Carta abierta al juez Fredy Raúl Orellana Letona

Kidon

El juez séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente Fredy Raúl Orellana Letona, tiene en sus manos la resolución de un proceso penal de especial trascendencia para el país, pues, de su actuación dependerá en gran parte la conducta oficial que empleados y funcionarios públicos relacionados con el sector justicia, llevaran a cabo para diligenciar sus casos.

Esto obedece a que hoy, a las catorce horas este juzgador emitirá su veredicto con relación a si el agente fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, debe o no ser investigado por haber abusado de su cargo, al participar en una violenta manifestación llevada a cabo el día catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, donde exigió deponer al presidente de la República, por un supuesto caso de financiamiento electoral ilícito que el propio manifestante investigaba.

Lo sorprendente de todo es, que fue la propia fiscalía de asuntos internos, es decir la encargada de investigar los hechos delictivos cometidos por el personal del Ministerio Público, quien a través de la fiscal Blanca Celeste Ovando Estrada, solicitó desestimar la denuncia basándose en que el jefe de la FECI, tiene derecho a manifestar públicamente su inconformidad en contra de un funcionario público.

Esto no es verídico, pues, tal y como lo indiqué en mi columna de la semana pasada, una cosa es que un funcionario público manifieste una afinidad e inconformidad ante una causa determinada y otra muy distinta es, que exija derrocar a una autoridad legítimamente electa, y peor aún, si a esa autoridad la investigó e intentó procesar penalmente solicitado remover su derecho de antejuicio.

Es tan punible el hecho, como si el presidente de la República acudiera junto a su gabinete de seguridad, a rodear el palacio legislativo en busca de presionar a los diputados para declarar sin lugar un antejuicio promovido en su contra; llegara con pancarta en mano a exigir al Ministerio Público la destitución del fiscal Sandoval por investigarlo, o en su caso, ante el tribunal que juzgó a su hijo y hermano.

Por ello, la Fundación Contra el Terrorismo, presentó una oposición ante la desestimación solicitada por el ente investigador, con el único objeto de evitar que el caso quede impune y de esa forma se abra una posibilidad ilegal, que permita en el futuro que funcionarios del Ministerio Público litiguen sus casos a través de manifestaciones violentas.

Si el juez es legalista y respetuoso de la Constitución, no tiene otro camino más que ordenar la continuidad de la investigación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, pero no a través de la fiscalía de asuntos internos, sino que, a través de un fiscal especial, que no tenga temor ni esté sometido a presiones nacionales o extranjeras para llevar a cabo una investigación objetiva e imparcial, pues, en caso contrario, es decir que el juez Orellana, resuelva desestimar la denuncia promovida, será solidariamente responsable de denegación de justicia y pasará a formar parte de la lista de los jueces de la impunidad, con las consecuencias que ello conlleva.

Estoy seguro que más temprano que tarde, Juan Francisco Sandoval Alfaro, terminará sus días en prisión, solo, sin el apoyo de quienes un día avalaron sus ilegalidades desde la ex CICIG y el MP.

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