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Los juristas

Teorema

Cuando pienso en los abogados que destacaron en la vida nacional hace más de 40 años, los nombres que llegan a mi recuerdo incluyen, entre otros, los de Adolfo Mijangos, Adolfo Molina Orantes, Adolfo González Rodas, Alfonso Bauer Páiz, Arturo Herbruger Asturias, Edgar Balcells Tojo, Edmundo Quiñónez Solórzano, Edmundo Vásquez Martínez, Eduardo Cáceres Lehnhoff, Emilio Arenales Catalán, Fernando Barillas, Gonzalo Menéndez de la Riva, Héctor Záchrison Descamps, Mario Aguirre Godoy, Mario García Laguardia, Roberto Serrano y Romeo Augusto de León.

La mayoría de ellos, más que abogados, eran juristas (personaque experimenta pasión por la Ley y la legislación, que investiga y estudia la jurisprudencia y cuyo conocimiento lo ha convertido en filósofo del Derecho). En su tiempo, ellos enfrentaron gran dificultad para forjar la institucionalidad y el Estado de Derecho que hoy tenemos. No se les puede culpar de la precariedad de la situación actual. Antes bien, habría que honrar su memoria por lo que lograron conseguir, ya que sin ellos nuestra sociedad sería aún más primitiva.

En esos años el presidente de la República mostraba abierto irrespeto a la Constitución, ignoraba disposiciones judiciales y daba órdenes a los más altos funcionarios del Poder Judicial como si se tratara de subordinados suyos. Por lo general ellos obedecían. Los citados, entre otros, constituyeron la excepción. El jurista Herbruger Asturias, por ejemplo, enfrentó la arbitrariedad del presidente Árbenz. Por ello fue destituido y denigrado. Hoy, sin embargo, el suyo constituye un ejemplo memorable, que los jueces y magistrados actuales no consiguen seguir.

La Constitución promulgada en 1985, estableció con claridad la separación de poderes, prohibiendo al presidente del Ejecutivo obstruir la justicia. Sin embargo, ese precepto no fue respetado. Cerezo, por ejemplo, impidió que Darío Acuña fuera procesado bajo cargos de asesinato. A principios de este siglo, cuando Ríos Montt presidía el Congreso y Portillo el Ejecutivo, el Organismo Judicial asumió plenamente sus funciones constitucionales. El Congreso se independizó del Ejecutivo, pero el Organismo Judicial siguió siendo dependiente entonces de los otros dos poderes. Aún más del Congreso, quien elige a sus autoridades y aprueba su presupuesto.

El empoderamiento del Organismo Judicial y entidades afines llegó en el segundo decenio de este siglo. Empero, lo hizo actuando muchas veces fuera de la Constitución y otras retorciéndola hasta sus mismos límites. Entre malas prácticas, ardides y embustes la Corte Suprema de Justicia –CSJ—, la Corte de Constitucionalidad –CC—, la Corte de Apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral –TSE— el Ministerio Público –MP—, la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH—, y otras entidades de menor rango se impusieron ante el Legislativo y el Ejecutivo. Al hacerlo causaron la crisis institucional que hoy vivimos, ocasionando menoscabo e incompetencia al Estado de Guatemala, haciéndolo lucir incapaz. Afortunadamente hay excepciones en todas y cada una de esas instituciones. Pero esas pocas personas, no han conseguido enderezar el rumbo al descalabro implantado por sus colegas.

Fue la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG— quien introdujo la guerra jurídica (Lawfare) en nuestro país. Algunos jueces y magistrados aceptaron de buen grado las prácticas indignas de CICIG, convirtiéndose en cómplices suyos. Otros fueron obligados a cooperar mediante coacción. Una “lista negra” integrada por jueces acusados perversamente de corruptos –algunos lo eran— fue creada por esa dependencia de la ONU. Quienes rehusaban aceptar los “procedimientos” de CICIG eran amenazados con pasar a formar parte de ese listado.

Muy pocos se atrevieron a denunciar públicamente lo que sucedía. Así, el sistema de Justicia empezó a utilizar, de manera abusiva, procedimientos ilegítimos e injustos a los que se daba apariencia de legalidad. Aparecieron los testigos protegidos y con ellos nuevas formas de corromper la justicia. Esto fue evidente en el caso de los hermanos Valdez Páiz o el de Carlos Vielmann (en ambos hay grabaciones que incriminan tanto a la CICIG como al MP). El listado de casos es abundante porque muchas personas (a veces delincuentes e incluso convictos), se muestran dispuestos a declarar lo que sea con tal de ser enviados a Canadá con gastos pagados y un puesto de trabajo seguro. Tal fue el caso del francés Philippe Biret quien cumplía sentencia por haber asesinado a dos ancianos.

Otra práctica indigna que la CICIG introdujo en el sistema jurídico guatemalteco fue la “conferencia de prensa”, con la que desacreditaban totalmente al acusado. Bajo apariencia de legalidad, se promovía repudio popular contra quienes eran objeto de persecución judicial. Después, en connivencia con los jueces cooptados, los acusados eran encarcelados “preventivamente”, muchas veces de manera arbitraria e injusta. El de Max Quirin es un caso emblemático.

En la conferencia presentaban los cargos y exponían supuestas “pruebas” dentro de una argumentación muchas veces falaz. Era un juicio público, a semejanza de los de hace más de dos milenios en el Tribunal del Areópago. La CICIG, mañosamente hacía participar a la prensa, que acudía ansiosa para cubrir una noticia sin meditar sobre el carácter ético de tal acto. El acusado no tenía oportunidad de defenderse ¿Cómo podía hacerlo cuando ni siquiera estaba presente? Cuando el caso llegaba a tribunales, el público ya había emitido una sentencia condenatoria que habría de causar intensa presión sobre los pocos jueces no cooptados por CICIG.

El acusado era enviado a prisión preventiva, donde permanecía recluido, algunas veces durante períodos mayores que la sentencia más alta aplicable. Juan Chiroy y los ocho soldados bajo su mando, por ejemplo, estuvieron en prisión preventiva durante ¡78! meses. A partir de marzo pasado fueron “beneficiados” con arresto domiciliario, condición que se mantiene a la fecha. Aun hoy, el MP ha sido incapaz de aportar pruebas contundentes de culpabilidad.

La protesta pública por esta y muchas otras arbitrariedades cometidas durante la infame guerra jurídica, al principio quedó reducida a uno que otro periodista de opinión. Sus voces no fueron escuchadas. La parte más vociferante de la población que apoyaba a CICIG, respondió con ofensas personales. Les llamó corruptos y recibieron el repudio de un segmento de la población que, en su mayoría, parecía estar convencido de actuar correctamente.

Afortunadamente algo sucedió…

Un grupo de abogados, que incluye a juristas, herederos de la tradición que dejaron aquellos que construyeron los cimientos de la institucionalidad y del Estado de Derecho, fueron a los medios y denunciaron lo que estaba sucediendo. No tuvieron que ponerse de acuerdo, a la demagogia emanada de la CICIG debía oponerse la razón, el conocimiento, la experiencia y principalmente, el discernimiento jurídico que ellos poseen. Fueron generosos al sacrificar su tiempo de ocio, quitándolo a su esposa y a sus hijos. Quedaron expuestos a la injuria, la afrenta y el oprobio los call centers financiados por la ONU y por el señor Soros, pero eso no los arrugó.

Los juristas asistieron a la radio y a la televisión, cuanta vez fueron invitados a llegar. Con la paciencia de un buen profesor explicaron al público interesado en entender, a nosotros los legos, en términos lo más simple posible, lo que estaba sucediendo. Aprendimos de ellos y nos enriquecieron. Algunos colegas suyos, abogados sin mayor conocimiento en esos temas, también debieron aprender de sus enseñanzas.

¿Como dejar de reconocer que durante estos últimos dos años presenciamos el mayor intento, para establecer el Estado de Derecho que proclamó la Constitución hace 35 años? ¿Cómo no agradecer a los modernos juristas Alfredo García Siekavizza, Carlos Molina Mencos, Conrado Reyes, José Luis González Dubón, Karen Fischer, Luis Fernández Molina, Mario Fuentes Destarac, Roberto Ardón, Roberto Molina Barreto, Omar Barrios y Stuardo Ralón el esfuerzo realizado?

¿Cómo no destacar la participación de los también abogados Carlos Enrique Cruz, Carlos Besares, Edgar Ortiz, José Eduardo Valdizán, Giovanni Fratti, Javier Monterroso, Julio Rivera Clavería, Paul Boteo, Rodolfo Pérez Trabanino, y otros como ellos en ese empeño?

Muchas gracias a todos ellos por habernos explicado, los laberintos adonde nos condujeron las instituciones a cargo de administrar y aplicar la justicia y las leyes en nuestro país. Gracias por indicarnos la ruta de salida de tales enredos.

Hoy, tenemos frente a nosotros la renovación de los abogados que conforman la CSJ, la CC, el TSE, el MP, la PDH y la Corte de Apelaciones. Es una gran oportunidad de ver hacia adelante, hacia un futuro mejor. Las Comisiones de Postulación deben identificar a los juristas que pudiera haber entre quienes se postulen. Ideal que quienes nos instruyeron, quienes ganaron nuestra confianza, se postularan y que los comisionados los eligieran. Mejor aún si los ciudadanos pudiéramos elegirlos a dedo.

Porque uno se pregunta por qué los mejores no son quienes están al servicio de la Justicia dentro de las instituciones a cargo de administrarla. Por qué, quienes se postulan para esos importantísimos cargos suelen ser desconocidos por el público que de una manera u otra ellos van a atender. ¿Porqué, en el Organismo Judicial y sus instituciones, tenemos tal mediocridad, tan petulante ignorancia, tanta búsqueda de dinero fácil? ¿Por qué las Comisiones de Postulación, donde concurren representantes de la academia, del Organismo Judicial, del gremio de abogados y de otras entidades e instituciones, han fracasado consistentemente durante tantas ocasiones al seleccionar a los abogados que integran ese organismo? ¿Cómo es que no hay juristas entre ellos?

TEXTO PARA COLUMNISTA

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