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Inconstitucionalidad de los juzgados de mayor riesgo

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RAUL FALLA

Kidon

La Constitución Política de la República establece, que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, y que a cada uno le asiste un debido proceso, llevado a cabo ante un juez natural, previamente establecido que respete sus garantías procesales, tales como el derecho a la libertad, la legítima defensa y la presunción de inocencia.

De esa misma forma, el bloque de leyes constitucionales, así como las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, garantizan la objetividad e imparcialidad de toda contienda judicial, con el único objeto de lograr la paz, la convivencia social y la certeza jurídica en beneficio de la población.

Sin embargo, esas garantías procesales se vieron afectadas con la creación de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, la cual sorprendentemente entró en vigor durante la administración presidencial de Álvaro Colom Caballeros, de Claudia Paz y Paz en el Ministerio Público y de César Barrientos Pellecer en Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, los enemigos de la libertad planearon llevar a cabo el juzgamiento de ciertas personas de interés, ante tribunales específicamente creados para su juzgamiento, para ello, otorgaron poder supremo a la Fiscal General, para que, sin mayor fundamento pudiera solicitar a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, la designación de un tribunal de fuero especial, para llevar a cabo el procedimiento respectivo en contra de un sujeto determinado, sin importar la jurisdicción territorial de la comisión del delito, la naturaleza del sujeto infractor, el delito cometido, sus agravantes o atenuantes, la fecha de su comisión, o la competencia por razón de la materia, principios procesales válidos para que una acción judicial sea válida.

Pues al final, la única misión de estos tribunales sería autorizar sin dilación alguna cualquier requerimiento que les fuera presentado por la FECI o la extinta CICIG, para así, decretar cuanta medida de coerción fuera necesaria, sin tomar en consideración si la investigación contaba con elementos fundantes, estaba o no terminada, era o no competencia de otro tribunal o de otra materia, si los hechos habían prescrito, eran simples faltas administrativas o basadas en recortes de prensa, pues a la postre, el propósito era recluir en un centro de detención penal, a cualquier enemigo político o ideológico.

De esa cuenta, los promotores de esta aberración fueron especialmente meticulosos para designar a los inquisidores que ocuparían estas nuevas judicaturas, desde donde se lanzarían los más perversos y maliciosos ataques, para ello, se valieron de verdaderos sicarios judiciales de la talla de Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Erika Lorena Aifán Dávila, Iris Jazmín Barrios Aguilar, Pablo Xitumul de Paz, Patricia Bustamante, María Castellanos, Irma Jeannette Valdéz Rodas, entre otros.

Del simple análisis que se haga de los juzgadores antes relacionados, se puede establecer que algunos de ellos, carecen de las facultades mentales como la juez Aifán, quien reprobó el examen psicológico de admisión al Organismo Judicial, otros, como Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, con familiares terroristas y mareros, y por ello, destilan odio hacia los integrantes del Ejército de Guatemala y las fuerzas de seguridad del Estado. Los plegados al sistema marxista llenos de resentimiento como Jazmín Barrios y Miguel Ángel Gálvez, quien además demostró un total desconocimiento de las instituciones jurídicas y en especial del derecho notarial y por ello, quedó excluido del proceso de selección de magistrados.

Su único merito es, tener fuertes vínculos con obscuros personaje como el excomisionado Iván Velásquez Gómez, la fugitiva de la justicia Thelma Esperanza Aldana Hernández, Delia Dávila, Ranulfo Rojas y María del Carmen Morales, actuales magistrados de la CSJ, así como con personeros de las fundaciones Myrna Mack, Pro Justicia, GAM, entre otras.

Juntos, casi lograron destruir el sistema de administración de justicia del país, pero olvidaron, que el poder es efímero y lo que mal inicia, mal termina y por ello hoy en día, sabiendo los crímenes cometidos, andan de país en país victimizándose, dando conferencias de prensa, solicitando medidas de seguridad y protección, denunciando falsas persecuciones en su contra, así como desprestigiando a este bello país y sus autoridades. Pero, por más que pataleen, no podrá evitar que todos los juicios amañados que tramitaron sean anulados y ellos procesados, encarcelados y expuestos a la vindicta pública, acusaciones que deberán enfrentar solos, ya sin aquel acompañamiento impune que por muchos años les proveyó el non grato.

Por último y en base a lo expuesto, se hace necesario que el Congreso de la República en uso de su atribución legal y en defensa de la institucionalidad, proceda a abrogar la ley que dio vida a estos tribunales, a efecto de que el juzgamiento de cualquier sindicado se lleve a cabo únicamente mediante jueces y tribunales comunes, ordinarios y previamente establecidos, donde prevalezca la correcta aplicación de justicia.  

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”. Montesquieu.

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