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Autonomía Universitaria

Antropos

Hoy día, desde la concepción de la autonomía universitaria, ha llegado el momento de considerar en serio, el  papel de la universidad como actor relevante de los procesos sociales y políticos. Hace algunas décadas, ésta significó romper las amarras con gobiernos autoritarios de corte dictatorial. Ahora, todo ese pasado reciente, debe interpretarse en el contexto de una sociedad que demanda innovación y profesionales con perfiles adecuados a las circunstancias de un siglo en el cual se han modificado múltiples maneras de hacer y quehacer.

La universidad tiene la potestad de decidir independientemente de imposiciones político-partidarias externas a fin de que no invaliden sus responsabilidades éticas y morales. Los principios que rigen la autonomía se comprenden en el marco de una Universidad que se orienta desde un pensamiento crítico acorde a las aspiraciones de los jóvenes, de la sociedad y el Estado.

En términos generales, señalamos que el principio de la autonomía no puede estar expuesta a la cooptación política y de intereses económicos, sino a promover la vinculación para que el papel de la Universidad se fortalezca y obtenga, legitimidad social. En otras palabras, la autonomía Universitaria, corre riesgos si la Universidad se aísla detrás de un modelo que se encasilla en sí misma, como una torre de marfil. Desde este punto de vista, ésta, ciertamente significa gobernarse autónomamente, o sea, elegir democráticamente a las autoridades, administrar con transparencia y bajo el principio de criterios independientes del presupuesto asignado, nombrar al cuerpo académico con normas propias, el respeto irrestricto a la existencia y debate académico de diferentes corrientes políticas, filosóficas, ideológicas, teóricas y metodológicas en la vida cotidiana de la institución, que se materializa en el libre juego de ideas, pero sobre todo, a la Universidad le corresponde una tarea como es, el fortalecimiento de la autonomía académica que solo tenga como único obstáculo para el desarrollo de sus actividades, sus propias limitaciones. O sea, que el desafío para la organización universitaria consiste en reorganizar el trabajo de la gestión del conocimiento volviéndolo más flexible y más eficiente de modo que el saber burocrático sirva a la autonomía académica y no al revés como lamentablemente acontece.

Obviamente, existe una tendencia en el tema de la “rendición de cuentas”, que se está convirtiendo en una especie de camisa de fuerza que se orienta a limitar no solo la libertad académica, sino la autonomía universitaria. Y esto, porque los empleadores exigen que los nuevos profesionales se formen en marcos de niveles óptimos de rendimiento sin, disponer en la realidad de recursos adecuados para ello. Bajo esta línea de ideas, sin un presupuesto adecuado, se da una autonomía frágil y restringida, porque hay una tendencia malsana en el manejo discrecional del financiamiento respecto a la Universidad, en el sentido de querer condicionar políticamente lo que por deber constitucional le corresponde a nuestras instituciones públicas de educación superior. Efectivamente, la sociedad política espera que la Universidad participe aún más en atención a los problemas de la nación, pero al mismo tiempo, están menos dispuestos a brindar sostén financiero.

En este sentido, la universidad que se quiere es de calidad académica, que tenga mejores carreras en las que los jóvenes no se frustren ni se desilusionen y que sea una fuente de realización y superación personal. Una Universidad con una planta de docentes e investigadores de alto nivel académico, en el que se mejore la gestión del recurso humano con un sistema de evaluación continuo y permanente.

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