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La lucha por la libertad

Evolución

A lo largo de la civilización, la lucha en el campo político se puede reducir a dos fuerzas principales. La primera, la que ha querido siempre someter a la persona al poder del gobernante, dotándole a éste de dominio y mando sobre los gobernados; la segunda, opuesta, la que viene defendiendo la libertad del ser humano y por consiguiente entiende la necesidad de limitar el poder público y procura evitar la instrumentalización del ser humano al servicio del gobernante. Durante milenios la civilización, particularmente la occidental, ha logrado grandes avances y progresos, con también notables retrocesos, en la lucha por la libertad del ser humano frente a la amenaza que los designios de su vida los decida otro. Muchos de esos logros se han consolidado con la internalización de un cierto conjunto de valores en la cultura occidental, en mayor o menor grado, dentro de las diversas sociedades que la integran. En América, por ejemplo hay repúblicas, así muchas solo lo hayan sido nominalmente; en Europa aún hay monarquías, aunque constitucionalmente limitadas o simplemente simbólicas. Quizá en América Latina el paradigma predominante, y el más difícil de romper, ha sido la idea que es moralmente aceptable que ciertas personas sean sacrificadas en beneficio de los intereses de otros, sobre todo cuando la defensa de estos otros se hace bajo algún pretexto populista, como decir que son la mayoría, los pobres, o cualquier otro subterfugio similar.  El concepto de Derecho en nuestras latitudes es relativo.

Friedrich von Hayek argumentó que seguramente el invento humano que mayores consecuencias ha tenido para la humanidad es la idea de legislar sobre la vida de las personas. Comprendió adecuadamente que el Derecho es un fenómeno que se produce dentro del orden social que conlleva a la adopción de normas justas de comportamiento recto, de validez y reconocimiento general y que no deben ser sujetas a manipulación antojadiza por la voluntad arbitraria de los legisladores. No se trata de que la sociedad deba caer en la anarquía, o en la anomia, como algunos podrán pensar, se trata más bien de reconocer que la función de los gobernantes debe ser descubrir, reconocer y salvaguardar las normas de conducta justas que conllevan a la convivencia social pacífica y mediante las cuales es posible el progreso del ser humano. También se reconoce que para llevar a cabo esta función de manera legítima y eficaz es necesaria una estructura jurídico-política que debe ser muy bien diseñada para garantizar su efectividad. Desde luego que para muchos, principalmente gobernantes, y en general incautos, ingenuos bien intencionados y otros tantos mal intencionados, esa visión del Derecho no les resultó conveniente. Así, en términos generales, la visión jurídica predominante terminó siendo aquella que sucumbió a los cantos de sirena de la construcción jurídico-positivista, la cual reduce el derecho a la legislación, y, en palabras de uno de sus principales referentes, lo equipara a un instrumento mediante el cual se puede lograr cualquier finalidad que pretenda el gobernante-legislador, aún así yendo en contra del propio, genuino y auténtico Derecho de cualquier persona.

Esta colusión entre Democratismo a Ultranza, Republicanismo Nominal y Positivismo Jurídico, a merced de las apetencias de la clase política e intereses militantes, es lo que ha llevado a un país como Guatemala a carecer de una estructura política-constitucional que resguarde los legítimos derechos de los ciudadanos, y más bien los restrinja y tergiverse a conveniencia de los intereses políticos de turno. En cuanto a la internalización de valores Republicanos y Liberales, veo un camino largo y tortuoso antes de que puedan llegar a verdaderamente arraigarse en nuestra cultura. Más bien pareciera que cada día nos encaminamos más en la dirección opuesta. La academia jugará un papel determinante, las élites deberán asumir su rol y, sobre todo, la población deberá aceptar que debe ser intelectualmente honesta y hacerse los cuestionamientos relevantes, para lograr cualquier mejora significativa en nuestra condición. Quizá nuestra esperanza más inmediata se ubique en reformas radicales en nuestra estructura político-constitucional, pero con la advertencia que deben ser encaminadas a consolidar efectivamente los mecanismos de garantía y defensa de los derechos de los ciudadanos, los límites al ejercicio del poder público y los debidos frenos, contrapesos y controles entre todas las instancias del poder público. Hoy vivimos en un contexto donde los poderes del estado, incluida la corte de constitucionalidad, sistemáticamente abusan del poder que les ha sido confiado y donde los mecanismos de control resultan inútiles o inexistentes. He escrito ampliamente sobre cómo mejorar la efectividad de los organismos de justicia y también sobre la importancia de los contrapesos. Espero poder contribuir en futuras entregas con nuevos aportes sobre cuáles deberían ser las bases para una reforma constitucional tan imperiosa.

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