Centro de Gobierno: Idea nueva, historia vieja

Divi Filius

La existencia de mega – oficinas o super fiscalías especializadas en tareas designadas por el poder ejecutivo es una características muy particular de todo régimen presidencial.  Los órganos creados por el ejecutivo y que operan bajo el apellido ´presidencial´ son privilegiados a nivel de la administración pública:  No tienen problemas de presupuesto (por lo general) y cuentan con el apoyo directo e irrestricto del Presidente.  Porque precisamente el Presidente se juega su reputación al haber conformado dichas comisiones, fiscalías , centros etc.

En América Latina, uno de los primeros casos claros de comisiones de alto nivel que monitorean el accionar de la burocracia que depende directamente del ejecutivo tomó lugar en Brasil con la creación del Departamento Administrativo de Servicio Público (DASP) en 1938.  La idea era en esencia buscar un modelo profesionalizado y meritocrático que pudiera ser universal en toda la administración pública brasileña.  Y si no ´universal´, al menos en la burocracia que depende directamente del ejecutivo.  Con este mecanismo, el DASP,  América Latina introdujo por primera vez  el modelo weberiano de impersonalidad, meritocracia y profesionalización en el contexto público administrativo.  El modelo del DASP perduró hasta que el gobierno central comenzó a perder control sobre la estructura burocrática, pues la capacitación técnica comenzaba a rebasar los controles políticos.

Al inicio del siglo XXI, con la presidencia de Vicente Fox en México, se instituyeron toda una serie de programas de alto nivel, emanados directamente de la Presidencia.  Los programas buscan no solamente impulsar la meritocracia sino introducir el valor de la gestión efectiva.  Lo anterior precisamente requirió la creación de mecanismos de medición (indicadores) que permiten evaluar el desempeño.

Algo de todo lo anterior hay en la idea presentada por el presidente Giammattei con relación a la creación del Centro de Gobierno. No es una idea desquiciada, ni equivocada pero si una idea que se enfrenta a varias limitantes las cuales expongo a continuación.

Primero.  Ya hay mecanismos de verificación burocráticos y de gestión que emanan de la oficina de la Vicepresidencia de la República. Con la creación de este nuevo centro, o hay duplicidad de funciones o simplemente las mismas pasan de la Vicepresidencia a depender del Presidente directamente.  No es descabellado pensar que al mismo tiempo sea la misma Vicepresidencia la que aporte los insumos, mecanismos etc., para el funcionamiento de este proyecto.

Segundo.  Es difícil pensar que es posible hablar de gestión pública efectiva cuando en un país hay cuentas pendientes en materia de la clásica meritocracia.  Sin una Ley de Servicio Civil actualizada, no se puede pensar que este proyecto vaya funcionar por lo tanto lo primero que el Presidente podría hacer es impulsar la tan anhelada reforma a la Ley de Servicio Civil.

Tercero.  El riesgo de la politización.  El problema de fondo con las comisiones y oficinas especiales que emanan y dependen del Ejecutivo es que carecen de mecanismos de control para evitar que las metas políticas ´infecten el desempeñó´.  Por lo tanto, será vital conformar no sólo indicadores neutrales sino insumos técnico y humano que permita que la verificación de desempeño a nivel de los Ministerios se lleve a cabo de forma técnica.  Este Centro de Gobierno requiere tecnócratas, especialistas en administración pública y lo menos, políticos.

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David Martínez-Amador

Becario Fulbright del Departamento de Estado Norteamericano. Politólogo, UMASS-Amherst. Investigador Social en las áreas de Consolidación Democrática, Crimen Organizado Transnacional, e impacto del crimen transnacional en la gobernabilidad democrática. Miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Paz y la Democracia ÍNSUMIISOS´ con sede en Ciudad de México. Profesor universitario y consultor. Ha trabajado en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá.