Diputados, usen el poder que les conferimos

Kidon

La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. De esa cuenta, el soberano delega a través del voto su representación en los diputados al Congreso de la República, para que estos sean los encargados de legislar, interpelar y denunciar a funcionarios públicos, que falten a las obligaciones relacionadas con su cargo.

Sin embargo, ese mandato constitucional no se ha cumplido del todo bien, pues, a escasos dos meses de que se lleve a cabo el relevo legislativo, aún faltan varias actuaciones por realizar, algunas incluso de carácter urgente y que son necesarias para alcanzar certeza jurídica, la estabilidad y la paz social.

Por un lado, se hace necesario aprobar las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, a efecto de que se termine de una vez por todas la cacería indiscriminada e ilegal de nuestros héroes de guerra, lo cual, permitirá obtener la inmediata libertad de los que se encuentran ilegalmente detenidos, así como erradicar los cuantiosos resarcimientos que sea han pagado por ese concepto.

De la misma forma, crear la normativa legal para facultar al Ministerio de Gobernación la no autorización, o en su caso la cancelación de todas aquellas Organizaciones No Gubernamentales, cuyo objeto sea contrario a la ley, a la moral o las buenas costumbres, así como establecer el mecanismo para llevar a cabo su fiscalización, el manejo de sus fondos y las donaciones nacionales o internacionales que reciban, esto, con el objeto de evitar a toda costa que la danza de millones, se utilice para crear o fomentar actividades terroristas, en contra de la seguridad nacional o de la propiedad privada.

Reformar las normas procesales penales y adecuarlas a las garantías constitucionales, a efecto de impedir la reclusión preventiva de una persona por más de un año, así como regular la responsabilidad penal de los fiscales y jueces que soliciten y ordenen medidas de coerción sin sustento legal, basadas en recortes de prensa, por presunciones o por declaraciones de colaboradores falaces, así como, la que provenga de aquellos casos donde se declare el sobreseimiento, la clausura provisional del proceso o la falta de mérito.

La abrogación de la ley por virtud de la cual se aprobó el establecimiento de la extinta CICIG en el país, en congruencia con el acuerdo gubernativo emitido por el Presidente de la República, así como, de la ley de extinción de dominio por contravenir los principios de legalidad, inocencia, debido proceso y sentencia ejecutoriada.

Reformar la ley de femicidio, para evitar que sea utilizada como herramienta de extorción o canje, así como la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para asegurar que los métodos especiales de investigación y principalmente la figura del colaborador eficaz, se adecúen a las garantías procesales inherentes a todo sindicado, y tipificar en la misma como estructuras criminales organizadas a todo fenómeno criminal que tenga por objeto despojar o perturbar la legitima propiedad o posesión de un bien inmueble o derecho real sobre el mismo.

La reforma de la Ley en Materia de Antejuicio, para evitar la intromisión ilegítima de la Corte Suprema de Justicia, en aquellos antejuicios de competencia exclusiva del Congreso de la República. Las reformas a la Ley de Armas y Municiones, para dejar sin efecto las prohibiciones ridículas de esta ley, en cuanto al número de armas, municiones y calibres que pueden adquirir los particulares.

La continuidad del proceso de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por el auto amparo que se recetaron, así como la persecución penal en su contra, por limitar el ejercicio de las facultades constitucionales de este organismo del Estado, tales como la de legislar, crear comisiones de fiscalización, y principalmente por prorrogar el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.  

Concretar la inmediata destitución del Procurador de los Derechos Humanos, trabajo que deberán hacer de forma legítima y solemne, sin escándalos, manipulaciones o actos antiéticos, siguiendo el proceso regulado en la Constitución y la ley de la materia, ante la diversidad de causales que existen para ello.

Citar al Procurador General de la Nación, para indagar el motivo por el cual ha dejado de actuar ante los graves hechos delictivos cometidos por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos, y obligarlo a asumir las acciones jurídicas pertinentes o en su caso denunciarlo y solicitar al Presidente de la República, su inmediata destitución por incompetente.

Pues, en caso contrario, es decir de continuar omisos o prestándose a escándalos mediáticos, que solo fortalecen a los enemigos de la libertad, serán los únicos responsables de la grave crisis política, jurídica y social en que se sumirá al país.

“En las horas de peligro es cuando la patria conoce el quilate de sus hijos”. Cicerón.

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