerio Público, así como cumplir con el efectivo y pronto traslado del personal, hubiera bastado que oficiaran a la Secretaría de Extinción de Dominio, para que esta entidad les asignara uno de los bienes en su poder con lo cual no se hubiera erogado ni un solo centavo, tal y como lo hizo la actual administración, a la que le fue adjudicado un inmueble de catorce niveles, ubicado en la zona 15 de esta ciudad, que fuera propiedad del señor Manuel Baldizón, el cual no solo cuenta con agua potable e instalaciones de primer nivel, sino hasta con helipuerto.

Por más que la defensa de las sindicadas pretenda de forma maliciosa confundir al juez o a la opinión pública con relación a que la venta del inmueble se realizó por un menor valor del autorizado, o que el excedente que se litiga y por el cual guardan prisión está relacionado con el pago al impuesto al valor agregado, pierde toda validez legal, solo con establecer el mecanismo llevado a cabo para ello, así como al recordar que los avalúos se practicaron en obra gris, y que debido a ello, el Estado se vio en la necesidad de erogar más de doce millones de quetzales en su restauración, cantidad líquida y exigible que constituye el daño o perjuicio causado al patrimonio del Estado.

De la misma forma, carece de credibilidad la victimización que ante las pruebas evidentes de fraude en su contra, pretenden llevar a cabo las sindicadas o sus familiares, en contra de la Fiscal General o sus asesores, por supuestas amenazas de muerte, coacciones o encerronas, así como también aquellas que tengan por objeto responsabilizarlos por la falta de traslado o por el costo de las reparaciones llevadas a cabo.

Igual, será punible que para buscar un beneficio en favor de las sindicadas, se inicie una campaña de desprestigio o persecución ilegítima, por cualquier motivo en contra del valiente juez José Eduardo Cojulun Sánchez, que giró las órdenes de aprehensión, pues, de darse sólo ratificará la culpabilidad de las procesadas, así como el interés malicioso por dejar impunes a personas investigadas incluso por la FECI, debido a graves hechos de corrupción.

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