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Ante el rompimiento constitucional, el PGN debe actuar

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RAUL FALLA

Kidon

La Constitución Política de la República establece, que el plazo de elección o designación de los funcionarios que integran los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, son perentorios, es decir que desde ningún punto de vista pueden ser alterados, reducidos o prorrogados, sin incurrir en responsabilidad directa del funcionario o empleado público que recaiga en el caso concreto.

El espíritu del legislador constitucional al regular el vencimiento de los períodos fue, en el caso de la presidencia de la República, que haya alternancia en el ejercicio del cargo y así evitar la postergación indefinida de un caudillo en el poder; en el del Congreso, para que se refresque la representación popular; y, en el de las cortes, para que el ejercicio de las funciones judiciales esté sujeta a una fiscalización y evaluación periódica, que permita la designación de los mejores profesionales del derecho del país.

En congruencia con ello, la Ley de la Carrera Judicial, así como una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad en el año dos mil catorce, regularon que el período de vigencia de los cargos a magistrados del organismo judicial son de cinco años, tiempo que venció el día de ayer, sin que se haya llevado acabo la designación correspondiente por parte del Congreso de la República, debido a que la Corte de Constitucionalidad de forma ilegítima resolvió primero, un amparo provisional y luego una opinión consultiva, por virtud de los cuales prorrogó de forma indefinida el citado plazo, con lo cual, se consumaron los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución y prolongación de funciones públicas, tipificados en el Código Penal.

Es que, el poder judicial es de especial trascendencia en nuestro país, pues, es desde allí donde hoy en día se libran las batallas entre los defensores del Estado de Derecho y los vencidos en armas y en las urnas, ya que estos últimos saben perfectamente que cooptando las cortes del país, será más fácil acceder al control del Estado y sus bienes, a través de la criminalización, el encarcelamiento y la extinción de dominio, de funcionarios públicos, abogados, militares, empresarios y cuanta persona represente un peligro para lograr su objetivo.

Esta lucha de poder, generó que hoy las cortes del país carezcan de legitimación para resolver las contiendas que se les presenten, lo cual, se hubiera podido evitar si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, en un acto de resistencia legítima, hubieran seguido el ejemplo de la magistrada Silvia Patricia Valdés, de poner su cargo a disposición del Congreso de la República, lo cual, de haberse hecho masivamente, hubiera originado un pulso político y jurídico de gran dimensión en contra de los prevaricadores, que muy seguramente los hubiera obligado a enmendar la plana.

Sin embargo, ante la ruptura del orden institucional no queda otro camino más que el jurídico, es decir, que los tres presidentes de los organismos del Estado, ante la obvia comisión de hechos flagrantes y de grave impacto social, soliciten a su abogado, concretamente al Procurador General de la Nación, o incluso este de oficio por tratarse de delitos de acción pública, active el protocolo consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley en Materia de Antejuicio, y requiera al Ministro de Gobernación, el apoyo de la fuerza pública para ejecutar la aprehensión de los magistrados Gloria Patria Porras Escobar, Boanerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, para que, luego de que hayan sido capturados y puestos a disposición de la autoridad legal competente, los suplentes de dicha corte, restablezcan el orden jurídico lesionado, ordenando la inmediata designación y nombramiento de los magistrados que deberán integrar el poder judicial.

En caso contrario, es decir que los funcionarios antes relacionados omitan cumplir y velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, serán solidariamente responsables del grave daño a la institucionalidad del país.

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