De civiles y militares en la seguridad
Divi Filius
Es un tema sin duda complejo en ciertos países, pero esencialmente los países que componen la denominada región ´Triángulo Norte´. En otras latitudes del continente americano la temática es más simple y se logra entender que tanto civiles como militares pueden conjuntamente desarrollar tareas de seguridad ciudadana siempre y cuando existan los acuerdos necesarios más las delimitaciones correspondientes. Por ejemplo, en Chile, el Ministro de Defensa puede ser un civil. Saltando el continente, en España, la cartera de Defensa la ha ocupado un civil (y mujeres). Claro, en el caso español, existe la figura del Secretario de Defensa y esa la ocupa un militar. Pero de nuevo, existen acuerdos razonables. En esta misma línea de temas binarios y bipolares, se puede referir a si los militares pueden emitir el sufragio o si los ex militares pueden participar en política. Y resulta que cuando las heridas de los conflictos armados no han cerrado, prima aún la falta de confianza, los recelos y las posiciones ideológicas.
El nuevo Gabinete de Seguridad del presidente electo Giammattei está compuesto en su mayoría por ex militares. Diversos analistas en materia de seguridad se han pronunciado al respecto argumentando la violación de los Acuerdos de Paz y una de facto militarización de la seguridad. Este debate, en una democracia tan frágil como la guatemalteca y en una sociedad que tiende a las posturas extremas no será nada fácil abordarlo.
Hay que decir con claridad que, ´la seguridad ciudadana´ no se militariza perse simplemente porque ex militares ocupen puestos en la Cartera de Gobernación. No son exclusivamente las personas. Perfectamente podrían estar compuesto el gabinete por civiles (sin pasado militar alguno) y los esquemas a implementar podrían ser restrictivos y reactivos. Allí está el punto. ¿Cuales son los esquemas que van a implementarse?.
En un contexto como el guatemalteco donde el debate tiende a los extremos y nunca al consenso, la deliberación va más o menos así: ´La política de seguridad debe priorizar el esquema de ´mano dura´ pues las amenazas son asimétricas; ´La política de seguridad debe centrarse en las causas que la generan e introducir esquemas preventivos´. La cuestión es que el caso guatemalteco requiere ambas. En efecto, la primera amenaza a la seguridad ciudadana e incluso con la capacidad de poner en jaque de la estabilidad son las pandillas. Se estima que hay en promedio de 15,000 pandilleros en Guatemala (no hay un estudio con ´dato duro´ al respecto. Pero en esencia estamos hablando de una estructura criminal que tiene el número de miembros para conformarse en un ejército privado. Lo que hace que desde posiciones de ´derecha extrema´ se suponga que cual amenaza asimétrica (son grupos paralelos, difíciles de identificar se confunden fácilmente con la población local, su capacidad financiera es ilimitada etc..) la salida sea el enfrentamiento directo bajo esquema de ´pandillero visto pandillero muerto´. La desesperación es natural y lógica. ¿Cuántos otros países lidian con estructuras paralelas de este tamaño? Pocos. Muchos otros países no sólo desconocen sino hubiesen colapsado con una realidad así. El problema es que desde 1993 cuando el ex presidente salvadoreño Flores implementó esta medida queda claro que la receta es equivocada. Los Estados pierden estas guerras, sean pandilleros o cárteles. Eso no quiere decir, un enfoque laxo al problema y sólo atender las causas porque esta política preventiva tiene efectos al largo plazo.
De corto plazo, la ciudadanía requiere respuestas. La salida puede comenzar por la modificación legislativa que permita que menores de edad sean juzgados cual adultos y tipificar las pandillas cómo grupos terroristas. Ojo, no para iniciar la guerra frontal sino para un tratamiento a nivel del sistema jurídico que permita debilitarlas dentro del mismo sistema. La clave inicial están en, inteligencia para infiltrarlas, determinar territorios, funcionamiento y congelamiento de activos financieros de las pandillas que pasan por el sistema bancario nacional.
Esto, es necesario ejecutarlo independientemente si le toca hacerlo a ex militares o civiles sin pasado militar alguno.
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