Los méritos hacen una burocracia efectiva
Barataria
Hace unos pocos días se volvió viral la noticia de que el señor Arturo Jutzuy Hernández, de nacionalidad guatemalteca se había negado a pagar una cuenta que ascendía a 1,500 euros o bien a Q. 11,217 quetzales al tipo de cambio, en un club de entretenimiento para adultos en la Ciudad de Madrid, en España. Pese a la insistencia de los propietarios del lugar de que hiciera efectivo el pago de lo consumido, llegó incluso a intervenir la Policía de Madrid, sin embargo dicha persona al sugerírsele de que fuera a un cajero a retirar el dinero se comprobó que no contaba con tal cantidad en la cuenta. El incidente tal vez hubiere pasado desapercibido de no ser que el señor Jutzuy Hernández esgrimió en su defensa que no podía ser detenido ni debía pagar semejante cantidad de dinero “porque contaba con inmunidad diplomática”, resultado de que es, agregado comercial (o cultural como lo considera España) de la Embajada de Guatemala en España.
El incidente en si resulta por sí solo deleznable y vergonzoso proviniendo de una persona que labora en el servicio exterior de Guatemala y quien sabe cómo consume una cantidad exorbitante de dinero que casi representa un poco más de la cuarta parte de sus ingresos y consumiéndolos en una sola noche, en un club nocturno. Sin embargo el hecho de que alegara su “inmunidad diplomática” como una forma de evadir el pago es aún peor.
En Guatemala la designación de empleados y funcionarios públicos no se hace por méritos, es decir que no se atienden a los criterios de idoneidad, capacidad, honorabilidad, honestidad y ética para designar quienes serán los que ocupen los cargos en la función pública y por ello es que cada vez más vemos casos como el anterior. Los nombramientos “a dedo” sin siquiera considerar la capacidad de las personas de ejercer la función pública es lo que ha mermado la calidad del servicio público. Cada vez que toma posesión un nuevo Presidente de la República inicia un verdadero proceso de remoción de personal muchas veces con mayor calificación, por otros que no solo son neófitos en la función pública sino que además no llenan los perfiles adecuados para el desarrollo del cargo. En el caso del señor Jutzuy Hernández, en realidad no conozco sus credenciales pero da curiosidad que por un lado se diga que es agregado comercial y por otro lado se afirme que es agregado cultural, en realidad me gustaría saber cuál es el trabajo que ha desarrollado esa persona en Madrid, en favor del desarrollo de la relación comercial o cultural entre Guatemala y España, además de estar yendo a los clubes nocturnos que existen en España. Porque aún no queda claro como una persona como esta puede llegar a consumir 1,500 euros en un establecimiento de entretenimiento de adultos en una sola noche, cuando el mismo salario mínimo en España es de 950 euros, es decir que dicha persona casi se gastó el doble de un salario mínimo español. ¿Quién irá a pagar ese dinero? ¿o será que lo pondrá a cuenta de la Embajada de Guatemala en España como producto de un “estudio de la cultura de clubes nocturnos en Madrid?
Entre tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia investigación, cuando esta persona debería estar destituido desde que se supo la noticia, ya que incluso cometió un delito de defraudar en consumo al no pagar la cuenta y encima de ello alegar su “inmunidad diplomática”, para evadir la prisión.
Como lo indiqué anteriormente, necesitamos que desde el Presidente de la República se dé el ejemplo de no tolerar al mal trabajador, al mal funcionario y que además de ello para nombrar funcionarios públicos de cualquier rango los mismos deberán ser capaces, idóneos, honorables y éticos, porque de los mediocres, incapaces y deshonrosos ya estamos hartos, vemos muchos cada día ocupar funciones y que se denota a kilómetros que no saben ni de lo que están hablando pero que cuentan con un apoyo desmedido de quien les nombró y por ello incluso hasta pueden hacer toda clase de actos de corrupción, inmoralidad y estar impune todo el tiempo.
Hasta que no busquemos que los funcionarios y empleados públicos puedan acceder a los cargos en concursos de oposición sin que sean manipulados por otros, que los funcionarios y empleados públicos sean capaces y que su nombramiento no sea “a dedo” “por compadrazgo, amiguismo o familiaridad” siempre estaremos a merced de aquellos que ocupan una función pública sintiéndose todopoderosos, corruptos e inmorales y sin ética para desempeñar esta función. De allí que los funcionarios que tenemos (no todos por supuesto) son inclinados a los trances, los negocios turbios, la opacidad y en resumen la corrupción, se olvidan de que son funcionarios públicos y siempre piensan que llegan a esa función para “volverse ricos y nunca trabajar” o para “aprovecharse del cargo en todas las formas posibles porque pueda ser que luego ya no lo tendrán”. Así las cosas, no podemos esperar una buena cara para ninguna institución y mucho menos para el Presidente de la República y los Presidentes de los demás organismos del Estado.
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