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Desafíos ambientales para el nuevo gobierno 2

Lugar Hermenéutico

Como se recordará la semana anterior inicie la primera de tres entregas relacionadas a los principales desafíos en materia ambiental que considero se enfrenta el nuevo gobierno de Guatemala, en esa oportunidad profundice sobre la importancia de la coordinación interinstitucional y ejercicio de la rectoría del Ministerio de Ambiente, así como la importancia de la formación y educación ambiental con base a la bioética.

En esta oportunidad profundizo sobre la importancia del apoyo y fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas protegidas SIGAP.  Éste es el sistema de áreas protegidas de Guatemala y las entidades que las administran.  Fue establecido para lograr los objetivos de conservación rehabilitación y protección de la diversidad biológica y los recursos naturales del país.  El SIGAP fue creado dentro de la ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 del Congreso de la Republica y su máximo órgano de administración es el Consejo Nacional de Áreas protegidas CONAP, quien cataloga las áreas protegidas en reservas biológicas, parques nacionales, biotopos, áreas de uso múltiple, reservas de la biosfera, manantiales, forestales, refugios de vida silvestre, monumentos culturales, monumentos naturales, parques regionales, parques históricos, áreas recreativas, naturales y las reservas naturales privadas.  Aproximadamente el 31.05% del territorio nacional se encuentra bajo el régimen de área protegida con un total de 309 áreas protegidas nacionales, municipales y privadas, que ocupan un total de 3,482,765.71 Hectáreas entre marítimas y terrestres.

Los territorios del SIGAP han sido constantemente invadidos por múltiples causas, pero gran parte de estas invasiones ha sido por la necesidad de emigrar de miles de familias en busca de opciones de sobrevivencias, situación creciente dado los fenómenos naturales extremos relacionados con el cambio climático que incrementa la migración poblacional en busca de recursos naturales como mecanismo de subsistencia.  De ahí que, en tanto no se ofrezcan mejores alternativas a la población, de su propio seno brotarán migrantes que avanzarán sobre las áreas protegidas, invadiendo ilegalmente, denominación con que se califica la llegada de quien arriba a un territorio del SIGAP después de que se declarara como tal.  Cabe la inquietud si esta ley de Áreas Protegidas está sobre el derecho a la vida de las personas, por ello la mejor estrategia para la protección del medio ambiente, es la reducción de las condiciones de pobreza en el país.

Es importante remarcar que, en sus actuales condiciones, el Estado de Guatemala no está en capacidad financiera, técnica y humana para afrontar el desafío de preservación del Sistema Guatemalteco de Áreas protegidas. Por ello debe reenfocarse la actual posición de conservacionismo per se, hacia una etapa superior que avance hacia la auto sostenibilidad del SIGAP mediante la articulación de procesos económicos, sociales y ambientales que sea conveniente realizar, tal es el caso de las reservas forestales comunitarias en el departamento de PETEN.

Deben establecerse alianzas público-privadas tendientes a los objetivos del SIGAP estableciendo convenios, contratos y planes de entendimiento para que de las mismas actividades económicas productivas que se realicen se coadyuve al desarrollo sostenible del área, durante y posteriormente al cierre del proceso productivo, previa aprobación del instrumento ambiental que ampare la mitigación de los impactos ambientales de dichas actividades.

Es urgente que el gobierno de la Republica implemente un plan de desarrollo rural integral, cuyo objeto sea la incorporación de las masas marginadas a un proceso sistemático de desarrollo humano y transgeneracional, lo cual proveería oportunidades a quienes habitan en el área rural, para que mejoren, incrementen y diversifiquen su productividad individual y la productividad de su comunidad; para que, como consecuencia, se instalen en su lugar productivo; para que satisfagan no solo sus necesidades básicas, sino para que sienten las bases para su ascenso socio económico y su realización personal en su lugar de origen, coadyuvando con ello al progreso nacional.

Subrayamos de nuevo en esta parte, que la mejor estrategia para la protección del sistema guatemalteco de áreas protegidas y por consiguiente del medio ambiente, es la reducción de las condiciones de pobreza y pobreza extrema de los guatemaltecos.

Promover el uso integral y el manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos.

En la actualidad se carece de una ley de aguas que regule el uso doméstico, energético, agrícola e industrial del recurso hídrico y que optimice el aprovechamiento de las tres vertientes acuíferas del país. Una de las características de Guatemala es su abundancia de recursos hídricos, al ser bañado por 38 cuencas hidrográficas, que conforman una red de 27,000 km. lineales, con un volumen de correntía total de 93,390 millones de m3 anuales[1]. Suficiente caudal para satisfacer todas las necesidades de agua para el consumo doméstico, para la agricultura, para producir energía y para el desarrollo agroindustrial. Sin embargo, solo el diez por ciento es aprovechado en todos los sentidos. El resto fluye hacia los países vecinos y hacia ambos mares.

En tal sentido  como el uso del agua es arbitrario y anárquico, el país sufre de stress hídrico absurdo e invertido y en todos los órdenes, porque agua sobra pero no existe una gestión integral del recurso.  Por décadas el país ha estado inmerso en el debate sobre la importante necesidad de regular el uso del recurso hídrico.  Pero los intereses creados bloquean la implementación de una ley de aguas y en el Congreso de la República y en las municipalidades se carece de voluntad política para establecer normativas ad hoc.

El recurso hídrico en Guatemala, ha sido un recurso del cual, algunos han abusado y por otra parte también ha estado sub-utilizado, pues mientras la industria de alimentos y bebidas crece de la mano del caos hídrico, este recurso no ha logrado llegar a miles de familias en el país para su consumo.  Si a lo anterior agregamos, que  la esquilmación del sistema de cuencas de todo el territorio nacional se han venido deforestando y contaminando es urgente la implementación de un sistema nacional para la gestión integrada de las cuencas en Guatemala, donde se promueva  la descentralización de la gestión de las cuencas hidrográficas  por medio de un sistema participativo.  Este sistema debe articular la institucionalidad pública partiendo desde el nivel nacional, regional, departamental y municipal, a su vez debe promover la coordinación de acciones intersectoriales para responsabilizar y potenciar la gestión y administración de los bienes y servicios naturales que la cuenca provee.

En función de lo anterior, el rescate de los cuerpos de agua del país debe tratarse como tema de interés nacional en la agenda de gobierno, programática y presupuestariamente, así mismo que se impulse el desarrollo de normativa y regulación que permitan la implementación del sistema de manejo integrado de cuencas por medio de comités de cuencas, subcuenca y microcuenca en todo el país. De lo anterior ya existen diversas experiencias exitosas en nuestro país como lo constituyen la conformación para el Manejo Sostenible de la Subcuenca del río Cahabón, en el cual convergen 11 autoridades municipales, las delegaciones departamentales del sector público, representantes del sector ambiental, empresarial, académico, y los representantes de los pueblos mayas que viven en los alrededores.  Toda cuenca, subcuenca y microcuenca debe contar con su respectivo comité para el manejo integral del recurso hídrico.

Deben establecerse programas de tratamiento de aguas residuales e industriales con el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la reducción de las descargas y al reúso de estas.  Así mismo el desarrollo de programas de monitoreo, control y vigilancia que eviten la disposición de residuos en la cuenca sean solidos o líquidos por parte de sectores industriales, a su vez que se fomente la reducción gradual del uso de plaguicidas, fungicidas, y pesticidas nocivos para la salud humana y el ambiente, que por fenómenos de erosión de suelos terminan en las microcuencas por ende contaminándolas.

Atención del Corredor Seco

Hasta hace algunos años, el corredor seco en Guatemala era considerado un ecosistema caracterizado por su aridez, clima cálido y poca precipitación pluvial, pese a estar bordeado por montañas de alta producción acuífera como la Sierra de Chuacús, la Sierra de las Minas, la Sierra del Merendón y las montañas altas de Jalapa, por lo cual por sus suelos corre recurso hídrico todo el año.  Sin embargo la falta de una gestión integral de este recurso sea para el aprovechamiento como fuente de energía hidráulica, para uso doméstico, para riego agrícola o para el fomento agroindustrial, ha imposibilitado el desarrollo de esta zona.

La falta de una respuesta de Estado a esta problemática ha causado que lo considerado en principio como parte del paisaje del territorio nacional y que abarcaba los departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, con los años se esté ampliando por causa del avance de la frontera agrícola y ganadera, la tala inmoderada de árboles e incendios forestales.  Ello ha provocado que este fenómeno se haya extendido a otras regiones del país que eran consideradas tradicionalmente boscosas como los departamentos de Peten, Quiche, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, Retalhuleu, Santa Rosa, Escuintla, y se prospecta que a este ritmo, en menos de diez años, supere los 49,430 km2, o sea más del 45% del territorio nacional.

El corredor seco debe dejar de verse como la posibilidad de implementar estados de calamidad en el país, este debe abordarse como una política de Estado que impulse un ordenamiento territorial que defina el proceso económico productivo en función de las vocaciones de la variedad climatológica, de la diversidad de suelos, y de la riqueza del subsuelo.  Deben implementarse de manera urgente programas de reforestación y manejo de la frontera Agrícola y Ganadera, contemplados en mecanismos de incentivos que le permitan a la población ser objeto de beneficios económicos por la conservación, preservación o restauración de bosque.


14 Perfil Ambiental de Guatemala, 2006. p.113

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