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Pandillas: Análisis crítico

Divi Filius

Desde hace más de un década el tema de las pandillas secuestró la agenda de discusión política en Guatemala.  Y vaya si no.  Pandilleros registrados se estima su existencia entre diez mil, lo cual hace aterrador pensar en el número real de miembros de pandillas en Guatemala .  Sumado a lo que podría estimarse en El Salvador y Honduras, el tema de las pandillas mete al Triángulo Norte en una realidad regional que pocos países están en capacidad de afrontar.

Esto hace precisamente que el tema tienda a despertar las pasiones ideológicas y por lo tanto las soluciones del debate se encuentran en los extremos: entre la posición que rebasada la racionalidad de una tolerancia cero a las posiciones ingenuas que suponen la total reinserción del pandillero.

La tres propuestas anunciadas por la administración Giammattei con respecto al tema pandillas implican consecuencias graves para toda democracia moderna, y además implican controles y regulaciones propias del ´primer mundo´ que no existen en Guatemala.  Al margen de su viabilidad política ya que el partido oficial carece de fuerza parlamentaria, podrían parecer propuestas propias de un populismo de derechas.  Pero no por ello es menos importante desglosarlas.

Tipificar cómo terrorismo el acto de crear disturbios en el espacio público es un ejercicio jurídico demasiado amplio y pone demasiada discrecionalidad en lo que constituye disturbios en el espacio público:  Desde daños a la propiedad producto de una marcha anarquista hasta celebraciones callejeras por un partido de futbol podrían entrar en esta tipificación.  Caso distinto sería, si la reforma al código penal estipulara tipificar determinados acciones de las pandillas  cómo actos terroristas: lanzar granadas a un parque, bombas en buses, bombas en edificios públicos, conspirar para un homicidio masivo son ejemplos concretos de dinámicas pandilleras que si, en efecto, crean terror en el espacio público y están directamente dirigidas a bienes públicos o el espacio público.  En ellas, el Estado puede utilizar toda la fuerza legítima.  Si la propuesta del Ejecutivo no toma mayor especificidad, parecerá simplemente el juego de un populismo de derecha.

La segunda cuestión en relación al uso de las armas de fuego y la justificación ´por necesidad´ como elemento de modificación penal.  Si la misma se dirige a facilitar el accionar de la policía tiene mucho sentido pues empodera a las fuerzas de seguridad.  Si la misma se refiere al ciudadano común y corriente, plantea un problema grave.  Un país que ha tenido dificultad para regular el uso universal de seguros o ´meter en cintura a los autobuseros´ no se puede dar el lujo de facilitar el uso de las armas de fuego.  Por las características propia de la cultura guatemalteca.  En el más benevolente de de los casos, con esta propuesta, un ciudadano paranoíco sin necesaria mala fe, podrá matar al mensajero en moto que se le ponga al lado en el carro sin más motivo que sospecha y alegar defensa propia.  En un caso más malicioso, un enamorado obsesionado podrá matar al esposo de la mujer que codicia y acusarlo de marero o de narco o de terrorista o, vaya, decir que fue en defensa propia.  Y cuantas cosas más no pueden pensarse en una sociedad donde matar es la forma más fácil de resolver los problemas interpersonales.

No se puede politizar el tema de las pandillas, particularmente porque el mismo requiere soluciones al cortísimo plazo.

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David Martínez-Amador

Becario Fulbright del Departamento de Estado Norteamericano. Politólogo, UMASS-Amherst. Investigador Social en las áreas de Consolidación Democrática, Crimen Organizado Transnacional, e impacto del crimen transnacional en la gobernabilidad democrática. Miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Paz y la Democracia ÍNSUMIISOS´ con sede en Ciudad de México. Profesor universitario y consultor. Ha trabajado en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá.