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El fantasma de Juan Francisco Sandoval Alfaro

RAUL FALLA

Kidon

De acuerdo con la Ley de Compras y Contrataciones que rige en el país, toda prestación de servicios u obra pública debe ser previamente calificada y ofertada por una comisión que, cumpliendo las especificaciones requeridas, logre adjudicar el proyecto a la entidad que mejor se adapte a los requerimientos y precio ofertado.

Una de las obras que se adjudicó mediante este procedimiento, es el tramo de ciento cuarenta kilómetros que de Cocales, conduce a ciudad Tecún Umán, frontera con México, por un valor de trescientos ochenta y cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América, a la entidad Odebrecht, Sociedad Anónima.

Meses después, el gobierno de los Estados Unidos de América reveló que el gigante brasileño, estaba involucrado en diversos actos de corrupción en más de doce países latinoamericanos, incluyendo a Guatemala.  De inmediato, se inició por parte de la FECI la investigación, seguida de sus acostumbradas conferencias de prensa, allanamientos y algunas capturas de funcionarios, empresarios y profesionales del derecho, sindicados de haber participado en diversos actos de lavado de dinero.

Los ciudadanos a la expectativa del avance de la investigación, pero más, a la espera de que la entidad sindicada reintegrara el dinero invertido producto de nuestros impuestos, más los intereses, daños y perjuicios, o en su caso, la ejecución de la fianza de cumplimiento por parte de la PGN, para así garantizar el patrimonio del Estado, necesario para completar la obra abandonada en el cuarenta por ciento de su ejecución.

Lastimosamente, las autoridades del Ministerio Público más preocupadas por solventar la situación jurídica de los extranjeros sindicados, que por rehabilitar la carretera en beneficio de la población, designaron sin fundamentación legal alguna, al jefe de la fiscalía especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval Alfaro y a la fiscal Brenda Eva Siomara Sosa Pérez, para que juntos viajaran a Sao Pablo Brasil, con el objeto ilegal de supuestamente ahondar en la investigaciones relacionadas con la estafa al erario público.

Ya en Brasil, los fiscales designados incapaces de realizar cualquier diligencia oficial y más de investigación por la naturaleza territorial el derecho penal, decidieron por sus pistolas como simples turistas, aplicar los efectos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y de esa forma celebrar tres acuerdos de colaborador eficaz en favor de los brasileños Marcos Cerqueria Lima Machado, Luiz Antonio Mámeri, y Eduardo Oliveira Gedeon, para que a cambio de información sin verificación, fueran beneficiados con la aplicación de un criterio de oportunidad, así como el pago de una multa de quinientos mil quetzales y el resarcimiento al Estado por tan solo dieciocho millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Al conocer la noticia del acuerdo suscrito, rápidamente la Fundación Contra el Terrorismo presentó la denuncia en el Ministerio Público, argumentando la invalidez del mismo, así como el grave daño patrimonial que originaba al Estado, tomando en consideración que el acuerdo había sido suscrito por una persona que en Brasil, no era más que un simple extranjero, en quien no se había delegado la representación del Estado de manera oficial, así como que la suscripción del mismo, anulaba la ejecución de la fianza de cumplimiento, al no haberse notificado el supuesto acuerdo a la PGN, en su calidad de representante legal del Estado y a la afianzadora como ente obligado.

Sumado a ello, la irresponsabilidad, ignorancia y soberbia que caracterizan a este nefasto fiscal, le impidieron percatarse que, dentro de la documentación secuestrada por su fiscalía, se encontraba la póliza de la fianza de cumplimiento de la obra, la cual como depositario lo obligaba a notificar a la PGN, para que esta iniciara la acción ejecutiva de cobro, lo cual, no fue posible debido a que la misma prescribió al no haberse presentado el reclamo en el tiempo establecido en la ley, lo que originó que el daño al peculio del Estado ascendiera a más de trescientos ochenta y cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América, más intereses, daños y perjuicios.

No obstante, la fiscal de asuntos internos Brenda Felicita de los Ángeles Rodríguez, luego de más de un año de investigación, decidió desestimar el caso en beneficio del fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro y en perjuicio del interés de cientos de guatemaltecos, cuyos impuestos fueron prácticamente tirados a la basura por la negligencia del sindicado. Debido a esa actuación ilegal, la fiscal también deberá enfrentar a la justicia por pretender dejar impune un grave crimen.

Por supuesto que la FCT presentó una oposición a la desestimación, la cual se discutirá el día de mañana y de la cual no me cabe la menor duda de que el juez de la causa, por justicia y con el objeto de tutelar el peculio del Estado, resolverá con lugar y ordenará continuar la investigación en contra de este sinvergüenza.

Ratificamos, que nadie es superior a la ley y que este fiscal junto a otros que tergiversaron el Estado de derecho, como Thelma Aldana, deberán enfrentar los cargos por sus delitos solos, sin el acompañamiento impune que el non grato les proveyó por muchos años, quien, cómodamente desde algún país europeo los verá entrar a prisión sin poder hacer nada.

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