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Teorema

Imagine un país que durante los últimos cien años ha dejado la conducción de los asuntos públicos en manos de sus mejores ciudadanos, de sus hombres notables. Piense en otro que por lo contrario, ha sido conducido por los más pícaros, menesterosos, canallas, sinvergüenzas… Por favor visualice la diferencia entre uno y otro.

Desde luego, ninguno de esos países extremos existe. El primero, podría constituir ingenua meta, pero no pertenece al mundo real. Del segundo, no vale la pena gastar una sola palabra. Lo que sí existe y se encuentra entre uno y otro confín, es lo que los alemanes llaman “realpolitik”. Esta responde a circunstancias actuales, inmediatas, de corto plazo. No persigue principios filosóficos, teóricos o morales.

Cuando no existen instituciones sólidas. Cuando hay ausencia de Políticas Públicas, cuando el Estado es débil y quienes lo dirigen “bailan al son que les tocan”. Cuando las políticas nacionales se dictan en otros países como los Estados Unidos o al Norte de Europa, o en organismos internacionales como la ONU o por los bancos de desarrollo, entonces la realpolitik domina plenamente las acciones del Estado y deja de ser excepción para convertirse en regla.

Transformar a Guatemala en un Tercer país seguro o impedir la salida de guatemaltecos sospechosos de querer convertirse en migrantes ilegales (violentando el artículo de la Constitución que garantiza la libertad de locomoción), podrían considerarse ejemplos de realpolitik. La penosa presentación de disculpas a Suecia hecha por el Presidente Electo (su Embajador, actuando en nombre de ese gobierno insultó públicamente a los guatemaltecos), así como una eventual solicitud de este a la ONU para otra CICIG, también constituyen o constituirían ejemplos de tal proceder.

La realpolitik no por serlo está desvinculada del carácter ético de las personas a cargo del gobierno. No es el Gobierno –ente inmaterial, abstracto—quien toma las decisiones sino las personas, los individuos que lo integran. Y ellos son, o debieran ser, responsables ante la ley y los ciudadanos por aquellas éticamente equivocadas. Los ciudadanos, por su parte, somos corresponsables por haberlos elegido, pero esa culpa se ve atenuada cuando el elector no escoge libremente, ya sea por limitaciones legales o de otra clase.

En 1974 y 1978, por ejemplo, todos los candidatos eran militares. Su preparación académica en la Escuela Politécnica, equivalía a la de un bachiller. ¿Cómo escoger a un civil académicamente fuerte? Aún más grave es lo sucedido durante los últimos veinte años. En lo que va de este siglo y últimos meses del anterior, criminales optaron a las principales posiciones en los tres organismos del Estado, sus tribunales y procuradurías especializadas. La ley les permite participar. Algunos ganaron esas elecciones por medio que no siempre fueron democráticos. Otros afortunadamente perdieron.

Alfonso Portillo, Álvaro Colom, Édgar Barquín, Francisco Reyes, Luis Rabbé, Manuel Baldizón, Mario Estrada, Otto Pérez, Roxana Baldetti y Sandra Torres, después de ser candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, o de haber ejercido el cargo, quedaron sujetos a los tribunales de justicia. Unos guardan prisión aquí, otros en Estados Unidos, unos más cumplieron breves condenas –que debieron ser mucho mayores– y otros son prófugos de la justicia. Lo mismo sucedió en otras instancias de Gobierno. Hay y hubo criminales en el Congreso y en el Organismo Judicial. También en la Contraloría General de Cuentas, en la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público.

Por eso, y mucho más, estoy personalmente persuadido de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos ―LEPP― es la normativa más importante de nuestro país. Creo que nuestro futuro depende de la forma como sea conducido el Estado. Y esa conducción, a su vez, deriva de las personas elegidas para hacerlo. Constituye además, franca aberración lógica que la LEPP y sus reformas provengan del estamento político. Como se dice popularmente: “es como poner a los chuchos a cuidar las salchichas”.

Hoy, en la ciudadanía existe consenso ―y abundante evidencia― de que la LEPP acusa serias deficiencias y debe ser revisada en profundidad. El futuro del país depende de ella tanto o más que de cualquier otra legislación. Si en lo que va del presente siglo hubiéramos tenido una ley decente y esta hubiera sido aplicada con transparente rigor, los cinco procesos electorales anteriores (1999, 2004, 2007, 2011 y 2015) habrían dejado el gobierno a cargo de ciudadanos honrados. Los funcionarios habrían poseído la reconocida honorabilidad que exige la Constitución. Entidades como la CC, la CSJ, la PDH, y el TSE no habrían acusado las profundas deficiencias que durante treinta años, de manera creciente nos han afligido. De haber exigido cierto nivel de notabilidad, en el Ejecutivo no habría habido espacio para Alfonso, Óscar, Álvaro, Otto o Jimmy. Los diputados y los alcaldes serían “animales de una especie distinta”, serían una estirpe con linaje. Individuos respetables, obedecidos, merecedores de ser honrados por los ciudadanos.

Entre la población informada, a ese espontáneo acuerdo, acerca de que la LEPP debe cambiarse, se sobrepone para apoyarlo, el desencanto, el hartazgo ya histórico, ahora exacerbado por lo acontecido este año. Los cuestionamientos y dudas sobre la legitimidad de los resultados de la primera vuelta del proceso electoral anterior son graves y han quedado sin resolver.

¿Con qué cara puede ahora el TSE, dar validez legal a las cuestionadas elecciones para diputados y otros cargos y anunciar la creación de una comisión encargada de evaluar el proceso y determinar si es necesario realizar cambios a la LEPP?

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